2 Agosto 2022

Mucho cabecilla muerto, pero poco orden público

Crédito: Yamith Mariño Díaz

Los cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque se caracterizaron por importantes golpes contra los cabecillas de las organizaciones al margen de la ley, pero también por los atropellos contra la población civil y la impotencia que mostraron las fuerzas del orden durante los paros armados.

Por: Redacción Cambio

El periodo presidencial que concluye deja un balance agridulce de los resultados en materia de orden público. Algunas de las acciones contra la delincuencia fueron contundentes, pero en otros casos las Fuerzas Armadas se vieron impotente frente a la arremetida de los grupos armados ilegales.

La administración saliente puede mostrar con orgullo la captura y la posterior extradición a los Estados Unidos del cabecilla principal del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; y las operaciones militares que dieron de baja a alias Iván Mordisco, líder de la disidencias de las Farc, así como a  Pirry, Fabián y Uriel, miembros del ELN.

Incluso, el gobierno se ha celebrado como triunfos los supuestos enfrentamientos entre guerrillas en territorio venezolano que terminaron con la muerte de Jesús Santrich, el Paisa, Romaña y Gentil Duarte.

El primer mandatario destacó que uno de sus mayores logros fue dejar a las organizaciones terroristas sin mando ni control.

El presidente Duque también puede sacar pecho por la disminución de las cifras de secuestro, pues recibió el cargo en 2018 con 176 casos y lo entrega con 70 personas que todavía permanecen en cautiverio. No puede hacer lo mismo con las de homicidio. Según las cuentas del Ministerio de Defensa, en 2018 se presentaron 12.928 casos; en 2021 aumentaron a 14.259, y en lo corrido de 2022 ya van 6.818.

Los paros y el plan pistola

La administración Duque también será recordada por dos paros armados que paralizaron al país. El ELN, a escasas semanas de las elecciones de senadores y representantes, ordenó la parálisis de  cientos de negocios, municipios  y vías principales en Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Arauca, departamentos que tuvieron que sufrir a la sombra de las armas y la instalación de artefactos explosivos.

En mayo, el terror se repitió, esta vez por orden del Clan del Golfo, como respuesta a la extradición de Otoniel. Fueron los habitantes de varios municipios de Bolívar, Antioquia, Córdoba y Sucre los que  tuvieron que permanecer encerrados en sus casas, bajo amenaza de muerte.

La imagen de las Fuerzas Militares quedó en duda respecto del control en estas regiones del país y la sensación del poder de estas organizaciones.

 

 

Para completar, el presidente Duque afronta en la actualidad la escalada de violencia más fuerte de su mandato, con el llamado plan pistola, organizado por integrantes del Clan del Golfo que han ocasionado la muerte a más de 60 uniformados, especialmente en los departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar.

agc
Archivo particular

La moción contra los ministros

El país también fue testigo del mayor número de mociones de censura a los ministros de Defensa, siete citaciones en las que los jefes de cartera tuvieron que defenderse de las denuncias contra las irregularidades de ciertas operaciones militares que afectaron a la población civil, en especial las que ocasionaron la muerte de menores de edad.  

La más recordada, que le costó el cargo al entonces ministro Guillermo Botero, ocurrió en noviembre de 2019, luego de que se presentara en el Congreso un documento de Medicina Legal que demostraba que ocho menores habían muerto luego de un bombardeo contra alias Gildardo el Cucho, de las disidencias de las Farc, en Cartagena del Chairá.

El ministro Diego Molano, por su parte, tuvo que enfrentar dos debates de control político. El primero, por la muerte de varios menores en una operación en Guainía contra alias Ferney, de las disidencias de las Farc. Molano dijo entonces que los niños que permanecían en los campamentos eran "máquinas de guerra". Ese otro debate fue por el caso de Putumayo, sucedido en la zona rural de Puerto Leguízamo, en el que las fuerzas militares se hicieron pasar por guerrilleros, durante una operación contra alias Bruno en la que cayeron varios civiles, entre ellos un menor de edad.