Sospechas sobre la "liquidadora estrella"

El escándalo de la SAE no arrancó en el gobierno pasado. CAMBIO estableció que en 2011 la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE en liquidación recibió 18.089 bienes rurales y en 2014 entregó apenas 5.569. También  recibió 2537 sociedades y establecimientos de comercio, pero 3 años después en 2014 solo entregó 1562. En cambio con predios urbanos la situación fue la contraria, la DNE recibió 5.588 en 2011 y en 2014 entregó 14.212. La explicación sobre la misteriosa desaparición de unas propiedades, como si hubieran entrado en un triangulo de las Bermudas es imprescindible para contestar la repetida pregunta sobre el destino de los bienes de la mafia. Al mismo tiempo la multiplicación de las propiedades urbanas puede ocultar otra serie de irregularidades destinadas a favorecer a sus antiguos dueños y algunos intermediarios.

El 2 de septiembre de 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos expidió el decreto de liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). La decisión fue tomada después de una seguidilla de escándalos de corrupción en el manejo de bienes incautados a la mafia y producto de otras actividades ilícitas.

Los bienes incautados a la mafia han sido desde siempre un apetecido botín al que políticos y personas cercanas a círculos de poder han accedido para beneficiarse de la compra y arriendo de espectaculares propiedades y negocios a precios irrisorios.

En su momento, más de 50 personas fueron investigadas por el escándalo de la DNE, entre ellas 13 congresistas y excongresistas entre los que se encontraban Lucero Cortés, Álvaro Ashton, Miriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Brazo, Hernán Andrade, Miguel Pinedo Vidal, Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez Gallo, Rufino Córdoba, Enrique Caballero, Héctor Ospina, Jaime Yepes y Omar Yepes.

Estos políticos fueron investigados por presuntamente haber influido en el nombramiento de administradores de bienes incautados al narcotráfico.

Por este caso fueron condenados el exdirector de la DNE, Omar Figueroa; el exfiscal Camilo Bula y el excongresista y también exdirector de la DNE Carlos Albornoz, quien fue condenado a 19 años de prisión.

Sin embargo, las condenas esta vez parecieron ser la excepción y la impunidad la norma. En su momento, una auditoría de la Contraloría fue clave para ordenar la liquidación de la DNE. Entre otras irregularidades el ente de control detectó la falta de actas de entregas de bienes incautados a la mafia, inconsistencias en los informes presentados por los funcionarios que asistían a las diligencias de decomiso y pérdida de bienes, desvalorización de activos y gastos de más en mantenimientos de bienes incautados.

Este panorama de desorden y absoluta falta de control quedó plasmado en un estudio técnico y de carácter confidencial con el que el Ministerio de Justicia tomó la decisión de suprimir y liquidar la DNE y trasladar sus funciones a otras entidades.

Dicho informe fue liderado por el entonces secretario general de la Dirección de Estupefacientes, Santiago Morales, quien le dijo a CAMBIO: “Había un inmenso volumen de demandas por venta de bienes sin saneamiento, un inadecuado control en la administración de bienes y su venta, un sistema de gestión documental inexistente, una absoluta pérdida de información contenida en dispositivos electrónicos, en síntesis, todo eso conllevó a un problema de corrupción”.

Las condiciones para la liquidación de la DNE

La supresión y liquidación de la DNE fue ordenada a través del decreto 3183 de 2011. En el documento de diez páginas se dieron las instrucciones precisas para la liquidación de la caótica entidad.

La liquidación debía darse en un año, pero podía ser prorrogada por vía administrativa siempre y cuando dicha prórroga fuera debidamente motivada.

En el decreto quedó expresamente prohibido que la DNE, en liquidación, iniciara nuevos procesos de intervención, administración y venta o arriendo de bienes incautados.También quedó establecido que la liquidación quedaría a cargo de la Fiduciaria La Previsora S.A., que a su vez debía designar un apoderado de la liquidación y al equipo que fuese necesario para la misma.

