Riesgos y oportunidades del Estado emprendedor

Durante varios años hemos defendido reiteradamente la idea de producir maíz y soya en el país para reemplazar la importación de esos productos. Esta sería la etapa inicial de un macroproyecto de incorporación de la altillanura a la economía moderna y abriría otra salida al mundo por el Orinoco. Eso requeriría una gran inversión en infraestructura de transporte, un ferrocarril o una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, grandes inversiones privadas en preparación de suelos, y un programa oficial para atraer grandes capitales y empresas multinacionales a desarrollar la región. Habría que hacer también una costosa inversión en investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo y de semillas de alto rendimiento, y admitir la explotación de empresas agropecuarias comerciales que cultiven en grandes extensiones. Esto es algo que puede promover un gobierno de izquierda más fácilmente que un gobierno de otra orientación.

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Cabe recordar que las peores hambrunas no las provocan los mercados, las catástrofes o las condiciones ambientales, sino los gobiernos.

Aproximadamente en un periodo de 5 años se podría reemplazar por lo menos el 50 por ciento de esas importaciones en cerca de 1.2 millones de hectáreas de expansión de la frontera agrícola. Poner todo esto a andar y llevarlo a cabo requiere de un Estado emprendedor, igual a los que ha hecho tener en cuenta Mariana Mazzucato en sus escritos que, por estar referidos a países mucho más avanzados, han dado la impresión equivocada de que esas oportunidades de emprendimiento gubernamental solamente están disponibles en la aplicación de alta tecnología, o en desarrollos científicos muy sofisticados. En este caso, se trataría de emular lo que ha hecho el gobierno de Brasil para convertir a su sector agroindustrial en líder mundial de exportación de alimentos, utilizando instituciones estatales y un genuino emprendimiento oficial para crear un instituto de investigación y desarrollo de tecnología agrícola y ciencias naturales (Embrapa), por ejemplo; y para inducir al sector privado a invertir en proyectos de desarrollo productivo y exportador. Esto exige desarrollar en el gobierno colombiano instituciones, talentos, capacidades y procesos que hoy no se tienen, e inducir valores éticos, compromiso y patriotismo constructivo que están ausentes en la burocracia estatal, en la dirigencia política y en la élite social y económica.

Otra alternativa, no tan plausible

Una visión alternativa, que tiene el mismo objetivo, propone otro camino: prohibir la importación de maíz, soya y otros alimentos o elevar la protección de estos productos para impedir su importación, induciendo al mismo tiempo a los productores nacionales a cultivarlos. No solamente sería innecesaria la elevación de la protección, porque ya hay grandes extensiones produciendo con la protección existente (Luis Arango, “Utopía llanera se convierte en realidad”, Portafolio, 15-7-22) sino que, sin la inversión en infraestructura e investigación, preparación de la tierra y reclutamiento de cultivadores esta política sería una apuesta muy arriesgada. Podría dar lugar a escasez de alimentos y, de todas maneras, a una elevación del costo de la comida con un impacto perjudicial para los consumidores, mucho mayor en el caso de los de menores ingresos. Cabe recordar que las peores hambrunas no las provocan los mercados, las catástrofes o las condiciones ambientales, sino los gobiernos.

La salud de las EPS 

En el mismo sentido, es muy afortunado que, después de anunciar que iba a eliminar cuanto antes las EPS, dentro de su plan de reformas del sistema de salud en Colombia, la ministra designada de Salud decidió posponer esa decisión hasta 2023, dejando un tiempo para reflexionar y evaluar el impacto de una medida de esa naturaleza. El anuncio indujo una polémica y muchas inquietudes sobre los riesgos que conlleva la eliminación abrupta de las EPS, o un cambio radical de su objeto social, sin que surja y se haya probado un sistema de salud alternativo manejado por el Estado. 

Existe, con razón, mucha desconfianza sobre la capacidad del Estado colombiano para asumir esa responsabilidad sin causar un retroceso de la provisión de servicios de salud en el país, que podría ser dramático, tanto en cubrimiento como en calidad. El Estado colombiano no tiene las capacidades, ni su burocracia y su dirigencia poseen el sentido de responsabilidad y las habilidades que exige hacerse cargo del sistema de salud de los colombianos, sin poner en peligro la sostenibilidad y calidad del servicio. En cambio, las pocas EPS que se destacan por su servicio y su fortaleza, y por el conocimiento que han adquirido en los 30 años transcurridos desde que se aprobó la Ley 100, tienen la capacidad para asistir al gobierno en el cumplimiento de su compromiso de garantizar el acceso a la salud de todos los colombianos; manejan la información del estado de salud de millones de usuarios y, a través de las cajas de compensación, le han ofrecido al gobierno entrante que están dispuestos a acompañarlo en la reforma que se necesita, preservando las mejores EPS privadas. Esa es una oferta de cooperación que el gobierno entrante no debe rechazar porque le brinda un camino mucho menos accidentado que el que la ministra designada había concebido originalmente, y porque aprovecha lo aprendido en tres decenios de ensayos y errores del sistema existente para aplicarlo a mejorar y reformar el sector sin destruirlo.  

La equidad en las regiones más necesitadas

Hay otras tareas que también exigen un mejor Estado, una mayor capacidad de gestión oficial, compromiso y valores éticos de la clase política y empresarial que hoy no son los que prevalecen. Uno, muy importante, es iniciar un proceso acelerado para igualar la calidad de vida y las oportunidades de los habitantes de las regiones que votaron mayoritariamente por Petro con el resto del país, comenzando por el Pacífico colombiano y por las fronteras. Ese va a ser el campo de acción de un gobierno capacitado para gestionar y dispuesto a sacar adelante a esos territorios. 
Otro propósito del gobierno entrante es inducir una revolución productiva con el objetivo de aumentar la tasa de crecimiento a niveles que permitan una acelerada distribución del mayor ingreso inducido. Las ideas que rondan por ahí dan la impresión de que se quiere regresar a los años cuarenta y cincuenta, refundar el IFI, el Idema, el Incomex, y resucitar al Dr. Lleras Restrepo, excepto en el caso de la propuesta atinada de la asesora Mazzucato de cerrar la brecha digital que existe entre Colombia y el mundo. 

Para cumplir exitosamente con esos objetivos no es aconsejable mirar hacia atrás sino refundar el Estado colombiano dotándolo de atributos que hoy no posee y cuya ausencia no permite cumplir con los objetivos sociales y económicos del gobierno entrante. Si este gobierno quiere estatizar procesos críticos y funciones claves, y gestionar progreso a través del Estado, lo primero que debe emprender es capacitarlo para que cuadre con el concepto que tiene Gustavo Petro de lo que puede hacer un Estado que cumple.