Trasteos Barbosa

El súbito traslado de una fiscal de Bogotá al Putumayo después de citar a imputación a tres miembros de la familia Ríos Velilla, despertó una controversia sobre las políticas que viene aplicando el fiscal general Francisco Barbosa. Aunque el traslado/castigo ha llamado la atención por el presunto tráfico de influencias y la jerarquía de los involucrados, no es un caso aislado. De acuerdo con versiones de funcionarios de la Fiscalía, este tipo de decisiones administrativas, con sabor a retaliación, se han convertido en un modus operandi durante la administración Barbosa, para hacerle sentir su poder a quien no obedezca al jefe o incluso para evitar decisiones que toquen intereses políticos y corporativos de personajes influyentes. 

En los últimos tiempos han sido castigados con traslado el fiscal que manejaba el caso contra Esteban Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos; el fiscal auxiliar que sustanció la investigación contra Sergio Fajardo y había encontrado elementos a favor del candidato; la fiscal que tiene a su cargo el expediente relacionado con la empresa colombo venezolana, Monómeros; los investigadores de fraudes en las alcaldías de Quibdó, Bucaramanga y Popayán, e incluso funcionarias sin responsabilidad acusatoria que le dieron trámite administrativo a una denuncia presentada en Pereira y que menciona al actual contralor Carlos Felipe Córdoba.
 
De acuerdo con la ley, los fiscales son funcionalmente autónomos. Aunque administrativamente sean subordinados del fiscal general, en lo que tiene que ver con sus decisiones jurídicas son independientes. Ese principio de autonomía está a punto de convertirse en letra muerta. Muchos fiscales temen que sus decisiones choquen con el punto de vista de sus jefes. Su atención no está concentrada en hacer justicia, sino en evitar represalias. La experiencia muestra que fiscales que han decidido con independencia son trasladados para castigarlos, hacerlos cambiar de criterio o, incluso, para obligarlos a renunciar. 

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"Ese principio de autonomía está a punto de convertirse en letra muerta. Muchos fiscales temen que sus decisiones choquen con el punto de vista de sus jefes".

El primer síntoma de alarma fue un mensaje a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que envió su coordinador, Gabriel Ramón Jaimes. El WhatsApp, revelado por el abogado y columnista Ramiro Bejarano en El Espectador, era una clara seña de que en adelante tendrían que consultar sus decisiones: “Debo precisar que todos los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo (…) para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general de la Nación. Muchas gracias”. 

La instrucción de Jaimes es a todas luces contraria a la autonomía de los funcionarios investigadores y probablemente ilegal, ya que las normas consagran que los superiores jerárquicos no pueden hacer sentir su autoridad en decisiones de los fiscales subalternos.

Aún más grave resulta que la injerencia del fiscal Barbosa no paró en los fiscales delegados ante la Corte. Muy pronto esa intromisión empezó a sentirse en todos los niveles de la Fiscalía.

El hijo y la nuera de Luis Alfredo Ramos 

Esta historia arranca con un asesinato. Carlos Enrique Areiza había declarado ante la Corte Suprema de Justicia que, estando preso en la cárcel de Itagüí, recibió amenazas para que se retractara de sus declaraciones contra el expresidente del Senado Luis Alfredo Ramos. Areiza también aseguró que llamó a la oficina de José Obdulio Gaviria pidiendo clemencia. José Obdulio jamás le contestó, pero unos días después se apareció en la cárcel de máxima seguridad el abogado Jaime Restrepo, activista de extrema derecha conocido como el Patriota, diciendo que venía a hablar con él de su llamada a José Obdulio Gaviria.

Areiza aseguraba que el Patriota le hizo firmar unas hojas en blanco, que luego aparecieron como retractaciones suyas en manos de la defensa de Luis Alfredo Ramos. Además en las “hojas blancas” había ahora señalamientos contra el senador Iván Cepeda, que luego aparecieron en el proceso en su contra promovido por Álvaro Uribe. Cuando la Corte decidió cerrar el caso contra Cepeda y compulsar copias contra Uribe, recomendó proteger la vida del testigo Carlos Enrique Areiza.

