Nuevo Plan Colombia: Cambio revela proyecto de ley del senador Bob Menendez

En la tarde del 9 de marzo se conoció el nuevo proyecto de ley del senador Bob Menendez, Ley de Alianza estratégica Estados Unidos-Colombia 2022, este es el documento completo.

El objetivo de la ley, según el encabezado del documento, es "apoyar el avance de la paz, la gobernabilidad democrática, la seguridad en Colombia y otros propósitos".

Uno de los puntos clave es que la ley propone designar a Colombia como el principal aliado de Estados Unidos, por fuera de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así mismo, plantea que Colombia es vital para el fortalecimiento del hemisferio occidental.

El documento abarca diversos temas, desde seguridad y combate al narcotráfico, hasta educación, tecnología y biodiversidad. Estos son algunos de los puntos principales:

Crecimiento económico inclusivo

• Se crea la institución privada sin fines de lucro “Colombian American Enterprise Fund”. No menos del 35 por ciento de los fondos deben ir a empresas medianas y pequeñas. No menos del 50 por ciento de los fondos deben ir a empresas operadas por mujeres.
• Se dan los lineamientos a seguir para la administración, financiación y operación de la institución.

Acceso a la infraestructura digital y estrategia de seguridad

A más tardar 180 días después de la promulgación de la ley, el Secretario de Estado desarrollará una estrategia para compartir su expertise con el Gobierno colombiano en esta materia, para mejorar la infraestructura tecnológica y fortalecer la ciberseguridad. Para esto se podrán destinar 3 millones de dólares por año fiscal desde 2023 a 2025. 

En cuanto a los reportes sobre grupos terroristas y criminales, la ley establece que a más tardar 180 días después de promulgada, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y otras agencias federales debe presentar un informe ante los correspondientes comités del Congreso de EE. UU. reportes detallados de las actividades de las FARC-EP Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos criminales de Colombia. 

El Secretario de Estado debe desarrollar e implementar una estrategia para apoyar al Gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado en general. Las ayudas se centrarán en la erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios; la incautación de narcóticos y otros productos de contrabando; asistencia técnica para desmantelar redes financieras de lavado; asistencia en casos criminales complejos con múltiples actores; el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación; seguridad en fronteras y aeropuertos; mejoras en infraestructura computacional; iniciativas de seguridad rural, incluyendo la protección de líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil, entre otros.

Durante los primeros 5 años, se debe asignar no menos del 10 por ciento de los recursos de la cuenta de Control internacional de narcóticos y aplicación de la ley (International Narcotics Control and Law Enforcement account) a combatir el lavado de activos y los delitos financieros; y no menos del 10 por ciento de esta cuenta a la investigación y la innovación para combatir todas las formas de crimen transnacional organizado.

El Secretario de Estado en coordinación con otras agencias federales debería entregar un reporte a más tardar 90 días después de la promulgación de esta ley, y anualmente durante 5 años, acerca de las actividades maliciosas de actores estatales de la región andina, incluyendo operaciones de desinformación, interferencia en elecciones, suministro de armas a actores armadas y suministro de equipos y sistema armamentístico al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Para llevar esto a cabo, Estados Unidos establecerá a un observador en la región andina. 

Esfuerzos relacionados con los tratados de libre comercio

El documento contempla el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto denominado  (Labor Task Force), en el que participan varios organismos del gobierno americano entre esos el Secretario de Estado (quien hará las veces de presidente del Comité), USAID, (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), el Secretario del trabajo,  El Representante de Estados Unidos para el Comercio, entre otros. El grupo busca en coordinación con el gobierno colombiano consultar a  ONGs, organizaciones laborales y sindicatos en Colombia y Estados Unidos para analizar de manera coordinada el impacto que han tenido los Tratados de Libre Comercio entre los dos países, especialmente sobre las poblaciones vulnerables mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, y migrantes para asegurar que estos grupos sean asistidos y protegidos. 

Esfuerzos conjuntos para combatir la corrupción

El documento incluye una cláusula destinada a la coordinación de esfuerzos para combatir la corrupción que incluirán un diagnóstico del alcance de esta dentro del sector privado y público, la provisión de asistencia técnica para combatir y prevenir la corrupción y el apoyo al periodismo investigativo y otras iniciativas que busquen combatir la corrupción desde la sociedad civil. Además se habrá una serie de reuniones periódicas de varias agencias de los dos países para asegurar una mayor transparencia. 

