Estuvieron cerca de la muerte: las víctimas que ahora son funcionarios del gobierno de Gustavo Petro
El gobierno de Petro tiene entre sus alfiles a algunas mujeres y hombres que han vivido en carne propia la violencia del conflicto armado. Ahora, desde sus oficinas en altos cargos públicos, tienen como tarea trabajar para conseguir que ningún colombiano viva situaciones similares. Estas son sus historias.
Por: Lina María Cuitiva
Francia Márquez
La vicepresidenta de Colombia ha sido víctima múltiples veces de atentados a su vida por su activismo ambiental y apoyo a comunidades vulnerables.
En 2012 Márquez fue desplazada de su querido Suárez, Cauca, luego de unas reiterativas amenazas materializadas en llamadas intimidatorias o panfletos. La lideresa social se vio obligada a abandonar su hogar en la vereda La Toma por una suma de factores, entre su ferviente lucha por el cuidado de los recursos naturales de su territorio y estar ubicada en un municipio que quedó en medio de los enfrentamientos del Ejército y grupos armados criminales.
Otro de estos violentos episodios ocurrió en 2019, cuando participaba de una reunión en Santander de Quilichao con integrantes de consejos comunitarios, incluida Clemencia Carabalí (actual consejera presidencial para la equidad de la mujer) para planear una negociación de la minga indígena con el Gobierno. Hombres armados atacaron al grupo de líderes sociales con granadas y disparos, ninguno de los activistas sociales resultó herido, pero dos escoltas del UNP sí. Por el hecho fue capturado un menor de edad de 17 años señalado de ser responsable de activar el artefacto de fragmentación. Según testigos del atentado los hombres armados se identificaron como pertenecientes a las Farc. Días atrás integrantes de la minga habían recibido amenazas por parte de paramilitares.
Poco después de ser nombrada fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Márquez denunció haber recibido tres amenazas a su vida por parte de grupos armados.
Iván Velásquez
El hoy ministro de Defensa fue varias veces intimidado por los gatilleros de Pablo Escobar cuando se le encomendó recolectar pruebas sobre los actos delictivos del jefe del cartel de Medellín, mientras trabajaba en la Procuraduría. En una ocasión, Escobar hizo pública una carta donde amenazaba a Velásquez y a otros funcionarios de ser blanco de ataques con dinamita.
A finales de los noventa, fue amenazado cuando le seguía el rastro al paramilitarismo en Antioquia mientras era fiscal regional. Según contó en entrevistas, uno de los episodios más difíciles de su carrera fue la revancha tras un megaoperativo de allanamiento de la Fiscalía en el parqueadero Padilla de Medellín, que dio con reportes contables sobre sueldos a paramilitares, relaciones económicas y otras informaciones relevantes. Tras el gran hallazgo, los paramilitares asesinaron a tres de los funcionarios, compañeros cercanos de investigación de Velásquez, que estaban tras la pista de las organizaciones criminales de autodefensa.
El ministro de Defensa es conocido por su recia lucha contra la parapolítica (casi 50 políticos condenados por sus investigaciones) desde la Corte Suprema de Justicia cuando era magistrado auxiliar, en esa época su vida fue tocada nuevamente por el vergonzoso brazo del paramilitarismo.
Velásquez fue víctima de un complot judicial para calumniarlo, así lo dictaminó la Fiscalía en 2008. A alias Tasmania, exjefe del bloque suroeste de las AUC, le pagaron para que vinculara falsamente al entonces magistrado con una presunta manipulación de testigos; ese excabecilla paramilitar dijo que el hoy ministro de Defensa le había hecho un ofrecimiento de reducir en su pena a cambio de ‘ensuciar’ en sus testimonios al entonces presidente Álvaro Uribe. Nunca hubo pruebas. Todo ocurrió justo en medio de las investigaciones de la Corte Suprema contra Mario Uribe Escobar, primo del expresidente y excongresista al que terminaron condenando por nexos con paramilitares.
En 2012 fue relevado de su cargo como coordinador de investigaciones de la Sala Penal, razón por la cual renunció a la Corte días después. El traslado de Velásquez fue criticado por tener tintes de persecución política.
