Kits electorales

Bodega de almacenamiento de kits electorales de la Registraduría Nacional.

Crédito: Camila Díaz/Colprensa

6 Marzo 2022

Gula tolimense

En el Tolima, cuarto departamento con mayores reportes sobre compra y venta de votos en el país, se dan todas las modalidades de fraude electoral. Sin embargo, las denuncias muchas veces no reflejan la verdadera magnitud de los delitos electorales, pues algunos no saben a dónde acudir para denunciar o guardan silencio por temor a represalias.

Por Olga San Martín

En su momento, las noticias generaron consuelo en algunos ciudadanos tolimenses que se sintieron aliviados al enterarse de que al fin se impartía justicia: en 2019 fueron condenados por compra de votos Héctor Padilla Barragán, alcalde de Valle de San Juan, Tolima, entre 2014 y 2018, y su recién elegido sucesor, Daniel García Castillo, hijo del excongresista Gonzalo García Angarita, condenado en 2020 por concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravado. A finales de 2020, el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena a 48 meses de prisión contra Pablo Emilio López Trujillo, exalcalde de Alvarado, Tolima, por el delito de corrupción de sufragante, ocurrido en 2014.

El regocijo producido por estas noticias duró poco. En las semanas previas a las elecciones del próximo 13 de marzo comenzaron a reaparecer con fuerza las quejas, la mayoría de ellas en voz baja, sobre la reactivación del engranaje para la compra y venta de votos.

El Tolima es el cuarto departamento de país con mayores reportes sobre compra y venta de votos, mientras que Ibagué ocupa el noveno lugar entre la lista de las principales ciudades, según reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Sin embargo, “estos reportes no reflejan la realidad porque la gente no tiene información sobre qué y cómo denunciar o teme hacerlo por posteriores represalias”, explica Danilo Sepúlveda, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. La organización creó en su página web el canal 'Pilas con el Voto', que sirve de intermediario entre el denunciante y el Ministerio del Interior para que se adelanten las investigaciones pertinentes, protegiendo la identidad de quien reporta, pero las denuncias son escasas.

Para la MOE es muy difícil medir el impacto de los delitos electorales. “No necesariamente el aumento de actividades para compra y venta de votos se refleja en el número de denuncias. No tenemos cómo medir si estos delitos han aumentado o disminuido, pero sabemos que se agudizan en territorios con estructuras políticas muy arraigadas, clientelares, donde es común el constreñimiento al sufragante, como sucede en el Tolima”, agrega Sepúlveda.

Gonzalo Angarita
El excongresista Gonzalo García Angarita, condenado en 2020 por concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravado. Crédito: Colprensa

Con mayor frecuencia en zonas rurales, el día de las elecciones es usual encontrar irregularidades por parte de autoridades electorales, tarjetones que se agotan, debilidades en capacitación de personal, pero es la corrupción al sufragante la segunda actividad delictiva más reportada: constreñimiento, compra y venta de votos, presiones al votante, indebida participación en política.

En el Tolima se dan todas las modalidades de fraude electoral, principalmente en los municipios y en las zonas rurales donde los mecanismos funcionan mejor porque todos se conocen y los controles son inexistentes. La MOE ha reportado las poblaciones de mayor riesgo para elecciones a la Cámara y el Senado: Ambalema, Coyaima, Icononzo, Mariquita, Murillo, Villahermosa, Armero-Guayabal, Villarrica, Casabianca, Cajamarca, Valle de San Juan, San Antonio, Planadas y Alpujarra. La trashumancia electoral se alerta en Ambalema, Natagaima, Santa Isabel, Suárez y Villarrica, donde el número de cédulas inscritas supera la población reportada por el Dane.

La denuncia más reciente, publicada el pasado 19 de enero por el diario www.elolfato.com, la hizo un ciudadano que captó el momento en el que “una camioneta con letreros de la campaña del candidato al Senado, Óscar Barreto Quiroga, por el Partido Conservador, llevaba decenas de mercados para la presunta compra de votos en el barrio La Pola”, uno de los más vulnerables de esa ciudad. Esta metodología, la de los mercados a cambio de votos, se ha convertido en toda una costumbre y, lejos de considerarse un delito, es aceptada como una dinámica natural por políticos y ciudadanos.

La mayor corrupción electoral sucede en gran parte de los 47 municipios más vulnerables del Tolima y en los barrios más pobres de Ibagué. Ofrecen toda clase de materiales de construcción, mercados, abonos para cultivos y hasta drogas. Pero lo que más funciona es el dinero en efectivo; al igual que los productos de la canasta familiar, el precio del voto también ha subido en el Tolima: en las pasadas elecciones se pagaban entre 50.000 y 80.000 pesos por voto, a hoy 'cobran' entre 80.000 y 120.000 .

