La cumbre para pacificar el Pacífico

Por Olga Sanmartín

Quizás en un futuro no tan lejano, el Pacífico colombiano pueda presumir de su nombre. Al menos esa fue la sensación que dejó la primera Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, una iniciativa liderada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que evidenció el retorno de lo que ya parecía inalcanzable para las comunidades más excluidas: la esperanza, en mayúsculas, de un futuro en paz, de una vida digna. La cumbre catapultó al litoral Pacífico como el lugar donde comenzarán los acercamientos para los diálogos regionales de paz entre el gobierno nacional y los grupos armados. 

Reivindicar la región, sumergida históricamente en un mar de miseria, violencia y olvido ya no será la retórica de campaña diluida en promesas incumplidas, a la que ya están acostumbrados los pobladores del Pacífico colombiano. El cambio comenzó a materializarse desde la campaña de Gustavo Petro con hechos contundentes como la elección de Francia Márquez en la vicepresidencia, y luego con el nombramiento de Luis Gilberto Murillo en la  Embajada de Colombia en Estados Unidos y de Giovanny Yule, indígena nasa, en la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras, todos ellos originarios del Pacífico y víctimas de los actores armados ilegales que operan en la región. 

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La asistencia de tantos miembros del gobierno central a un encuentro regional del Pacífico colombiano no podía ser menor porque fue la población de esa zona del país, sumida en el abandono, la que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.

El mensaje fue potente, pero se consolidó en esta cumbre con la nutrida presencia del gobierno central. Apenas tres días después de su posesión y en medio de decenas de compromisos todos urgentes, el presidente eligió hacer su primer viaje como mandatario para escuchar a los 61 alcaldes y alcaldesas del Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Y no lo hizo solo, reforzó la presencia del Estado con el acompañamiento de la vicepresidenta Francia Márquez (quien reafirmó su compromiso con su región en la cumbre) y gran parte del gabinete ministerial: Alfonso Prada, ministro del Interior; Álvaro Leyva, de Relaciones Exteriores; Alejandro Gaviria, de Educación; Cecilia López, de Agricultura, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien arribó más temprano para participar en la sesión regional de las comisiones cuarta y quinta de Cámara y Senado, que se llevó a cabo en el mismo recinto con la  presencia de senadores, representantes y varios alcaldes del Pacífico colombiano. 

La asistencia de tantos miembros del gobierno central a un encuentro regional del Pacífico colombiano no podía ser menor porque fue la población de esa zona del país, sumida en el abandono, la que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Extraordinario fue ver cómo, por primera vez en la historia de Colombia, un presidente miraba a los ojos y saludaba de la mano a cada uno de los 61 mandatarios de los territorios más olvidados. Una escena casi surrealista, especialmente para los alcaldes de esos territorios históricamente despreciados por los jefes de Estado. El presidente los escuchó y recibió de ellos el  “recado”, un mensaje cargado de simbolismo, por ser la forma ancestral de comunicarse entre esas comunidades, pero también un texto profundo, producto de los diálogos y comisiones que se desarrollaron durante los dos días en la cumbre. Lo llamaron la Declaración de la Primera Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico y recogió peticiones prioritarias y ocho enunciados sobre las principales y más graves problemáticas que enfrentan los mandatarios municipales para que, ojalá, sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esclavitud perpetua

Al unísono y sin preámbulos, los líderes le recordaron al presidente Petro que fue su región la que lo eligió, que fue allí donde hubo la mayor votación del país por el Pacto Histórico. En algunos municipios del Chocó y en Timbiquí, Cauca, alcanzó el 99 por ciento. Así lo reconoció el propio presidente desde el inicio de su  intervención y añadió que el resultado electoral del 19 de junio fue un mensaje, producto de los vacíos históricos del Estado colombiano:  “Fue un grito de la ciudadanía sometida a una desigualdad que no es solo entre individuos, no es solo de género, sino también entre regiones”. Puntualizó que la mayor desigualdad en Colombia la vive el litoral Pacífico porque “de alguna manera la esclavitud pervive y se expresa culturalmente en racismo”, lo que explica el abandono sistémico de esas comunidades. 

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Cambiar las armas por la educación y replantear la manera de enfrentar el narcotráfico son parte de la estrategia, si se quieren resultados a largo plazo.

