¿Pueden los gestores de paz de la primera línea quedar en libertad así nada más?
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Analistas y políticos opinaron que la salida de los capturados de la llamada primera línea resultaría bastante confusa. Mientras tanto, el Gobierno creó una comisión intersectorial para que decida quién puede y quién no ser gestor de paz.
Por: Redacción Cambio
La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar a los integrantes de la primera línea detenidos por presuntamente participar y cometer actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 ha causado opiniones diversas en el país.
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“Estamos ante un panorama muy confuso, pues son personas investigadas por la comisión de delitos que van más allá de las actividades propias de la protesta social, lo cual pone en una encrucijada al sistema penal colombiano”, opinó Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado.
Por su parte, Ernesto González, abogado y especialista en derecho constitucional, aseguró: “La ley de Orden Público es clara en que la figura de los gestores de paz establece que este beneficio es para personas privadas de la libertad y que pertenecen a un grupo armado ilegal, lo cual no cumplen los integrantes de la primera línea. Lo que estamos viendo es que el presidente quiere hacerlo para cumplir una promesa de campaña”.
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"Nombrar a quienes cometieron delitos durante el paro nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos”.
El exministro de Defensa Diego Molano aseguró que liberar a los capturados de la primera línea sienta un precedente nefasto para la justicia y para las nuevas generaciones, porque fueron detenidos por cometer delitos contra la Constitución y la ley colombianas, no por manifestarse pacíficamente. “Nombrar a quienes cometieron delitos durante el paro nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos”.
El senador Humberto de la Calle afirmó que la discusión sobre la libertad de los integrantes de la primera línea ha tenido un efecto más divisivo que la idea misma de la Paz Total. "Las víctimas de guerrilla y grupos de alto impacto viven en sitios remotos, donde su voz se pierde. En cambio, la primera línea afectó de manera severa grandes masas urbanas de clase media que se ubican en el epicentro del país y de la política".
El excandidato presidencial Federico Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter que queda claro que este Gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley.
Qué dice el Gobierno
El presidente Gustavo Petro firmó el pasado 9 de diciembre el decreto 2422, por medio del cual se crea una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y participación ciudadana, conformada por los ministros del Interior, Defensa y Justicia, y por el director del Dapre, quienes se encargarán de la admisión o exclusión de ciudadanos para ser gestores de paz.
Para profundizar
“Debemos esperar a que se reúna la comisión y defina los lineamientos. Ya teniendo esa definición, podemos dar a conocer a la opinión pública las decisiones que adoptemos”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Para el jefe de la cartera es importante examinar caso por caso. "Esta decisión no significa conclusión de procesos ni de investigaciones, es una decisión referente a la privación de libertad de las personas que resulten designadas como promotores. Definir cuál sería la naturaleza de los delitos si hay exclusiones tiene que ver con la actividad de la comisión”.
"La tarea de nosotros –añadió– no es cuestionar las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos, es solo definir, de acuerdo con los criterios que adoptemos, los nombres para presentárselos al presidente de la república".
Así mismo, indicó que la comisión también evaluará nombres de policías que se hayan visto implicados en procesos judiciales relacionados con las protestas del paro nacional.
Un camino tortuoso
De la Calle, exnegociador de Paz, afirmó que los gestores siempre han hecho parte de grupos armados organizados. No es el caso de la primera línea. y añade que, si se aplica la noción de voceros, solo se podrían suspender las órdenes de captura; no habría autorización para suspender las medidas de aseguramiento, ni suspender la ejecución de penas.
“El Gobierno tiene al frente un camino tortuoso. Se deben establecer diferencias: los jóvenes manifestantes que cometieron infracciones menos graves deberían recobrar su libertad mediante sanciones alternativas que impliquen tareas sociales de reparación y no repetición. No así los torturadores ni los que incurrieron en abusos incalificables”, aseguró el senador.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su cuenta de Twitter, aclaró: “No es indulto, ni amnistía. Los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales. La medida ha sido útil en procesos de paz anteriores”.
El jefe de la cartera de Justicia también aseguró que la comisión intersectorial que él preside recomendará que no se designe como voceros a personas condenadas. “El discurso desinformado no es útil para el fortalecimiento de la opinión pública ni fomenta debates de calidad. Hago un respetuoso llamado a la serenidad y análisis racional de las normas recientemente expedidas”, concluyó.