Clemencia Carabalí
Reconocida internacionalmente por su liderazgo social en Cauca, Clemencia Carabalí ha trabajado la mayoría de su vida por las mujeres de su región y la defensa de los derechos humanos de las comunidades afro.
La ahora alta consejera presidencial para la equidad de las mujeres creció en el corregimiento de La Balsa, en Buenos Aires. Allí, fue testigo de la sangrienta avanzada paramilitar en el norte del Cauca y recuerda especialmente cuando en 2001 varios hombres armados perpetraron la masacre de El Naya, una barbarie en zona limítrofe con el Valle del Cauca, en la que fueron asesinadas más de un centenar de personas –según la comunidad– en un salvajismo que llevó varios días.
Para mitigar el desplazamiento que provocó la matanza, Carabalí lideró espacios comunitarios que le apuntaban al resurgimiento de la región a través del desarrollo rural a manos de mujeres, este tipo de liderazgo le costó a la caucana señalamientos por parte de grupos paramilitares que la encasillaban equivocadamente de ser integrante de las Farc o colaboradora de esa guerrilla.
Para profundizar
La alta funcionaria presidencial contó en una entrevista para el programa Mesa Capital con Alfredo Molano Jimeno la triste anécdota de la pérdida de su bebé de 7 meses de gestación una noche en que los paramilitares llegaron a su casa a hacer preguntas intimidantes. El miedo y el estrés de la situación le provocaron un parto prematuro que no pudo ser asistido médicamente debido al tajante toque de queda que prohibía, con amenaza de muerte, que cualquiera estuviera en las calles mientras era de noche, así necesitara ir a un centro médico.
Este oscuro episodio, sumado a las constantes amenazas de grupos armados, desembocaron en que ella y su familia tuvieran que huir del territorio.
En abril de 2022, a menos de cinco meses de ser designada en un cargo público por el presidente Gustavo Petro, Carabalí, ganadora del premio Woodrow Wilson por sus años de servicio comunitario, denunció ante medios de comunicación tener nueve amenazas en su contra por parte de grupos armados.
Danilo Rueda
A Danilo Rueda, ahora comisionado de paz en el gobierno de Petro, su trabajo como coordinador de la CIJP, una organización conformada por iglesias que expone casos de violaciones a los derechos humanos en las regiones más afectadas por el conflicto armado, le costó estar en la mirada intimidatoria de los grupos al margen de la ley.
La ONG internacional Front Line Defenders registró dos episodios en los que Rueda estuvo directamente expuesto a amenazas. En 2011, su casa fue allanada por desconocidos que robaron documentos y USB que contenían información relevante obtenida por la CIJP, sobre presuntas operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares. El hecho ocurrió días después de haber sido perseguido y hostigado por sospechosos en motocicletas.
En 2013, recibió en su buzón cartas con amenazas directas de muerte. Incluso los mensajes intimidatorios llegaron a casas de sus familiares, en uno de ellos se leía: “Siga jodiendo con escritos y se muere como su papá”. En años posteriores Rueda denunció ser perseguido por personas extrañas, algunos con “corte militar”, mientras sostenía encuentros públicos relacionados con su trabajo en Bogotá; su equipo de seguridad reaccionó con rapidez.
Para profundizar
Leonor Zalabata
En 2000, uno de los años más crudos del conflicto armado en Colombia, a Leonor Zalabata y otros miembros visibles arhuacos fueron amenazados por las Farc y los paramilitares, según la actual embajadora de Colombia ante la ONU, debido a los esfuerzos que hacía para evitar el oleaje de reclutamiento forzado que azotaba su comunidad indígena.
En los diálogos de paz en el Caguán, Zalabata le puso la cara al secretariado de las Farc para explicarle que los arhuacos, por su cultura y tradición, no participaban en conflictos, mucho menos externos a su círculo, razón por la cual pedía que cesara el reclutamiento contra su gente. Según contó en una entrevista para la revista Bocas, su petición fue bien recibida y hubo una comunicación con el bloque norte para parar ese flagelo contra jóvenes y niños indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