El decreto fue claro en establecer los bienes a liquidar, entre los que se contaban los activos de la DNE, uno de ellos el edificio donde funcionaba y la cartera registrada en los estados financieros. Se estableció además cuáles bienes no estaban incluidos en la liquidación, y entre ellos estaba el apetecido inventario de los incautados a la mafia.

La administración de dichos bienes quedaba en manos del Ministerio de Justicia y el Derecho. Es decir, la SAE, la entidad creada para reemplazar a la DNE, era la que debía encargarse de manera inmediata de la administración del valioso inventario.

En el decreto también quedó establecida la conformación de una junta asesora, integrada por los ministros de Justicia, Hacienda, Defensa y un representante del presidente de la república. La junta tenía como función asesorar al liquidador y aprobar la estructura de la unidad de gestión que determinaría el liquidador para cumplir su misión.

Era ante esta junta que el liquidador, es decir La Previsora, debía entregar el informe final de la liquidación. Si este no era objetado, debía entonces levantarse un acta firmada por el liquidador y el Ministerio de Justicia y el Derecho, si había alguna objeción el liquidador debía hacer ajustes para proceder con el acta y su respectiva firma.

El día de la expedición del decreto de liquidación de la DNE, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, anunció de manera rimbombante que la abogada María Mercedes Perry estaría al frente del proceso, e incluso la presentó como la “liquidadora estrella”.

Los bienes recibió la DNE y los que entregó

A cinco meses del decreto y el anuncio, las cargas empezaron a acomodarse en el camino.

El 7 de febrero de 2012, el gobierno Santos expidió un decreto firmado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, con el que se le entregó a la DNE en liquidación, funciones administrativas sobre los bienes de la mafia.

Así las cosas, la “liquidadora estrella” María Mercedes Perry obtuvo la facultad de administrar, asignar y enajenar las propiedades.

El proceso de liquidación, que en noviembre de 2011 estaba proyectado a un año, terminó prolongándose hasta julio de 2014. En mayo de ese año, la Contraloría publicó los resultados de la auditoría vigencia 2013 de la DNE en liquidación. El ente de control encontró inconsistencias en los estados financieros a cuenta, según el informe, de inventarios sobreestimados y avalúos desactualizados o inexistentes, así como errores aritméticos en registros contables. La Contraloría manifestó en su momento que los estados contables no representaban la situación financiera de la DNE en liquidación.

En el informe técnico que dio pie a la liquidación de la DNE en 2011 fue incluido un inventario de bienes a cargo de la DNE, al compararse con el entregado por María Mercedes Perry en 2014, se encuentran diferencias importantes en el número de bienes reportados.

La liquidadora de la DNE, María Mercedes Perry, le dijo a CAMBIO que el proceso se extendió de 1 a 3 años, porque al llegar a la entidad encontró bases de datos inservibles, que tuvieron que ser creadas nuevamente. Dijo además que tuvo que visitar más de 2000 propiedades, una cifra dificil de creer porque significa que en los 1.134 días que duro la liquidación la señora Perry habría visitado dos propiedades diarias incluyendo sabados, domingos y festivos.

También dijo que  la DNE en liquidación, siguió recibiendo bienes, es decir que la entidad  siguió cumpliendo con la misión por la que había sido liquidada “Seguimos recibiendo bienes porque la SAE no tenía la infraestructura necesaria para hacer eso, además la SAE no tenía el dinero suficiente. La SAE ya estaba administrando otros bienes de la DNE que les habían entregado antes”.

Los procesos que enfrenta la liquidadora de la DNE

Perry, abogada de la Universidad del Rosario, ha sido también liquidadora de la Caja Agraria, el Banco del Estado, el Banco Cafetero y DMG.

Por su experiencia era tenida como “liquidadora estrella” pero enfrenta varios procesos judiciales como resultado de su trabajo. En las bases de datos de la Fiscalía, Perry aparece como indiciada en 11 noticias criminales por diversas conductas como falsedad en documento privado, estafa, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, peculado, prevaricato por acción y destrucción u ocultamiento de documento público.

Uno de esos procesos ya se encuentra en etapa de juicio y tiene que ver con su paso como liquidadora de la DNE.