Tolima no es ajeno a la “sofisticación” de las estrategias para corromper al electorado. Los políticos corruptos han adaptado sus artimañas para evadir los diferentes controles de las autoridades. En segundo plano han quedado los tradicionales “mochileros”, líderes dedicados a la consecución fraudulenta de votos, y ha tomado fuerza un dispositivo más eficiente, más moderno.

Oscar Barreto
Óscar Barreto Quiroga, candidato al Senado por el Partido Conservador. Crédito: Colprensa

Las fuentes consultadas coinciden con que siguen vigentes los métodos tradicionales para corromper a los sufragantes, que a los llamados activistas les ofrecen 90.000 y 120.000 pesos para abordar incautos electores el día de las elecciones, pero que estos son apenas “los refrigerios”.

Ha habido un proceso de refinamiento a través del cual se obtiene el grueso de los votos comprados, sin tanto desgaste, a través de mermelada a contratistas de obras públicas que invierten grandes sumas de dinero en la compra de votos para asegurar los futuros contratos. La MOE denuncia otra modalidad que se dio en las elecciones pasadas. Hasta la fecha de cierre de este artículo, a pesar de las reiteradas solicitudes a la Registraduría, a la MOE no le había sido posible tener acceso al software de asignación de jurados de votación para hacer un proceso de verificación con las veedurías y los partidos para saber cómo se llevan a cabo los sorteos. “El software fue manipulado en  las elecciones de 2018 a través de empresas que se postulaban con 50 empleados y posteriormente aparecían listas de 150; queríamos evitar la compra de votos a través de los jurados de votación, situación frente a la que también es vulnerable el Tolima”, puntualiza Sepúlveda.

El departamento no se queda atrás en las estrategias de vanguardia para la compra de votos y es un secreto a voces que tiene su propio clan desde hace varias décadas, tan poderoso como el de los Char en Barranquilla. Representado por el barretismo, cuyo fundador es Óscar Barreto, este clan ha sido denunciado por presuntos actos anómalos como nepotismo, manejos irregulares de recursos y compra de votos.

Solo la espuma es voto de opinión

Guillermo Pérez Flórez, periodista y candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, ha denunciado públicamente la corrupción electoral en el departamento. Ha visto contratación de pregoneros y manipulación de testigos electorales, que se venden por unos 100.000 pesos al día. A los electores les exigen tomarle foto al tarjetón.

Resalta la compra de líderes de las comunidades y el saqueo electoral por Circunscripción Nacional Electoral, “porque, afirma Pérez Flórez, son los candidatos a la Cámara quienes hacen campaña a los aspirantes al Senado, no siempre de manera legítima. Hay mecanismos para denunciar la extorsión y el constreñimiento electoral, pero la gente no denuncia para no autoincriminarse puesto que la ley castiga tanto al que compra el voto como al que lo vende”.

Según Guillermo Pérez Flórez, a empleados y contratistas del sector público les exigen entre 20 y 30 nombres de personas que voten por determinados candidatos, les piden números de cédula, datos personales y mesas de votación.

Son comunes en Ibagué las órdenes impartidas para aumentar los contratos de prestadores de servicios en el sector público, “convertidos en instrumento de esclavitud política", dice Pérez Flórez. Antes de la vigencia de la Ley de Garantías, la Alcaldía de Ibagué expidió 1.300 órdenes de prestación de servicios, pero estas personas no trabajan, no van a las oficinas, se dedican a hacer campaña ofreciendo prebendas”.

Agrega que a empleados y contratistas del sector público, para continuar con sus cargos, les exigen entre 20 y 30 nombres de personas que voten por determinados candidatos, les piden números de cédula, datos personales y mesas de votación. Con esa información montan un esquema que les permite saber cuántos votos obtendrán. Y no se quedan atrás las esposas de los funcionarios públicos que, impedidos para participar en política, acuden a sus señoras para organizar reuniones y captar votos a cambio de favores.

“El transporte para el día de las elecciones ya está contratado por cerca de 40.000 millones de pesos y 35 municipios no reglamentaron el uso del espacio publico. Es necesario revisar el origen de los recursos de cada candidato. ¿Cómo no va a haber compra y venta de votos en cantidades alarmantes si el tope de las campañas para cada una de las listas de los candidatos al Senado es de 96.215 millones de pesos? Participan en la compra de votos organizaciones paralelas, carteles de la contratación, hospitales y otros organismos públicos que tienen más presupuesto que las mismas alcaldías. Hay una desfiguración del sentido de las elecciones, un desbalance económico que apabulla cualquier opción política limpia”, advierte Pérez Flórez.

¿El resultado de las próximas elecciones reflejará el porcentaje de votos legítimos y de votos comprados? “El resultado es el mismo de la espuma en el vaso de cerveza, solo la espuma es voto de opinión”, responde el candidato.