Aseveró que desde el Ministerio de la Igualdad será la vicepresidenta Francia Márquez la responsable de los temas de equidad en Colombia y la región Pacífica será su prioridad. “Su trabajo empezará de inmediato y contará con el apoyo de todo el Estado”. Y fue más allá: “La primera  inversión social del gobierno se hará en la zona más pobre del país (refiriéndose al litoral Pacífico) para la garantía de derechos universales como la educación, la salud, la nutrición y el agua potable.  Cada ministro deberá privilegiar los programas y recursos destinados a las regiones más excluidas”.

La voluntad es firme pero el reto es monumental. Cambiar las armas por la educación y replantear la manera de enfrentar el narcotráfico son parte de la estrategia, si se quieren resultados a largo plazo. El senador Gustavo Bolívar le dijo a CAMBIO: “Desde el gobierno podemos mitigar muchas de las necesidades de la gente, podemos hacer acuerdos de paz, podemos hacer presencia permanente. Vamos a proponerle al presidente hacer un piloto del diálogo regional en Tumaco que, según la última medición, tiene más coca sembrada que Bolivia”. Sin embargo, reconoce que una paz duradera no depende solo de la voluntad y del trabajo del gobierno nacional y local: “Para alcanzar una paz duradera es necesario modificar la manera de enfrentar el narcotráfico. Estamos trabajando en una propuesta para comenzar un diálogo en bloque con los países de la región, afectados por el narcotráfico. Proponemos la formulación de una política de drogas enfocada hacia la legalización de la cocaína, aprovechando que la mayoría de los países afectados tienen líderes progresistas. Es la única manera de contrarrestar el poder de las potencias que se oponen (China, Rusia y Estados Unidos). También buscaremos el apoyo de los países europeos que caminan hacia la regulación”. Este plan de trabajo propondría al presidente colombiano como el líder regional para el diálogo hacia la regulación de la cocaína, y de su éxito o fracaso depende la vida de miles de colombianos confinados por los grupos armados que viven del narcotráfico.

Cumbre adentro

Los alcaldes abordaron cuatro temas fundamentales: la construcción de la paz estable y duradera; el cuidado de la vida y la naturaleza y las perspectivas de desarrollo en el Pacífico; el diálogo social y los procesos de gobernanza territorial, y descentralización y región Pacífica.  

El alcalde Jorge Iván Ospina subrayó que el litoral Pacífico abarca, desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, un territorio donde hay 80.000 hectáreas cultivadas en hoja de coca, con múltiples cristalizadores que producen el 33 por ciento de la cocaína que se consume en el planeta y donde la gente no encuentra otra labor para su sustento. “Es más fácil sacar un kilo de coca que cuatro racimos de plátano que están en la selva, porque viajar desde Buenaventura, Tumaco o Guapí hacia Cali resulta más costoso que ir de Bogotá a Cali o de Cali a Cartagena; la dificultad de esos pueblos llega a extremos insólitos, no existe transporte público ni terrestre ni marítimo. Las actividades que están produciendo plata son las ilícitas y están desgarrando la vida y rompiendo los corredores ambientales que conectan el litoral con la cordillera Occidental”. También alertó sobre los más de cinco mil puntos de explotación minera ilegal y radical que contamina ríos y selvas. 

La cumbre logró un ánimo de trabajo colectivo pero necesita la presencia permanente del Estado colombiano. “El territorio está ocupado por distintos actores armados como expresiones del cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo y otras organizaciones”. 

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Los alcaldes proponen una reforma política para modificar la Ley de Garantías y unificar los períodos de gobierno con los de Presidencia y Congreso. En el corto plazo, buscan implementar en los primeros 100 días de gobierno los puntos principales para plasmar en el Gran Acuerdo Nacional los aspectos estructurales concernientes al litoral Pacífico.

“Algunos alcaldes han propuesto la creación del departamento del litoral Pacífico. Personalmente, no creo que se necesite un ente territorial nuevo pero sí debería existir la Agencia Nacional para el Desarrollo del Pacífico, con autonomía, presupuesto y capacidad resolutiva real. Necesitamos potencializar el mayor valor del Pacífico, la zona del mundo de mayor pluviosidad, la segunda selva más grande del país, dueña de gran biodiversidad y germoplasma. Como alcaldes de todo el litoral, buscamos una salida global para lograr el pago de esos servicios ambientales que se ofrecen al planeta entero. No puede tratarse con la misma estructura de distribución de recursos del sistema general de participaciones a un pueblo antioqueño como Envigado o Itaguí y uno pobre como Buenaventura”, concluyó Ospina. 