Perry está siendo juzgada por la presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.Estando al frente de la liquidación, la abogada suscribió un contrato por 1.200 millones con una empresa de la que era miembro de la junta directiva.

Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, Perry ordenó que fuera contratada de manera directa  la firma Almagrario S.A. al respecto, en el escrito la Fiscalía le dijo “usted aún figuraba como miembro de la junta directiva de Almagrario y al mismo tiempo era liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, este hecho, configura una incompatibilidad para contratar con dicha sociedad de conformidad con el régimen constitucional y legal de inhabilidades e incompatibilidades”. 

Perry le dijo a CAMBIO que Almagrario ya contrataba con la DNE antes de la liquidación y cuando se suscribió el contrato ella ya no hacía parte de la junta directiva. Los documentos en poder de la Fiscalía indican otra cosa.

María Mercedes Perry también tiene una larga hoja de vida como liquidadora en la Superintendencia de Sociedades.

Allí  está al frente de procesos como  DMG, Mapaná S.A., Manatí S.A., La Luz del Retiro S.A., Inversiones Alejandro Jiménez S.A.S y Elite Internacional.

Recientemente en la Superintendencia le fue abierto a María Mercedes Perry, un incidente de remoción solicitado por el otrora secretario general de la Dirección de Estupefacientes y ahora litigante Santiago Morales.

La solicitud de Morales está basada en lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006, que dice que una misma persona no puede actuar como liquidador en más de tres procesos de manera simultánea. Según Morales, Perry habría logrado acceder a un número exorbitante y por fuera de la ley, de procesos de liquidación e intervención en la Supersociedades y para tal fin habría contado con el concurso de funcionarios de la entidad.

Entre 2008 y 2019 Perry ha estado a cargo de 31 procesos en la Supersociedades, lo que según Morales se habría traducido en honorarios superiores a los 8.500 millones de pesos y aseguró que en la actualidad funge como liquidadora en nueve procesos, superando en seis, el máximo permitido.

María Mercedes Perry le dijo a CAMBIO que en la actualidad está al frente de seis procesos de liquidación en la Supersociedades. Aseguró que al tratarse de liquidaciones de grupos empresariales de estos se desprenden otras sociedades, pero que todas hacen parte de un mismo proceso.

En este caso la Superintendencia le dio la razón a María Mercedes Perry quien sigue al frente de los procesos de liquidación adjudicados.

El 19 de mayo de 2020, Amalia Tirado Vargas, coordinadora de Gestión Jurídica Zona Norte de la Superintendencia de Notariado y Registro, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que iniciara investigación en contra de María Mercedes Perry.

Los hechos tienen que ver con las presuntas irregularidades en que Perry habría incurrido como agente liquidadora de DMG al incluir un lote de 60.000 metros cuadrados, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá, en los bienes destinados para la reparación de las víctimas de DMG.

Según las denuncias en contra de Perry, la inclusión del multimillonario predio llamado Las Mercedes, se habría hecho a través de falsedades, haciendo incurrir en error a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá.

Esas anotaciones en las que el lote pasó a manos de DMG en liquidación, fueron reversadas por la Oficina de Instrumentos Públicos, en respuesta María Mercedes Perry interpuso una demanda ante el Consejo de Estado por más de 55.000 millones de pesos, reclamando la devolución de los bienes.

En 2015 y también como liquidadora de DMG, las actuaciones de Perry suscitaron otra controversia jurídica, esta vez con la congregación de monjas dominicas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ellas eran propietarias del 50 por ciento de un lote avaluado en ese entonces en 19.000 millones de pesos.

Las monjas poseían el predio desde 1964, pero en 2007 decidieron vender el 50 por ciento a la firma Colbank. Colbank fue salpicada en el escándalo de DMG, al firmar una promesa de compraventa por el lote Las Mercedes. En 2012 la Superintendencia de Sociedades ordenó transferir el predio de las monjas a DMG en liquidación.

Pero en diciembre de 2014, la Fiscalía ordenó archivar el proceso de extinción de dominio y así el 50 por ciento del valioso lote volvió a manos de las religiosas.