Pese a las advertencias, y en cuestionada decisión, un fiscal y un juez aprobaron un extraño preacuerdo que sacó de la cárcel a Areiza sin ninguna protección. Unos días después lo mataron a tiros en Bello, Antioquia. El fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, se apresuró a decir que el crimen obedecía a un “lío de faldas”. Cuatro años después esa hipótesis no se ha comprobado.

El fiscal cuestionado se llama José Ignacio Umbarila y en poder de la Fiscalía hay pruebas de que recibió un tiquete aéreo pagado por Alejandra González, esposa de Esteban Ramos Maya y nuera de Luis Alfredo Ramos. El caso lo investigó por dos años el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Daniel Cardona. Encontró que había cruces de mensajes entre el fiscal Umbarila y el defensor de los Ramos, el controvertido abogado Leonardo Pinilla, alias el Porcino, quien luego sería condenado por su papel en el cartel de la toga.

Cuando las pruebas estaban a la vista y todo estuvo listo para tomar la decisión de imputar al hijo y a la nuera del poderoso político, así como al fiscal Umbarila, empezaron a suceder cosas extrañas. 

Gabriel Ramón Jaimes fue delegado por el fiscal Francisco Barbosa para conformar un Comité Técnico-Jurídico, a petición de la defensa de la familia Ramos. De acuerdo con las normas, los procesados no pueden pedir la conformación de esos comités. Sin embargo, en varias ocasiones, empezando por esta, ha sucedido así. Inmediatamente Jaimes le ordenó al fiscal Cardona congelar el proceso en estos términos: “Me permito indicar a usted, de manera respetuosa, se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o de impulso a la mencionada noticia, hasta tanto no se lleve a cabo el citado comité”.

Esto en la práctica significó la suspensión de las investigaciones. Pero ahí no terminaron las sorpresas. El fiscal Daniel Cardona recibió súbitamente una orden de traslado a Nariño, alegando “necesidades del servicio”.

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"Cardona recibió la noticia de su traslado a Nariño mientras estaba en la UCI acompañando a sus mellizos prematuros recién nacidos".

Aunque el fiscal general tiene la atribución de trasladar a sus funcionarios, la norma indica que debe atender, entre otras, circunstancias familiares para no producir desarraigo. Cardona recibió la noticia de su traslado a Nariño mientras estaba en la UCI acompañando a sus mellizos prematuros recién nacidos. Ante la disyuntiva entre cuidarlos o cumplir la orden de Barbosa resolvió renunciar.

Esa renuncia fue en octubre de 2020. El traslado justificado por “necesidades del servicio”, jamás se efectuó después de la renuncia del fiscal. Como se lo contó el exfiscal Daniel Cardona a Cambio: “Por derecho de petición, luego de renunciar, le pedí a la Fiscalía que me informara a quién habían trasladado para surtir la necesidad del servicio por la que me pedían en Nariño, pero la respuesta fue que a ese cargo no se había trasladado a nadie. La necesidad era que me fuera yo”.

De la Corte al Catatumbo

Hasta hace unas semanas, Jaime Zetien era fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia. Asistía al fiscal titular Leonardo Cabana en varios casos de “connotación nacional”, que en el lenguaje de la Fiscalía significa que afectan personas con visibilidad pública. Uno de estos casos era particularmente sensible porque involucra a Sergio Fajardo, candidato presidencial, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Jaime Zetien era el sustanciador del proceso. En esa calidad había conocido un informe técnico de Policía Judicial que demostraba que Fajardo no tenía responsabilidad en el detrimento patrimonial por coberturas cambiarias por el cual decidió acusarlo la Fiscalía de Barbosa. 

