Los retos de la justicia para el próximo gobierno

La justicia atrae pocos reflectores en las campañas presidenciales, quizás porque la ciudadanía tiene mayor interés en otros asuntos como la salud, la seguridad y la economía. Todo lo relativo a la justicia resulta siendo un tema de nicho, que solo preocupa a abogados y funcionarios judiciales. Las últimas elecciones así lo demostraron. Las declaraciones públicas que suscitaron cuestionamientos entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández giraron alrededor de diferentes temáticas en las que nunca se asomó el sistema judicial. 

Pero esto no quiere decir que el próximo gobierno pueda darse el lujo de ser indiferente ante la necesidad de cambio en el poder judicial. La más reciente encuesta de Invamer que evaluó la favorabilidad de las instituciones del país, publicada el pasado febrero, no dejó bien parado al sistema judicial ni a dos de las altas cortes. La desfavorabilidad del sistema se ubicó en el 80 por ciento; la de la Corte Constitucional en 62 por ciento, y la de la Corte Suprema de Justicia en 72 por ciento (la más alta de su historia). El Consejo de Estado no fue incluido en la medición. A esto se suma la impunidad que para 2019, según registros de Transparencia Internacional y la Fiscalía General de la Nación, rondaba el 94 por ciento. Contra los números es imposible debatir y conviene, más bien, actuar. 

En las 54 páginas de su programa de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez incluyeron la palabra “justicia” en 33 ocasiones. Conceptos como justicia social, justicia tributaria, justicia restaurativa y justicia climática son recurrentes en los distintos capítulos del documento. Aunque no dedicaron una sección exclusivamente a plantear su propuesta para el sistema judicial —como sí lo hicieron otras campañas—, sus propuestas están esparcidas en diferentes puntos como la reforma a los órganos de control, la lucha contra los feminicidios y la violencia infantil, el fortalecimiento de la investigación y juzgamiento en la justicia penal militar, y facilitar el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Adicionalmente al programa de gobierno, Cambio tuvo acceso a un documento que ha venido trabajando el equipo de justicia de la campaña del presidente electo, en el que se establecen algunos ejes sobre los que girará una potencial reforma. En total son siete aspectos: lucha contra la impunidad, garantías para la independencia judicial, implementación del enfoque de género, priorizar el acceso a la justicia a nivel rural y local, promover la meritocracia para los cargos de la rama judicial y reestructurar tanto la política criminal de Estado como la política carcelaria. 

Pero todos los deseos de cambio con los que arriba el nuevo gobierno están temporalmente frenados por la Corte Constitucional, que actualmente estudia dos reformas ya aprobadas que involucran al poder judicial. Una fue presentada por la administración Duque; la otra, por la Procuraduría, y el pronunciamiento del alto tribunal podría modificar los planes de Petro y compañía.

“Hay que esperar a ver qué decisión toma la Corte y ver qué cosas quedan de esas reformas y cuáles no. No podemos ir a presentar una eventual reforma sin esperar a que los magistrados decidan. No sería ético ni respetuoso”, afirmó Martha Zamora, quien se desempeñó como secretaria general en el mandato de Petro en la Alcaldía de Bogotá y hoy hace parte del equipo de justicia de su campaña.

Pero sin menoscabar la importancia que tiene cada una de las propuestas, la enmienda a los órganos de control puede ser la más ambiciosa y necesaria de todas las formuladas por el Pacto Histórico hasta ahora. Su independencia es fundamental para el sistema de pesos y contrapesos que desarrolló la Constitución de 1991. El legado del saliente gobierno no es el mejor en este aspecto, ya que gozó de la complacencia de las tres ‘ías’. Todas fueron presididas por personas afines al presidente Iván Duque (Margarita Cabello en la Procuraduría, Francisco Barbosa en la Fiscalía y Felipe Córdoba en la Contraloría) y esto generó que cada una de sus decisiones, incluyendo aquellas que tenían fundamentos jurídicos de peso, se recibieran con desconfianza, como si fueran producto de algún cálculo político. La suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su participación en política, es el más claro ejemplo. Aunque Quintero sí violó la prohibición legal de inmiscuirse en las elecciones presidenciales, que la sanción viniera de la procuradora Cabello, quien carga con el historial de ser exministra de Justicia de Duque, causó la sensación de que hacía parte de una vendetta en su contra. 

