2 Diciembre 2022

Odebrecht: la Fiscalía dice que Daniel Hernández amenazó a Otto Bula para que no declarara contra Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo

Fiscal Daniel Hernández, imputado por caso Odebrecht.

Crédito: Foto: Yamith Mariño

Durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, la Fiscalía también dijo que Daniel Hernández no tramitó debidamente unas órdenes de captura en el caso Odebrecht en 2017.

Por: Sylvia Charry

Daniel Hernández, fiscal delegado ante los Tribunales del Distrito, es –para la Fiscalía– responsable de los delitos de prevaricato por omisión agravado y amenazas a testigo, derivados de sus actuaciones como fiscal en el caso Odebrecht. En primer lugar, porque, al parecer, en 2017, solicitó a un juez expedir unas órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, pero nunca se encargó de pasarles esa información a los funcionarios encargados de registrarlas en los sistemas correspondientes; tampoco solicitó que se expidieran las respectivas circulares azules. Adicionalmente, dijo el fiscal del caso, en julio de este año, amenazó al acusado y hoy testigo del escándalo de corrupción Otto Nicolás Bula, al decirle que Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo estaban preocupados por sus acercamientos con el FBI. Hernández se declaró inocente.

En la primera parte de la audiencia de imputación de cargos, que se lleva a cabo este viernes 2 de diciembre, el fiscal del caso argumentó por qué el fiscal Daniel Hernández, fungiendo como fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito, había cometido el delito de prevaricato al no tramitar debidamente las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht, a pesar de que él mismo las había solicitado, el 20 de julio de 2017, ante el juzgado 75 de garantías de Bogotá, por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.


 

“El código penal establece obligación de registrar órdenes de captura a los sistemas de información para que estas se hagan efectivas. Es decir, es un trámite compartido, el juzgado ordena la captura y remite a la Fiscalía para que el ente investigador disponga qué organismos de policía judicial se encargaran de la aprehensión física y para que la registre en los sistemas de información. Usted, una vez el juzgado accedió a las órdenes, era el encargado de tramitarlas, de enviarlas a los organismos de policía judicial como a las personas encargadas del registro a los sistemas de información. Esas órdenes no le llegaron a ninguno de los funcionarios encargados del registro debido a su deliberada y maliciosa omisión”, explicó el fiscal del caso.

 


Para la Fiscalía no es que Hernández no supiera eso, sino que no quiso hacerlo como debía. Uno de los argumentos de la Fiscalía es que él, dos años después de solicitar las mencionadas órdenes de captura, dispuso lo necesario para el registro, no de las órdenes de captura, sino de las prórrogas de las mismas, según se advierte en un oficio del 19 de julio de 2019 que el funcionario dirigió al coronel Carlos Alfredo Urrea, jefe de la Interpol. El oficio dice: “Informo que el 18 de julio de 2019 la Fiscalía solicitó al juez 7 de garantías de Bogotá prórroga de las órdenes de captura con fecha inicial 20 de julio de 2017, contra los ciudadanos Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, con el fin de que se registren las prórrogas de captura en las bases de datos de la Policía, Migración e Interpol, como quiera contra ellos se adelanta investigación”.

Es decir, según la investigación, ese trámite que hizo para registrar las prórrogas de las medidas de aseguramiento demuestra su claro conocimiento y conciencia de sus competencias. Sin embargo, cuando le pidieron llenar los requisitos para emitir las respectivas circulares con fines de ubicación en el exterior, tampoco lo hizo.

 

“Usted cumplió con la obligación con la prórroga de las órdenes de captura, pero el hecho de haber informado al jefe de la Interpol no constituía una solicitud de una notificación azul, elemento esencial para que dichas órdenes fueran efectivas, razón por la cual, la Interpol le puso en conocimiento los requisitos y eso tampoco fue suficiente para que usted realizara la respectiva solicitud. Pues, según la Interpol, a Ferracuti y Marangoni nunca se solicitó expedir ninguna circular. En cuanto a Hideaki, sí hubo una notificación azul, pero no por cuenta de una solicitud de Hernández, sino por una petición de la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal, en 2019”, dijo el fiscal.


Tiempo después, al ser requerido por Carlos Arturo Buitrago, entonces jefe del departamento de investigaciones nacionales, sobre los trámites para la ejecución de las órdenes de captura, de acuerdo con una solicitud de información que le había hecho el entonces fiscal ad doc, Leonardo Espinosa, él le respondió que no era necesario hacerlo porque en esa fecha ya estaban por fuera del país.

 

“No señor, era innecesario ordenar la ejecución de las órdenes si conocimos por Migración que los señores estaban fuera del país desde enero de 2017. Uno de los fines que la sustentó fue el peligro de la no comparecencia debido a su nacionalidad”, le dijo en su momento Hernández al coronel Buitrago.

 

 


Según el fiscal del caso, esa manifestación de Hernández no coincide con el argumento que él mismo le dio al juez en la audiencia en la que le solicitó expedirlas. Reveló la Fiscalía que Hernández le argumentó al juez que era necesario que las órdenes salieran “lo más expeditas posible, teniendo en cuenta que ellos, inmediatamente se generó el escándalo, salieron del país, no tenemos lugar de ubicación, de residencia; la orden sería con el fin de que se expidiera circular azul”.

 

“En esa medida, la lógica del indiciado plasmada en el mensaje de WhatsApp era improcedente y caprichosa, porque, aunque habían abandonado el país, las órdenes de captura pretendían expedir circulares internacionales para que comparecieran al proceso”, dijo el fiscal.

 


Pero eso no es todo. Para la Fiscalía, Hernández tramitó unas comisiones para viajar a Sao Pablo, Brasil, para tomar entrevistas juradas a Ferracuti, Marangoni e Hideaki, a pesar de que, según la ley, al tener órdenes de captura lo único que procedía era un interrogatorio. Incluso, añadió el fiscal, el 7 de febrero de 2018, tomó la declaración de Eleuberto Martorelli, antiguo presidente de Odebrecht en Colombia, y le preguntó datos que no eran de su competencia, por ejemplo, hechos que involucraban al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que tenía fuero.


Amenazas al testigo Otto Bula


Según la exposición del fiscal del caso, el 22 de julio de 2022, en el sótano del bloque T del búnker de la Fiscalía, Hernández, como fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, amenazó a Otto Nicolás Bula Bula, al advertirle que "Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo estaban preocupados porque él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia colombiana y el FBI. Situación que, según el testigo Bula Bula, le generó temor y miedo”, dijo el fiscal del caso.


Bula sintió ese comentario como una intimidación por el contexto en el que se dio. Esto, teniendo en cuenta que, ya que venía conversando con toda la confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y el FBI para denunciar algunos hechos sobre Odebrecht, y que, “sin haber rendido ni una declaración oficial, sino apenas acercamientos, personas que podían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando, lo cual evidenciaba el poder que estos manejaban; en ese orden percibió sus comentarios”.


Según Bula, esa presunta amenaza suya fue luego de culminada la diligencia para la que fue citado por el fiscal 6 delegado ante el CTI, Mario Barahona.