Petro se queda sin excusas frente a ausencia en la OEA sobre Nicaragua
29 Agosto 2022

Petro se queda sin excusas frente a ausencia en la OEA sobre Nicaragua

Álvaro Leyva Durán, canciller de Colombia, fue quien tomó la decisión de no asistir a dicha reunión.

Crédito: Yamith Mariño

El gobierno colombiano fue uno de los grandes ausentes de la sesión extraordinaria que condenaba la situación en derechos humanos y que fue aprobada por 27 de los 34 miembros de la organización. Una investigación dejó sin piso la excusa de que la misión diplomática no se había posesionado y reveló que fue una decisión deliberada.

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Hace dos semanas hubo una fuerte controversia contra el entonces recién posesionado gobierno de Gustavo Petro por cuenta de la ausencia de la delegación colombiana en la sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que la mayoría de los países condenaron la represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

En ese momento, el gobierno colombiano, a través de Luis Ernesto Vargas, designado por el mandatario como nuevo embajador del país ante la OEA, explicó su ausencia a través de su cuenta de Twitter y dijo que el motivo era que “no se había posesionado”, algo que de todas maneras no tenía justificación, según comentaron algunos diplomáticos a CAMBIO.

“Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y fui juez de carrera: solo decidí con base en pruebas”, aclaró el diplomático colombiano a una pregunta de un periodista en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, un informe publicado por Noticias Caracol este fin semana dejó sin piso dicha excusa. El viceministro de Asuntos Multilaterales (e), Juan José Quintana, dijo al noticiero que la decisión de ausentarse de tal cita sí fue consultada con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien dio el aval para no asistir. 

Es decir, Colombia no solo sabía que la sesión se llevaría a cabo ese día, sino que tomó la decisión consciente de ausentarse de esa reunión.

“La decisión que se tomó fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores”, dice la respuesta del viceministro de Asuntos Multilaterales al noticiero.

Dicha sesión no era una sesión cualquiera importancia: era una cita extraordinaria del consejo permanente para votar la resolución que condenaba la violación de derechos humanos en Nicaragua, que en los últimos meses se han incrementado. Se habla del cierre de casi 1.500 ONG, una voraz persecución a la Iglesia católica y el encarcelamiento de al menos 190 presos políticos. La resolución fue aprobada con 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas), cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México) y sólo dos ausencias (Colombia y Nicaragua).

La investigación periodística reveló, además, que la ausencia de Colombia se relaciona con “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, de acuerdo con la respuesta que la Cancillería entregó al noticiero. 

“Puede haber dos razones para esta decisión: una de doctrina y otra pragmática”, explica Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, quien advierte que esta ausencia estaría relacionada directamente a una nueva forma de hacer diplomacia por parte del gobierno de Colombia.

“Colombia parece querer adoptar la estrategia diplomática que ha adelantado el gobierno de México a través de Andrés Manuel López Obrador de no intervenir en asuntos internos de los países. Puede sonar crudo, pero todo indica que el gobierno Petro no va a condenar tanto a países de izquierda como de derecha en organismos multilaterales. Una decisión polémica, pero que, parece, es la que va a primar”, asegura el profesor.

No obstante, además de la doctrina, también habría un interés por “hacerse pasito” con Nicaragua en el marco de una demanda que el país centroamericano entabló contra Colombia sobre la plataforma continental. El 22 de agosto, una semana después de la ausencia en la OEA, el canciller Álvaro Leyva Durán anunció que estaban preparando nuevos argumentos dentro del caso por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. 

“Nicaragua nos tiene en estos momentos una demanda mediante la cual pretende ampliar su plataforma continental extendida. Y a esto se suma que Colombia ha argumentado ante la Corte Internacional de Justicia que la comunidad raizal debe tener derechos de pesca y movilización por las aguas que ancestralmente han utilizado”, dijo Leyva en una declaración a medios.

Sandra Borda, internacionalista y profesora de la Universidad de los Andes, cree que la ausencia en la sesión de la OEA puede ser un intento por enviar un mensaje amistoso para que Ortega estudie la posibilidad de suspender el proceso ante la Corte, algo que considera es una “ingenuidad”.

“Un gesto de buena voluntad que equivale a condonar, o al menos a mirar para otro lado cuando se discute la persistente violación de derechos que tiene lugar en un régimen que dejó de ser democrático hace mucho tiempo, es una estrategia de negociación más bien poco sofisticada y medio pueril”, asegura la internacionalista.

“No se gana ni el pan ni el queso porque se menosprecia el esfuerzo y el profesionalismo que Nicaragua ha invertido en el proceso de litigio, y al mismo tiempo se pone a Colombia en una posición muy cuestionable en materia de derechos y de defensa de la democracia”, agrega.

El pasado 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”, que corresponde a la demanda interpuesta el 26 de noviembre de 2013 por Nicaragua ante La Haya contra Colombia.

Los jueces del principal organismo judicial de las Naciones Unidas (ONU) declararon que Colombia interfirió en las actividades de pesca e investigación en las zonas exclusivas de Nicaragua y violó los derechos soberanos de ese país en estas zonas marítimas.

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