Todos esos supuestos, que fácilmente podrían evitarse nombrando personas sin conexiones tan evidentes con el gobierno, son dañinos para la institucionalidad y merman la credibilidad de los organismos. Dependerá de Petro perpetuar o acabar con ese patrón.

Sin embargo, el abanico de dificultades de la justicia no comienza ni termina con lo planteado por el presidente electo en su programa de gobierno ni en el documento que trabaja su equipo. Hay problemáticas que vienen desde hace mucho tiempo y su origen es variado. En algunos casos se le puede atribuir a la formación que reciben los profesionales del derecho en sus facultades y a las propias normas en otras ocasiones. Cambio conversó con juristas de diferentes especialidades para saber cuáles son, en su criterio, los principales retos de la justicia y qué introducirían en una eventual reforma.

Esteban Hoyos, doctorado de la Universidad de Cornell y decano de la Escuela de Derecho de Eafit, reconoce que buena parte de los problemas que persisten hoy (mora judicial y desconfianza en el sistema) podrían solucionarse, en buena medida, si se corrigen aspectos básicos de la educación de los abogados. “Creo que hay un problema de formación de funcionarios judiciales y abogados. Hay proliferación de programas de derecho de no muy buena calidad. Y ese déficit en la formación se refleja en el trabajo de la administración de justicia y de quienes ejercen la profesión ante la misma. Hay debilidades en el planteamiento de los problemas jurídicos, en argumentación, ausencia de un lenguaje jurídico claro, problemas en el manejo de fuentes del derecho y de las técnicas de oralidad, y también problemas relacionados con la ética y la responsabilidad profesional en el ejercicio de la profesión. Todo eso termina por afectar el sistema judicial y su funcionamiento”, advirtió.

Por su parte, Alejandro Matta, exsecretario de Juventud de Medellín y abogado constitucionalista, destacó la obligación que tiene el gobierno de resolver la congestión judicial. A pesar de que el Código General del Proceso estipula que la sentencia de primera instancia de un proceso civil debe proferirse en un año o menos, la alta cantidad de casos que llegan a los juzgados obligan a que esta norma no se cumpla. Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, para 2019 había 1,8 millones de procesos represados en los despachos judiciales del país. 

“La extrema litigiosidad es un reto prioritario que se debe resolver propiciando acceso judicial efectivo y no creando barreras procesales. Aunque Colombia no está tan mal en comparación con la región, es decir, casi 11 jueces por 100.000 habitantes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sugiere que sean 65 jueces cada 100.000. En mi sentir, se debe descongestionar y regionalizar con más fuerza la oferta judicial”, señaló.

En el mismo sentido opinó Yesid Reyes, exministro de Justicia y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado: “Creo que los retos siguen siendo los mismos. Necesitamos una justicia que sea de fácil acceso para el ciudadano, con la que se pueda interactuar fácilmente, y que resuelva con prontitud los asuntos que llegan a su conocimiento. Eso se logra fortaleciendo la articulación de sistemas de solución alternativa de conflictos con mecanismos de justicia formal”.

Un tema que hasta el momento no se ha considerado es la incorporación de tecnología de datos para entender mejor cuáles son las necesidades del sistema judicial. Eso sugirió María Adelaida Ceballos, docente, investigadora y candidata a doctora la de Universidad de McGill: “Creo que antes de cualquier reforma, también faltan mejores diagnósticos. Mejores datos sobre la justicia. Por ejemplo, faltan mejores datos sobre diversidad sociodemográfica tanto de los usuarios como de los empleados y funcionarios judiciales”. 

Y Ramiro Bejarano, quizá uno de los abogados que más sabe de derecho procesal en el país, se enfocó en la elección de los magistrados de las altas corte y sus atribuciones. 

“Es necesario revisar lo relativo a los requisitos para los nombramientos de los magistrados de altas cortes; prohibir que un magistrado de alta corte aspire a ser magistrado en otra corte; la eliminación de las facultades en las cortes para nombrar fiscal, procurador y contralor; y cambios en el sistema de elección del fiscal, de manera que no elija la corte”, puntualizó.

Cada uno opinó desde su área de experticia y experiencias. Es muy posible que sus afanes no coincidan con los del gobierno entrante. En todo caso, sería ideal que algunos pocos sí sean objeto de estudio y análisis en la reforma que proponga el ministro de Justicia que designe Gustavo Petro. Puede que su esfuerzo sea finalmente el que consiga que los colombianos confíen en el sistema judicial y no uno más del montón que termine como las más de 20 reformas que se tramitaron en el Congreso en las últimas dos décadas.