Esfuerzos relacionados con los tratados de libre comercio

El documento contempla el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto denominado  (Labor Task Force), en el que participan varios organismos del gobierno americano entre esos el Secretario de Estado (quien hará las veces de presidente del Comité), USAID, (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), el Secretario del trabajo,  El Representante de Estados Unidos para el Comercio, entre otros. El grupo busca en coordinación con el gobierno colombiano consultar a  ONGs, organizaciones laborales y sindicatos en Colombia y Estados Unidos para analizar de manera coordinada el impacto que han tenido los Tratados de Libre Comercio entre los dos países, especialmente sobre las poblaciones vulnerables mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, y migrantes para asegurar que estos grupos sean asistidos y protegidos. 

Iniciativas en Educación

El documento contempla una serie de iniciativas para fomentar la educación, con especial énfasis en las comunidades indígenas y afrocolombianas, entre estos se incluye la mejora de competencias en la enseñanza del inglés en el país, y el fomento de la educación para profesores y el desarrollo de programas en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés). Para estos programas se destinarán 22 millones de dólares.

Además habrá recursos para fomentar los emprendimientos liderados por mujeres a través de políticas y esfuerzos legislativos destinados a disminuir las barreras para que ellas puedan crear empresas medianas y pequeñas, así como facilitar el acceso a créditos y otros beneficios del sistema financiero, buscando también que haya acceso a estos programas por parte de las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Por último, en línea con los dos aspectos anteriores también se buscará fortalecer la participación de las mujeres en los campos de ciencia y tecnología, para lo que se establecerán programas enfocados en las mujeres que participan en el sector tecnológico, y en las niñas que quieran llegar a hacerlo. 

Protección de la biodiversidad

Se desarrollará e implementará una estrategia conjunta a 3 años, en coordinación con Colombia que será llamada ‘Estrategia para la protección de los bosques tropicales de Colombia’, con el fin de: empoderar y financiar a líderes locales, de comunidades indígenas y afrocolombianas para gerenciar recursos naturales y hacer frente a las actividades que degradan el medio ambiente; proteger a activistas ambientales; promover la transparencia de cadenas de suministro responsables y trabajar de la mano con Estados unidos para acabar con el comercio de vida salvaje y recursos extraídos ilegalmente, entre otras. 

Para esta estrategia se destinarán:

• 5 millones de dólares para el año fiscal 2023
• 7 millones de dólares para el 2024
• 8 millones de dólares para el 2025

Paz y gobernanza democrática en Colombia

Esta sección recoge los esfuerzos anunciados por el gobierno de Estados Unidos para apoyar la paz, la justicia y la gobernanza democrática en Colombia. Entre los puntos fundamentales están:

Avances en el desarrollo rural integral

El Secretario de Estado, en coordinación con el Administrador de USAID, el Director Ejecutivo de las Naciones Unidas, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y el Secretario de Comercio, en consulta con el Director de la Fundación Interamericana, buscarán desarrollar e implementar programas para apoyar a las cooperativas rurales en zonas de conflicto para que puedan acceder a los marcados nacionales e internacionales. Además habrá una priorización especial para las comunidades que estén buscando sustituir actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos, fauna y flora silvestre, minerales, y otros recursos naturales. 

Empoderamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas

Se buscará apoyar la implementación del capítulo étnico de los Acuerdos de Paz de 2016, la provisión de asistencia técnica para la construcción de capacidades en las comunidades afro e indígenas, aumentar las iniciativas de intercambio bilateral entre estas comunidades y los programas del departamento de Estado y USAID, e incrementar el acceso a crédito para los pequeños y medianos empresarios en estas comunidades. 

Protección a los líderes y defensores de DD.HH.

Se otorgarán 22 millones de dólares entre 2022 y 2026 para proveer asistencias a defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción a través del Fondo de Defensores de DD.HH. del Departamento de Estado.  

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad

Comité consultivo de seguridad: El Secretario de Estado y el de Defensa establecerán un comité en el que participará el gobierno colombiano para desarrollar una estrategia para fortalecer la seguridad en áreas urbanas y rurales que incluirá aspectos como la lucha contra el terrorismo, la insurgencia, el tráfico de drogas y otros ilícitos, y el crimen cibernético, así como el fortalecimiento de la ciber defensa y la mejora de la seguridad fronteriza, marítima y aérea. 

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