6 Septiembre 2022

Mujeres en venta: la explotación sexual de colombianas en el exterior

Crédito: Yamith Mariño Díaz

El Ministerio de Interior ha registrado casi 1.000 casos de mujeres colombianas siendo explotadas en el exterior desde 2013. Sin embargo, quienes investigan el tema en el país consideran que el subregistro es muy preocupante, sobre todo por la forma en que se atienden estos delitos en el país.

Por: Maria F. Fitzgerald

En agosto, dos redes de explotación sexual de mujeres fueron desmanteladas. La primera en España, en la ciudad de Tarragona. Allí capturaron a dos hombres y a una mujer que se dedicaban a reclutar y someter a mujeres a explotación sexual. Todas sus víctimas eran colombianas. 

La segunda red fue desmantelada en República Dominicana. Así como en España, en esta red se dedicaban a enrolar mujeres colombianas. Este caso funcionaba en Punta Cana, una de las zonas turísticas más concurridas de ese país. Allí encontraron a 80 mujeres sometidas a explotación sexual y prostitución forzada, quienes habían sido sometidas tras haber sido despojadas de sus documentos. 

En ambos casos, las mujeres fueron recogidas por otros colombianos, que les prometieron mejores condiciones laborales que las que conseguían en el país. También, en los dos casos, el proceso de reintegración y protección fue insuficiente por parte del Gobierno colombiano, el que, al parecer, aún no comprende cómo funciona este delito: no clasifica el delito como trata, sino como secuestro, robo o violencia de género; las ponen a diligenciar formularios complejos, donde les hacen preguntas que las revictimizan, entre otros.

Así lo señala Jazmín Santa, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para ella, a las instituciones colombianas aún les cuesta trabajo comprender el delito de la explotación y, lo que más preocupa, suelen pasarlos como otros delitos que terminan revictimizando a las mujeres. 

Una vieja historia que no para de repetirse

La modalidad de reclutamiento más usual suele ser una vieja historia: les prometen un mejor trabajo, con mejor pago, con mejores condiciones, en el extranjero. Las víctimas también suelen ser usuales: mujeres empobrecidas y jóvenes. Una vez llegan al nuevo país las secuestran. Les roban sus papeles, el poco dinero que tengan y les dicen que deben empezar a trabajar para pagar una deuda, que nunca para de subir. 

Así las someten a prostituirse forzosamente en las peores condiciones posibles. Porque pasa que, además de obligarlas a sostener relaciones sexuales con hombres, usualmente sin protección, y en pésimas condiciones de salud, también es normal que las obliguen a incurrir en otros delitos para sostenerse. Por eso, estas mujeres terminan involucradas en redes de microtráfico: parte de las ganancias que deben generar provienen de la venta de estupefacientes. Eso, cuando no las obligan a que sean ellas mismas quienes ayuden a reunir a otras mujeres, bajo la promesa de reducirles sus propias deudas. 

Jazmín Santa señala que, además de ser un crimen que ataca principalmente a las mujeres jóvenes y empobrecidas (la Ofcina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, UNDOC muestra que 74 por ciento de las víctimas de este crimen en América Latina son mujeres y niñas), es también una vulneración que se ve agravada por condiciones mundiales que causan mayor vulnerabilidad. Por ello, la pandemia por covid-19 empeoró notablemente las condiciones de muchas de estas personas. Pero, de acuerdo con los análisis emitidos por distintas organizaciones, entre ellas Espacios de Mujer, una ONG que acompaña procesos de prevención y reintegración de mujeres que han sufrido de trata en Colombia, las condiciones del cambio climático también pueden llegar a aumentar las cifras de trata en los países empobrecidos, pues causará peores condiciones de vida para millones de personas. 

Todos estos condicionantes, señala Santa, ponen en especial riesgo a las mujeres colombianas, que deben enfrentar las condiciones precarizadas del país, y por esto se convierten en presas fáciles para estas redes: “Y no es únicamente un proceso de captación de alguna manera facilitado por las condiciones de vida de muchas mujeres en el país. Es, también, un gobierno y unos organismos que parece que no entendieran cómo funciona este delito y terminan revictimizando a las mujeres con formularios sin sentido y procesos que no tienen en cuenta su condición de víctimas. Eso, cuando les creen. Porque, además, es muy normal que clasifiquen los delitos que cometieron contra ellas como cualquier cosa, menos como trata”. 

Santa explica que es usual que las autoridades del país desconozcan lo que significa la trata. Por ello, clasifican el delito como robos, secuestros, violencia de género, pero difícilmente llega a entenderse que lo que vivieron las víctimas fue trata. Por ello, para Santa, la cifra que entrega el Gobierno, casi 1.000 casos desde 2013, es un subregistro importante que no tiene en cuenta situaciones como las dos redes ya mencionadas al principio. Y como esos casos, muchos más, que nunca son contados. 

Una constante de impunidad

Al no existir un conocimiento claro sobre el delito, los niveles de impunidad que rigen sobre la trata en el país son muy elevados. Y estos niveles de impunidad vienen acompañados de un proceso de constante revictimización, sobre todo cuando la víctima fue tratada por fuera del país: “No es únicamente lo que nos encontramos dentro del país lo que nos aterra. Cuando la víctima ha sido tratada afuera, una vez regresa al país es usual que quede abandonada por las instituciones. Entonces, son mujeres que deben lidiar con las heridas de lo que ya vivieron, pero a eso hay que sumarle muchas veces amenazas contra sus vidas, además de procesos de criminalización en su contra, y unos grados de impunidad muy elevados contra sus victimarios”, dijo Santa. 

Así lo ratificó un informe presentado por Border Lab. Señalan los casos ocurridos principalmente en zonas de frontera en el país. Sin embargo, aseguran también que dada la naturaleza de este delito, es posible que estas dinámicas se repliquen en todo el país. Por ello, la desprotección a las víctimas se termina replicando constantemente en todas las regiones.

Pero hay un último factor que preocupa mucho a los expertos que acompañan estos casos: es normal que, cuando se captura a un tratante, se trate de otra mujer que, por orden de sus captores, terminó ayudando a captar a otras mujeres. Jazmín Santa señala que han encontrado que en los perfiles de las personas judicializadas por trata, la mayoría de las judicializadas son otras mujeres: “Si no hay una comprensión profunda del delito es normal que en un afán puramente punitivo se den este tipo de vulneraciones contra quienes también son víctimas. Eso es algo que se debe revisar de manera urgente, pues no por dar resultados se puede desconocer la realidad tan compleja que acarrea la trata de mujeres”.