En lenguaje sencillo, le formularon cargos criminales a Sergio Fajardo porque una deuda en dólares contraída durante su gobernación creció como consecuencia de la devaluación del peso. Zetien sometió a consideración un informe elaborado por cuatro técnicos del CTI que demostraba que Fajardo no podía vaticinar el comportamiento cambiario en el momento de autorizar la deuda. Y que, si así fuera, habría que procesar criminalmente a todo aquel que hubiera suscrito un contrato en dólares.

Zetien estudiaba otros dos casos de alto impacto político, incluyendo una querella por injuria y calumnia contra el expresidente Álvaro Uribe y un proceso contra una alta funcionaria diplomática de carrera. De manera sorpresiva, recibió una resolución ordenando su traslado a Norte de Santander. Es decir, lo sacan de la más alta unidad de fiscales, para asignarlo a Cúcuta o, quizás, a una zona rural del Catatumbo. 

La identidad de la persona que lo va a reemplazar en la Corte da pistas claras sobre quién impulsó su remoción. Las funciones de Zetien fueron encomendadas a Maritza Herrera Orjuela, quien, al igual que Gabriel Ramón Jaimes, hizo parte del grupo de funcionarios de mayor confianza de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación. 

Jaime Zetien lleva años en la Fiscalía y ha tenido a su cargo casos tan sonados como el carrusel de la contratación. Su hermano Javier era investigador en la unidad delegada ante la Corte. Esta semana fue también removido de esa división.

En Barranquilla me quedo

La víspera de elecciones fue una jornada muy activa en la Fiscalía. El trabajo frenético no tenía que ver con los comicios del 13 de marzo. Ese sábado Luisa Fernanda Obando, delegada para la seguridad territorial y persona muy cercana a la vicefiscal Martha Mancera, le envió un oficio a Astrid Torcoroma Rojas, directora ejecutiva de la Fiscalía, pidiendo el traslado de dos fiscales. Es raro que esto pase un sábado, pero además, resulta especialmente curioso por los casos que manejaban las trasladadas.

La primera es Angélica María Monsalve Gaviria, la fiscal del caso Ríos Velilla, del que hablaremos más adelante. La segunda se llama Karol Manotas Ortiz y es fiscal delegada ante los jueces del circuito en Barranquilla. Ese sábado decidieron pedir su traslado a Caquetá. La labor de la fiscal Manotas no ha estado exenta de controversias, pero su súbito traslado no parece ser el resultado de esas polémicas, sino de sus decisiones en dos expedientes que tenía a cargo y que están relacionados con la empresa antiguamente llamada Monómeros Colombo-Venezolanos SA.

La fiscal Manotas investigaba el reemplazo de la junta directiva y la administración de la empresa que, a su juicio, fue irregular porque, con el pretexto de que el gobierno colombiano no reconocía como presidente a Nicolás Maduro, fue cambiada la administración presuntamente sin el cumplimiento de los estatutos societarios. Adicionalmente se cancelaron contratos y fueron indemnizados sus beneficiarios de manera irregular, según el criterio de la fiscal.

Monómeros no es una empresa petroquímica común y corriente. Es la segunda productora agroindustrial de Colombia y ha sido el escenario del combate entre Iván Duque y Nicolás Maduro en el área comercial. El régimen venezolano sostiene que, con un pretexto político, Colombia se está robando activos de ese país. Por lo demás, la crisis de Ucrania ha valorizado exponencialmente la industria de los fertilizantes y los fosfatos alimenticios para el ganado, que son justamente los renglones fuertes de producción de Monómeros.

Esa compañía ha sido considerada estratégica por el gobierno de Duque y la fiscal Manotas había concluido que la razón judicial la tienen los administradores venezolanos. Una posición que es impopular políticamente pero que parece tener un fuerte fundamento jurídico. Como sea, es probable que la fiscal Manotas jamás pueda sustentar su punto de vista porque días después de su decisión le fue notificada una resolución ordenando su traslado a Caquetá, como siempre, argumentando, “necesidades del servicio”.

