Presidente de la Comisión de Acusaciones: de investigado a juez de jueces
El representante a la Cámara que preside la Comisión de Acusaciones tiene dos procesos judiciales por corrupción en su contra, uno de los cuestionamientos que más le pesa a esa poderosa instancia judicial.
La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes se encarga de procesar penal y disciplinariamente al presidente, al fiscal y a los magistrados de las altas cortes.
Su presidente es un congresista que pidió estar en esa instancia precisamente unos días después de que fuera llamado a rendir indagatoria por un caso de corrupción, según conoció el Reporte Coronell de W Radio.
Su nombre es Wilmer Carrillo, un cuestionado miembro del Partido de la U, quien actualmente es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en dos delitos.
Para profundizar
A Carrillo le pesan dos casos penales. El primero tiene que ver con un robo al hospital de Ábrego, Norte de Santander, hay denuncias de que cobraba 50 por ciento en comisiones por los contratos celebrados.
El segundo es una investigación en la que es señalado de firmar actas de recibo de obra a una constructora sin que se hubieran entregado los trabajos, esto, mientras se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
El político nortesantandereano se hizo meter en la Comisión de Acusaciones cuando ya estaba llamado a indagatoria y ahora se convirtió en juez de los jueces que lo procesan por sus presuntos actos delictivos.
Para profundizar
Las pruebas contra Carrillo son contundentes y si se llega a confirmar una medida de aseguramiento en su contra, lo remplazaría el vicepresidente de la Comisión, es decir, el hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien ahora ocupa una de las curules de la jurisdicción especial de paz en representación de las víctimas del conflicto.
La curul de "Jorgito 41", como algunos lo llaman, la consiguió con el apoyo de funcionarios de la administración de Iván Duque, entre ellos Víctor Hugo Mosquera, director territorial de víctimas de ese gobierno.
