Un empresario con cuarto de primaria lucha contra los poderosos que van por el Canal del Dique
Sacyr hace parte mayoritaria del consorcio SH, que construye las obras de infraestructura de la autopista Pasto-Rumichaca.
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
La firma Sacyr, que disputa la licitación del Canal del Dique, hace parte del consorcio SH, que le debe a un pequeño contratista alrededor de 3.000 millones de pesos en facturas.
Por: Iván Serrano
Alfonso García tiene 59 años y no ha parado de trabajar desde que tenía 14. A los 16, quedó huérfano y tuvo encima el enorme peso de sacar adelante a su familia, empresa que no fue fácil. Alfonso solo cursó hasta cuarto de primaria, cuando inició su vida laboral haciendo carbón de leña, sembrando papa y fumigando. “Gracias a Dios, de cada 10 pesos que he tenido, he ahorrado 4, y gracias a eso he logrado tener alguna cosita”, afirma.
La primera maquinaria que Alfonso compró fue una vieja volqueta que adquirió gracias a un préstamo que le hizo una persona cercana a su familia. “Había gente que le tenía confianza a uno y le iba prestando platica a interés y uno iba pagando y saliendo de la deuda, siempre quedando bien. En esa época, no tenía vida crediticia y los bancos no me prestaban”. Ahorrar, honrar sus deudas, invertir y trabajar duro terminó dando frutos. Alfonso puso en marcha una próspera empresa de equipos de maquinaría pesada que en su mejor momento tuvo a cargo 120 empleados y 32 vehículos.
La oportunidad de la vida
En 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó el contrato para la construcción de la autopista Rumichaca-Pasto al Consorcio Unión Vial del Sur, conformado por la empresa española Sacyr y la ecuatoriana Herdoiza Crespo, ahora Sudinco.
Esta es la obra de infraestructura más importante del sur del país de los últimos años y hace parte del grupo de vías 4G. El proyecto consiste en la rehabilitación de 15,7 kilómetros de vía entre Rumichaca y San Juan de Ipiales, y la construcción de 62,1 kilómetros de doble calzada, además de 7 puentes vehiculares y 12 retornos. El valor de la obra –en una vía que es fundamental para el comercio y la comunicación con Ecuador– asciende a 575 millones de dólares.
Según cifras del contratista a cargo de la ejecución del ambicioso proyecto, este ha generado más de 4.200 empleos directos, de los cuales el 80 por ciento ha sido a personas de la región. Que la empresa de Alfonso García fuese subcontratada en este megaproyecto supuso para él una de las oportunidades de negocios más importantes de su vida.
El concesionario Unión Vial del Sur firmó, a su vez, un contrato con el consorcio SH, que también está conformado por Sacyr, con 60 por ciento de participación, y Sudinco, que participa con el 40 por ciento restante.
SH tiene a su cargo la elaboración de diseños y la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto. Fue con este consorcio, SH, con el que Alfonso García firmó cuatro contratos para el transporte de materiales. “Ellos fueron muy buenos pagadores hasta cierto punto, y comenzaron colgándose con los pagos uno, dos, tres meses, pero a la final me pagaban y me cumplían con lo que decían, pero al terminar la obra hicieron un montaje muy bien hecho para llevarse más de 7.000 millones de pesos”, le aseguró Alfonso García a CAMBIO.
La relación comercial entre el pequeño contratista y el coloso consorcio terminó en una disputa en estrados judiciales en la que García le reclama a SH el pago de unas facturas que, según Javier Muñoz, apoderado de García, suman un valor cercano a los 3.000 millones de pesos, y unos costos por presuntos daños y perjuicios por 29.000 millones. “Esas facturas tenían como fecha de pago octubre de 2021; no fueron pagadas y se inició un proceso a finales del año 2021 que fue admitido por el Juzgado 51 Civil del Circuito a principios de este año”, le dijo el abogado Javier Muñoz a CAMBIO.
A su vez, el consorcio SH le reclama a Alfonso García 14.630 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios, en un proceso que se adelanta a través de un laudo arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los argumentos de SH
El consorcio sostiene que la empresa del señor García se había comprometido a proveer los vehículos y personal suficiente para cargar materiales que luego serían llevados hasta los frentes de obra. En ese sentido, los trabajadores de García debían estar disponibles en dichos frentes durante las jornadas diarias establecidas en los contratos. Según SH, la ejecución de dichas tareas transcurrió en relativa normalidad hasta el 16 de septiembre de 2021, fecha en que, según SH, la empresa de García dejó de cumplir el contrato y “abandonó de manera injustificada y arbitraria su ejecución”. Esto habría causado graves perjuicios al consorcio.