Secretos y secretarias

Lina Marcela Cuervo no es fiscal. Era una funcionaria administrativa que se dedicaba, por rutina, a clasificar las denuncias que llegaban por ventanilla a la sede de la Fiscalía en Pereira. Las trasladaba al puesto de trabajo de atrás, en donde su compañera, Viviana Julieth García, les ponía el sello de recibido, después de revisar que cumplieran los requisitos formales. Todo sucedía en la pomposamente llamada “Mesa de Control” de la Fiscalía Seccional de Risaralda. Las secretarias copiaban la información de portada en un formato de los que alimenta la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA.

Una denuncia contra responsables indeterminados en averiguación mencionaba al contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba, en el caso de la compra de un inmueble para la Contraloría en Pereira, su ciudad natal. Las funcionarias anotaron el nombre de Córdoba y su documento de identidad, atribuyéndole la condición de indiciado.

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"A una la mandaron al Guainía y a la otra al Cauca. ¿La razón? 'necesidades del servicio'".

Como si faltaran complicaciones en esta carrera de errores honestos, el supervisor de las secretarias estaba de licencia y así terminó, por unas horas o días, el nombre del contralor en el SPOA. La equivocación se solucionó de manera sencilla, bastó con actualizar el sistema, pero las consecuencias siguieron persiguiendo a las secretarias: a una la mandaron al Guainía y a la otra al Cauca. ¿La razón? “necesidades del servicio”.

En lugar de abrir una investigación disciplinaria para determinar si debían ser sancionadas, el castigo llegó por la vía rápida del traslado/castigo.

La de la ventanilla está en Puerto Inírida, Guainía, desde diciembre del año pasado. Había ganado en primera instancia una tutela, pero el Tribunal de Risaralda revocó la decisión y confirmó su destierro. La de la mesa logró quedarse en Pereira, argumentando razones de salud. Muchos consideran que la decisión fue excesiva, sin debido proceso y nadie piensa que fuera inspirada en verdaderas “necesidades del servicio”; solo en la ira de alguien poderoso en Bogotá.

Ríos caudalosos

El ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez; el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y el multimillonario empresario Alberto Ríos Velilla son los protagonistas principales en otra insólita trama de presiones y presunto tráfico de influencias. Trataban de que una fiscal cambiara su decisión de imputar cargos criminales a Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos, y a sus dos hermanos, Carlos y Francisco Javier Ríos Velilla, beneficiarios de la multimillonaria concesión para recaudar los pasajes de TransMilenio.

La fiscal que denunció las presiones se llama Angélica Monsalve y le contó al periodista Juan David Laverde, del Canal Caracol, todo lo que empezó a suceder después de su decisión.

En W Radio la fiscal Monsalve narró que su desgracia empezó con una gentil invitación del rector de la Sergio. Rodrigo Noguera le dijo que Néstor Humberto Martínez y Alberto Ríos le estaban pidiendo su mediación para ayudar al exconcejal Felipe Ríos. Adicionalmente la fiscal Monsalve asegura que el rector le entregó un papel con una primitiva argumentación sobre el caso, cuya autoría Noguera le atribuyó a Darcy Quinn, la compañera sentimental de Alberto Ríos.

Angélica Monsalve, fiscal delegada ante los jueces del Circuito de Bogotá, se negó a cambiar su decisión de imputar. El 14 de marzo, sin que se lo esperara, recibió la resolución de la Fiscalía comunicándole su traslado a Putumayo. Traslado que ella, el sindicato de la Fiscalía y Diego García Sayán, el relator para la independencia judicial de las Naciones Unidas, consideran un castigo injusto para una funcionaria que está cumpliendo con su deber frente a personas ricas e influyentes.

Cuando algunos de los protagonistas de la trama empezaron a negar las afirmaciones de la fiscal, se encontraron con la sorpresa de que existen grabaciones, documentos y fotografías que respaldan lo dicho por la funcionaria y desnudan una operación de tráfico de influencias de alto nivel.

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"Es imposible investigar un caso internacional de corrupción y ocultamiento de beneficiarios reales de la inversión desde el Putumayo".

