15 Septiembre 2022

Nóminas paralelas: ¿qué son y cuánto le cuestan al país?

Crédito: Freepik

Desde los primeros días posteriores a su posesión, el gobierno Petro denunció las nóminas paralelas en varias entidades públicas y enfiló esfuerzos para eliminarlas por completo. ¿Cuáles serán las consecuencias?

Por: Andrés Muñoz

Los números rojos de la economía colombiana han sido una preocupación del nuevo gobierno desde el 7 de agosto de 2022. Tres días después de posesionarse, el presidente Petro usó su cuenta de Twitter para informar que había emitido una orden en su primer consejo de ministros: eliminar todas las "nóminas paralelas".

Este es uno de los aspectos más sensibles dentro del proceso de depuración y austeridad en las entidades estatales, especialmente las de orden nacional, como ministerios y superintendencias.

Establecer una definición clara de lo que es y no es una nómina paralela es fundamental para determinar si habrá casos en los que los contratistas puedan continuar con sus labores o si serán eliminados sin contemplación alguna. 

Aquí hay que tener en cuenta otro tema controversial, al que el Ministerio de Trabajo también le ha puesto la lupa: la figura del contrato por prestación de servicios. 

Según la Ley 80 de 1993, este tipo de contratos son "los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados."

Además, esta figura no representa una relación laboral, por lo que no generan prestaciones sociales, y es regulada por normatividad civil y no laboral.

Sin embargo, según datos de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, a corte del 2019 había 244.668 contratos de prestación de servicios con el Estado. Además, en 2021, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alertó sobre más de 17.049 procesos judiciales por hacer pasar contratos laborales como de prestación de servicio.

Esta última situación se ha convertido en un fenómeno grave al que poco a poco varios sectores le han venido prestando atención. Por ejemplo, el año pasado los congresistas Angélica Lozano y Mauricio Toro presentaron un proyecto que buscaba mejorar las condiciones de los contratistas en el sector público. Sin embargo, se hundió en el trámite legislativo por tercera vez en tres años.

Por otro lado, la ministra actual de trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha reiterado que desde esa cartera se trabajará para eliminar paulatinamente esta figura de contratación tanto el sector público como el privado. El problema es saber qué contrato de prestación de servicios es correcto y cuál no.

Si bien los contratos de prestación de servicios han servido para pagar favores políticos, se nombren personas cercanas a funcionarios corruptos y se configuren dinámicas clientelistas que comprometen recursos públicos, no todos los funcionarios hacen parte de ese sistema; por el contrario, hay a quienes les urge mejorar sus condiciones laborales.

Según la investigación realizada por el abogado Andrés Mauricio Gaitán, la presencia de las nóminas paralelas en las entidades estatales colombianas demuestra, además de la existencia de un sistema clientelista, "un persistente fracaso en la instauración del sistema de carrera administrativa, y a la vez, grandes dificultades para impulsar la política de profesionalización del servicio civil".

En su momento, el mismo Lizcano aclaró a la Radio Nacional de Colombia que se suprimirán ciertos contratos: "Lo que vamos a eliminar es a contratistas que no están haciendo nada, personas que tienen 10, 20 y 30 contratos con el Estado". Aún así, los criterios no parecen estar bien definidos por el equipo del Dapre.

¿Cuánto se ahorraría el Estado suprimiendo las nóminas paralelas?

Según lo que alertó el director del Dapre a la Fiscalía en los primeros días de este mes, solo en 2021 y 2022 el Estado colombiano se gastó 4,5 billones de pesos en contratación de prestación de servicios, aproximadamente un 6 por ciento del costo total de la nómina de servidores públicos establecida en el Presupuesto General de la Nación para este año.

La cifra representa una quinta parte de lo que pretende recaudar el gobierno con la reforma tributaria en el primer año.