22 Julio 2022

Los Uber Files, capítulo Colombia

En Colombia, la plataforma sigue operando sin medidas de regulación.

Crédito: Yamith Mariño

La filtración masiva de documentos y correos revelada por 'The Guardian' y el ICIJ dan cuenta de las prácticas cuestionables y el poderoso lobby desplegado por ejecutivos de la plataforma para operar en Europa, Medio Oriente y África. En Colombia hay quienes están convencidos de que en el país se utilizaron  las mismas prácticas y el exsenador Jorge Enrique Robledo solicitó a la Fiscalía abrir investigación en contra de 5 ministros de Transporte y 7 de las TIC.

Por: Iván Serrano

Son 124.000 archivos entre los que se encuentran chats, correos, memorandos, presentaciones y facturas que dan cuenta de la estrategia de Uber para convertirse en un gigante pasando por encima de las leyes laborales y de transporte en 40 países.

Los archivos fueron filtrados por Mark MacGann exejecutivo de la plataforma y abarca un rango de fechas entre 2013 y 2017. Líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia; Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, y Mauricio Macri, expresidente argentino, aparecen mencionados en la investigación. Macron como pieza clave en Francia para que Uber lograra sus objetivos y Biden quien elogió las prácticas laborales de la plataforma en el foro de Davos de 2016.

La investigación de The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela que muchas de las reuniones entre líderes y políticos con ejecutivos de Uber se realizaron de espaldas a la opinión pública.

De acuerdo con la revelación de The Guardian Uber dispuso de 90 millones de dólares para hacer lobby en el mundo solo en 2016.

Uber en Colombia

Uber llegó a Colombia en 2013, ocho años después ya había hecho 350 millones de recorridos en el país y trasladado a más de seis millones de usuarios.

A la fecha los medios también se habían ocupado de registrar los enfrentamientos entre taxistas y conductores de Uber, los cuales eran recurrentes en las principales ciudades del país.

Buena parte de los registros noticiosos daban cuenta de conductores de Uber perseguidos por taxistas armados con objetos contundentes. También casos de ciudadanos cuyos vehículos fueron atacados al ser confundidos con conductores de Uber.

Incluso en septiembre de 2018 el desaparecido actor Fabio Restrepo denunció que desconocidos balearon el carro de su hijo al confundirlo con un conductor de Uber. 

Noticias similares también se registraron en países como México y Argentina, en donde incluso se acuñó el término “caza uber” para denominar a un supuesto escuadrón de taxistas que perseguía y destrozaba vehículos afiliados a la plataforma.

 

Según la investigación de The Guardian, Uber alentó a sus conductores para que los casos de ataques en su contra fueran rápidamente difundidos, para así capitalizarlos y obtener solidaridad y respaldo de gobernantes. Así por lo menos fue detectado en España, Italia, Bélgica y Holanda.

En Colombia, alcaldes como Rodolfo Hernández declararon su apoyo a la plataforma. En 2017 Hernández dijo que en Bogotá solo se transportaba en Uber y que lo prefería frente al servicio prestado por los taxis.

 

Los intentos de regulación

En 2016 el entonces representante a la Cámara, Rodrigo Lara, radicó  el proyecto de ley 110, con el que se buscaba regular la contratación de personas a través de plataformas como Uber o Rappi. La iniciativa contemplaba  la creación de una nueva figura: “el trabajador autónomo dependiente económicamente” que tenía las mismas garantías laborales de los trabajadores contratados a término indefinido, pero que le reconocía a los trabajadores de plataformas una subordinación y una dependencia económica. Por lo tanto, sus empleadores debían aportar el 50 por ciento para su salud y pensión.

 “Yo he sido eficaz tramitando mi agenda legislativa, he sacado adelante diez leyes propias, pero ¡Ave María! En lo que ha sido plataformas y regulación de EPS el lobby ha sido absolutamente feroz. El lobby de las plataformas es absolutamente feroz, ha sido imposible sacar adelante ese proyecto de ley en el Congreso” le dijo Rodrigo Lara a CAMBIO.

En 2016 el proyecto salió adelante en la Comisión VII de Senado, pero en 2018 se hundió en plenaria, entre otras, por la oposición de Álvaro Uribe, quien dijo que temía que con este proyecto se legalizara a Uber por la puerta de atrás. 

Para ese entonces y en plena campaña electoral el candidato del uribismo, Iván Duque, manifestó su apoyo a la plataforma Rappi, incluso luciendo una de sus gorras.