Ante el cúmulo de evidencias, la Fiscalía, que inicialmente había dicho que el proceso contra los Ríos sería dividido y entregado a ocho fiscales, optó por mantenerlo en manos de la fiscal Angélica Monsalve. Sin embargo, se mantiene la orden de traslado al Putumayo. La figura es impracticable porque, si en Bogotá y con la fiscal cerca, el proceso ha sufrido las presiones que están a la vista, es inimaginable lo que puede pasar si la acusadora tiene que trabajar desde la remota Mocoa. Cuando un fiscal es trasladado se queda sin el equipo de Policía Judicial que respalda sus investigaciones. Es imposible investigar un caso internacional de corrupción y ocultamiento de beneficiarios reales de la inversión desde el Putumayo. Así, cuando se traslada a un fiscal, además de castigar al funcionario, se garantiza que los procesos expiren por muerte cobarde, marchando inexorablemente hacia la prescripción. 

El caso está empezando a desatar una especie de efecto dominó entre funcionarios del ente acusador, que han vivido bajo un régimen de silencio y miedo en la administración de Francisco Barbosa. El sindicato que agremia a trabajadores judiciales, Asonal Judicial, señaló que, además de los fiscales mencionados en este artículo, otros han corrido una suerte similar: entre ellos Luis Ariel Rodríguez, fiscal especializado anticorrupción, trasladado de Bucaramanga a Chocó; Francisco Alejandro Rojas fiscal seccional de Antioquia trasladado a Nariño; Pedro Inocencio Rentería y Juan Carlos Galeano Menas fiscales de Quibdó movidos al Amazonas. 

Según Asonal Judicial los mecanismos de presión a los fiscales son varios: “Los traslados obligan a abandonar casos exitosos en fases procesales delicadas sin garantía de que en corto tiempo el fiscal que asume puede abordarlo con igual dominio y conocimiento, generando en muchas ocasiones afectaciones a la labor del ente acusador y el ideal de lograr justicia”.

La “Ley” Néstor Humberto

El recorte gradual de la autonomía de los fiscales se había iniciado en la administración de Néstor Humberto Martínez. Él impulsó la controvertida figura de los Comités Técnico-Jurídicos que en la práctica son instancias adicionales que convierten en colegiada la decisión de los fiscales que en teoría es individual. La figura contradice lo que ordena la ley: “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” (Ley 270 de 1996, artículo 5).

En 2017, la Fiscalía reglamentó los Comités Técnico-Jurídicos de Revisión de las Situaciones y los Casos. La resolución de Néstor Humberto Martínez habla de respetar la autonomía, cuando en realidad le da a esos comités autoridad sobre los fiscales y al fiscal general el poder de constituirlos del tamaño que lo decida, para terminar imponiendo sus puntos de vista sobre el de los funcionarios instructores a través de mayorías armadas por el jefe del ente acusador o su delegado.

La resolución ordena que las decisiones del comité sean obligatorias y, con singular opacidad, determina que sus actas no estén a la vista de las partes del proceso y puedan permanecer ocultas para siempre. Hasta ese momento el documento público que tenía más años de reserva eran las actas del Consejo de Ministros, que deberían permanecer en secreto por treinta años. Por un plumazo de Néstor Humberto Martínez, las actas de sus Comités Técnico Jurídicos están protegidas por un secreto perpetuo. 

La norma, que de por sí era mala, terminó peor por la interpretación que le dio Francisco Barbosa, quien en varios casos le ha concedido a procesados la posibilidad de citar Comités Técnico Jurídicos. Es decir, que los imputados por delitos empezaron a gozar, por cuenta de la lectura de Barbosa, de una instancia adicional. El enorme poder de la Fiscalía la ha mantenido en el ojo del huracán la mayor parte de su historia. Pero quizás nunca, como ahora, habían surgido tantas dudas simultáneas sobre la imparcialidad, la idoneidad y la honestidad de las decisiones tomadas por el ente acusador.