Al ser consultado por CAMBIO, García contó que entre el 1 y el 15 de septiembre SH no le expidió a su empresa constancia de los trabajos realizados durante estas dos semanas. Estas constancias, que son llamadas vales de trabajo, son con las que los subcontratistas solicitan los pagos al consorcio. Sin vales de trabajo no hay cómo cobrar.
Al no existir dichos vales, García asegura que avisó a sus interlocutores en SH que le era imposible presentarse a trabajar el día 16. A García ese día le entregaron los vales pendientes, pero él dice haber presentado una carta de renuncia al consorcio.
García afirma que SH le hizo una nueva invitación a trabajar, la que él aceptó, pero, según García, sus vehículos no fueron admitidos de nuevo en la obra y a él no lo volvieron a atender. “Me quitaron la entrada a la empresa, nunca supe por qué me echaron del trabajo, por qué no me pagaron. Y algo más grave, señor periodista, es que los señores se gastan en la Cámara de Comercio 2.300 millones de pesos y honorarios de abogados y me mandan una demanda por 14.000 millones de pesos”.
Las facturas de García
SH, el consorcio formado por Sudinco y la poderosa firma española Sacyr, incluye una cláusula en los contratos firmados con sus proveedores, en la que queda establecido que las diferencias entre las partes sean dirimidas por un laudo en Cámara de Comercio; lo cual implica que las reclamaciones ante la justicia ordinaria le quedan restringidas a los contratistas.
Voceros de Sacyr le dijeron a CAMBIO que prefieren el escenario de los laudos arbitrales que el de la justicia ordinaria porque allí los procesos son más rápidos y porque, además, los conjueces son profesionales especializados en las áreas en las que deciden. Los mismos voceros también le dijeron a este medio que a la fecha no han tenido ningún fallo adverso en dicho tribunal.
Alfonso García, el hombre con apenas cuarto de primaria, hizo una operación comercial que terminó trasladando la controversia por el pago de las facturas ante un juez civil. García cedió las facturas pendientes de pago por parte de SH a su hijo, para que este hiciera las reclamaciones respectivas.
Esta operación fue protestada por el equipo jurídico de SH, que alegó presuntas irregularidades en la maniobra y ha sostenido que detrás de la misma lo que había era una intención de García de que sus reclamaciones fueran decididas en un tribunal diferente al acordado en los contratos.
Pero el juez 51 Civil del Circuito desestimó los argumentos jurídicos del poderoso consorcio y no solo le halló la razón al hijo de Alfonso García, en su derecho a reclamar el pago de las facturas, sino que ordenó el embargo de cuentas y un inmueble de SH.
Al menos existen otros dos casos de pequeños contratistas que también se quejan del no pago de obligaciones pendientes por parte de SH. Al respecto, voceros del consorcio aseguraron que tienen tratos comerciales con alrededor de 900 empresas y que estas reclamaciones son casos excepcionales y que no llegan a más de tres.
En el siguiente enlace pueden ver el comunicado del consorcio SH.
La poderosa Sacyr
En el pleito que hoy tiene al señor García ante dos tribunales se encuentra inmersa la poderosa Sacyr, empresa que controla el 60 por ciento del consorcio SH y Unión Vial del Sur. Sacyr fue recientemente sancionada junto a otras constructoras españolas con una multa de 16,7 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. La sanción obedece a presuntas prácticas anticompetitivas por parte de la constructora española.
En 2017, Sacyr fue señalada de “frenar” el proyecto de vías de cuarta generación con el argumento de la aparición de materiales que encarecían las obras. El consorcio del que hacía parte Sacyr para la construcción de la vía Puerto de Hierro-Palmar de Varela demandó ante un tribunal de arbitramento.
Sacyr también hizo parte del consorcio Commsa, que tuvo a su cargo la ejecución de la troncal del Magdalena Medio, hoy conocida como Ruta del Sol.
Ese proceso también terminó en demandas y en esa ocasión la concesionaria debió pagarle al Invías más de 120.000 millones por incumplimientos. La española también ha protagonizado litigios en Panamá.
Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de adjudicación de las obras del Canal del Dique, uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia reciente del país y cuyo valor asciende a los 3,2 billones de pesos.
Dicha adjudicación fue suspendida a días de terminar el gobierno de Iván Duque, en medio de señalamientos por parte de órganos de control y comunidades afectadas por la obra.
Hace unos días, el juez sexto administrativo del Circuito de Cartagena levantó la medida cautelar que detenía el proyecto del Canal del Dique. Dicha medida había sido dictada en el marco de una tutela interpuesta por las comunidades del Consejo Comunitario de Hato Viejo (Bolívar).
Así las cosas, las puertas están abiertas para que las obras del Canal del Dique sean ejecutadas por Sacyr, la empresa española con amplia experiencia en construcción y en laudos arbitrales.