Respecto a las múltiples denuncias radicadas en su contra, María Mercedes Perry le dijo a CAMBIO que era víctima de una persecución judicial y que tenía que ver con su contraparte en la controversia por los lotes de la Autopista Norte “es una persecución judicial, es un abuso del derecho, es que no es solamente contra mí y contra la Superintendencia de Sociedades, sino contra toda la justicia, ellos no respetan ninguna decisión. Sí esta les resulta contraria, ellos interponen una tutela, nunca se había visto esto”.

Perry insiste en la legalidad de su actuación en el embargo y secuestro de los lotes de la Autopista Norte, dice que la Fiscalía determinó que sus propietarios recibieron por su venta 23.000 millones en efectivo de manos de DMG, pero hasta ahora la justicia parece estarle dando razón a su contraparte.

Los vasos comunicantes entre los liquidadores de la Superintendencia de Sociedades y la SAE

Los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a su vez a la extinta DNE, tienen una función social: reparar a las víctimas del narcotráfico.

Con ese objetivo en mente, el gobierno de Gustavo Petro había hecho proyecciones para reparar a miles de víctimas con el valioso inventario de bienes de la entidad.

Pero al llegar allí, las cuentas y proyecciones de cuantos predios había empezaron a desbaratarse.

A cuentagotas se ha venido sabiendo que no se sabe a ciencia cierta dónde están todos los bienes incautados. También se han detectado ventas y arriendos por precios irrisorios y entregas de administración de inmuebles a personajes influyentes, como en el caso del general Rodolfo Palomino.

El escenario parece calcado de 2009, cuando empezaron a ventilarse los hechos de corrupción que llevaron a la liquidación de la extinta DNE.

Los escándalos y señalamientos de malos manejos de los bienes incautados a la mafia nunca cesaron, ni cuando la DNE existía, ni durante su liquidación, y menos ahora con la entidad que la remplazó.

Una serie de vasos comunicantes han empezado a evidenciarse entre la extinta DNE, la SAE y la Superintendencia de Sociedades.

El pasado 25 de octubre, La W Radio reveló que Camilo Bula, condenado por la defraudación de la DNE, había decidido prender el ventilador. Según Bula, varios de los depositarios que participaron en el desfalco de la DNE fueron posteriormente nombrados en la SAE.

Entre los mencionados por Bula están Adriana Betancourt, Daniel Zuluaga Cubillos y Herbert Giovanni Álvarez.

Curiosamente, estos tres depositarios también fungen como liquidadores en la Superintendencia de Sociedades.

CAMBIO hizo un barrido del listado de liquidadores vigentes a 2022 de la Superintendencia de Sociedades y encontró que ocho de ellos también han sido liquidadores en la SAE.

Ellos son Jairo Hernando Castañeda Monroy, Army Judith Escandón Rojas, Nelly Stella Perdomo Zambrano, René Arturo Ramírez González, Carlos Alberto Sánchez Rincón y Sergio Gerardo Santos Orduña. 

María Helena Giraldo Aristizábal, quien también es liquidadora en la Supersociedades, fue mencionada durante el escándalo del cartel de la toga. Giraldo fue representante legal de Fidupetrol, firma señalada de haber girado 500 millones de pesos a cambio de que se modificara un fallo de tutela en la Corte Constitucional.

El abogado Morales cree que hay ciertas actuaciones que se repiten en algunas de las liquidaciones de la SAE y de la Supersociedades. “El negocio radica en tener activos bajo el control de unas personas seleccionadas a dedo para que con el concurso de otras personas, los avaluadores puedan subvalorar los bienes que van a ser vendidos. Ahí aparece otra persona que es quien compra de manera fraudulenta, pagando por un bien subvalorado y con coimas de por medio”.

Aunque en la Supersociedades existe un listado de liquidadores, categorizados de acuerdo a su experiencia, hay otros que son nombrados de manera discrecional por el gobierno de turno, gracias al uso de un mecanismo excepcional.  Sin que  las denuncias o procesos judiciales vigentes parezcan afectar de manera alguna su elegibilidad.