El proyecto de Lara fue presentado de nuevo en 2018 en la Cámara de Representantes, esta vez los ponentes fueron Jennifer Arias de Centro Democrático y el coordinador de ponentes Jairo Cristo de Cambio Radical. El proyecto ni siquiera fue agendado. El presidente de la Comisión VII de la Cámara era Jairo Giovany Cristancho, representante de Casanare por el Centro Democrático.

La iniciativa fue de nuevo presentada en 2019 y una vez más en 2020, sin que fuera aprobada.

A la par surgieron otros proyectos en el Congreso que aunque en principio intentaban regular a las plataformas eran mucho más laxas con ellas, ya que no exigía el pago de aportes a salud y pensión a sus empleados.

Dos de esos proyectos fueron de autoría del representante a la Cámara Mauricio Toro.

CAMBIO consultó a Toro, quien dijo que los hechos que hoy tienen en la picota a Uber ocurrieron antes de 2018 y que por lo tanto no cree que en Colombia hubiese habido alguna irregularidad entre 2018 y 2022.

Sin embargo, aseguró que ahora le genera suspicacias la actuación de funcionarios del gobierno Duque en la discusión de estos proyectos.

Toro dijo que después de llevar a cabo varias mesas de diálogo y concertación del proyecto que iba a poner a las plataformas a pagar impuestos y les exigía vehículos seguros para prestar su servicio, la entonces viceministra de Transporte Carmen Ligia Valderrama se ausentó de los diálogos y según Toro no volvió a aparecer.

Según el exrepresentante, la presencia del gobierno era importante para enviar a las bancadas un mensaje de consenso alrededor del proyecto. “Se desaparecen, sospechosamente desaparecen, no vuelven a contestar. Yo llamé al presidente de la Comisión VI, el presidente me dice: Estamos esperando el guiño del gobierno, es muy raro, el proyecto estaba listo, solo faltaba un ok”.

La iniciativa fue de nuevo presentada en 2020 y esta vez contó con ponencia positiva, Toro le contó a CAMBIO que antes de que surtiera su trámite en la Comisión VI de Cámara, el presidente de esa célula legislativa, Oswaldo Arcos, lo llamó y le contó que había recibido una llamada de los ministros del Interior y de Transporte, Daniel Palacios y Ángela María Orozco, pidiéndole que hundiera el proyecto. El proyecto efectivamente se hundió sin que fuera discutido en Comisión.

Toro a través de sus redes sociales ha defendido el papel de estas plataformas como generadoras de empleo.

Por eso hay quienes lo señalan como defensor de Uber, calificativo que a Toro le molesta: “Pues profundamente, porque yo no soy defensor de una empresa, yo soy defensor del derecho que tienen los ciudadanos a movilizarse de manera libre como consideren y a escoger, esas son libertades individuales, yo soy un defensor de las libertades individuales”.

La denuncia

El exsenador Jorge Enrique Robledo ha sido desde el legislativo uno de los más fuertes opositores al modelo de Uber, considera que lo que las prácticas reveladas en los Uber Files son idénticas a las ocurridas en Colombia: “Es exactamente lo mismo aquí que allá con una diferencia, la diferencia es que allá le pusieron algún tipo de control a Uber y aquí ellos están haciendo lo que se les da la gana”.

Robledo dice que todo lo que hace Uber en Colombia es ilegal, por no declararse como empresa de transporte, porque los vehículos no están autorizados para prestar el servicio y además asegura que la plataforma estaría incurriendo en el delito de usurpación de  función pública al fijar las  tarifas de los recorridos. 

Robledo cree que alrededor de la operación de Uber y otras plataformas de transporte en Colombia se habrían cometido varios hechos punibles, entre ellos la utilización indebida de influencias, la usurpación y abuso de funciones públicas y cree que varios funcionarios incurrieron en prevaricato por omisión al permitir el funcionamiento de la plataforma sin que respetara el orden legal colombiano.

CAMBIO conoció el texto de la denuncia que en los próximos días Robledo instaurará en la Fiscalía, donde solicita que se investigue la actuación de los ministros de Transporte: Ángela María Orozco, Germán Cardona, Jorge Rojas, Natalia Abello y Cecilia Álvarez Correa. 

También solicitó que sean investigadas las actuaciones de los ministros de las TIC: Carmen Ligia Valderrama, Iván Durán Pabón, Karen Abudinen, Sylvia Constaín, Juan Sebastián Rozo, David Luna y Diego Molano. Solicitó también que se investigue a todos los superintendentes de transporte de 2013 a la fecha.

En su denuncia, Robledo le pedirá al fiscal Francisco Barbosa que esclarezca si las conductas descritas en los archivos de Uber fueron realizadas también en Colombia.