16 Agosto 2022

Los detalles del proyecto de ley de acogimiento a la justicia para organizaciones criminales

Exvicefiscal Jorge Perdomo, senador Roy Barreras, senador Iván Cepeda y María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia.

Crédito: Yamith Mariño

La idea de que sea ‘acogimiento’ y no ‘sometimiento’ es poder discutir con los integrantes de las organizaciones los detalles de forma acerca de cómo sería su entrega a la justicia.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ya tiene el borrador del proyecto de ley de acogimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales como el Clan del Golfo. La idea de que sea acogimiento y no sometimiento es que exista un diálogo sobre las formas de entregarse a la justicia y que, a cambio de la entrega y de revelar información que ayude al desmantelamiento de estructuras criminales y de rutas de narcotráfico, reciban beneficios judiciales.

El equipo jurídico que ha trabajado en la construcción del proyecto de ley de acogimiento está conformado por María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de la Justicia Transicional (ICTJ); el exvicefiscal Jorge Perdomo y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda.


El proyecto plantea tres condiciones para que las organizaciones criminales se puedan postular a beneficios: que sea una estructura delictiva organizada, que tenga control territorial y que tenga capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la fuerza pública.  


Por el acogimiento a la justicia, podrán obtener penas alternativas de ocho años de privación efectiva de la libertad, como se hizo con los paramilitares en Justicia y Paz. Deben también entregar bienes, dejar el narcotráfico y entregar información sobre la participación de terceros y rutas. La investigación se centraría en los máximos responsables, mientras los miembros de la base que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos podrían obtener una renuncia a la acción penal por el delito de concierto para delinquir.


Según el senador Iván Cepeda, uno de los líderes de este proceso, los diálogos con las organizaciones criminales no implican una negociación, sino encontrar el camino para hacer viable ese procedimiento. Es decir, en esos diálogos se discutirían los tiempos y los detalles operativos y logísticos para llevar a cabo esta tarea, como se ha hecho en otras oportunidades; por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz, a la que se sometieron los paramilitares.