En general, los alcaldes proponen una reforma política para modificar la Ley de Garantías y unificar los períodos de gobierno con los de Presidencia y Congreso. En el corto plazo, buscan implementar en los primeros 100 días de gobierno los puntos principales para plasmar en el Gran Acuerdo Nacional los aspectos estructurales concernientes al litoral Pacífico. En el mediano plazo, quieren lograr mayores partidas presupuestales, participar activamente en la construcción del Plan de Desarrollo Nacional e impulsar en conjunto proyectos de alto impacto para el país, con el apoyo presupuestal del gobierno nacional. 

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, destacó la importancia que tuvo en el marco de la cumbre el bloque parlamentario regional e instó al presidente a darle continuidad a algunas obras de infraestructura indispensables para el crecimiento económico no solo de la región sino del país: “Los gobernadores de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca trabajamos para presentar proyectos regionales. El dragado del canal del puerto de Buenaventura, que es fundamental como el principal puerto de Colombia; Cali-Rumichaca que está por sectores y es la salida al Ecuador, donde opera un gran sector del comercio al que se le daría mucha competitividad; la construcción de una vía entre Chocó y Valle de Cauca; la conexión del Pacífico con la Orinoquía, que tiene listo un billón de pesos para invertir, y la factibilidad del primer tramo del tren de cercanías que sería en la ruta Cali-Jamundí”. Al respecto, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, pidió que este proyecto sea ampliado para que cubra los municipios del norte del su departamento.  

La Iglesia católica, en asocio con organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha sido determinante en el apoyo a la población más vulnerable. En el marco de la cumbre, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, pidió “ponerle el pecho a la crisis humanitaria” para que los desplazados regresen a sus pueblos y la población que está siendo confinada dentro de sus territorios pueda trabajar. “Hay que sembrar la cultura del cuidado para que la palabra sea la única arma. Nos atienden cuando estamos desplazados, pero en nuestros territorios no significamos nada, es lo que repiten a diario las víctimas”, aseguró. 

A cierre del encuentro, monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, le dijo al presidente Petro que “la buena política está al servicio de la paz”. Pidió a las personas alzadas en armas parar ya el sufrimiento de las comunidades más vulnerables: “Este es el momento del diálogo, del reencuentro de la sociedad colombiana. El diálogo tiene demasiadas dificultades, debe ser incluyente, debe ser un diálogo con enfoque en la reconciliación que ayude a sanar las heridas del pasado y que nos ayude a construir un futuro de nación común, para reconstruirnos como sociedad. Es necesario priorizar el proceso más allá de las necesidades particulares, de posiciones políticas, ideológicas, de intereses económicos o de otro orden. Encaminarnos hacia una sociedad capaz de escuchar la historia, desde la humilde campesina o el pescador hasta el empresario o político para incorporar todas las voces”.  Y concluyó diciendo que las víctimas deben ser el centro “para la legitimidad del proceso”. 

También la comunidad internacional hizo recomendaciones. Participaron Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia; Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada en la ONU para los Derechos Humanos; Raúl Rosende, jefe de la Misión de Naciones Unidas para la verificación de los acuerdos, y Mireille Girard, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur), representantes de organizaciones internacionales que han trabajado por años con las comunidades del litoral Pacífico.  Partiendo de la premisa según la cual la paz y el desarrollo están estrechamente ligados, de la importancia de la fuerza del trabajo colectivo y de la necesidad de vincular al sector privado en los procesos, algunas sugerencias fueron: hacer planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo; generar diálogos territoriales; fortalecer y actualizar el catastro en zonas rurales; implementar reformas para un desarrollo rural integral, generar recursos para la sustitución voluntaria de cultivos; garantizar la reincorporación de los excombatientes; fortalecer la atención a las víctimas del conflicto dándole a las alcaldías herramientas legales y recursos suficientes, y promover un diálogo regional vinculante. 

Hubo consenso general en la urgencia de desarrollar los proyectos que nunca fueron atendidos y los compromisos incumplidos y adquiridos por los gobiernos anteriores; se recalcó la inminencia de dar  cumplimiento a los Acuerdos de Paz prioritariamente en sus puntos primero (reforma rural integral) y 5  (sobre las víctimas del conflicto) y en seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. 

Pacífico diverso

No es gratuito que la primera Cumbre de Alcadesas y Alcaldes del Litoral Pacífico fuera organizada en el marco del XXVI del Festival de Música Petronio Álvarez. El festival es el lazo más fuerte que ha mantenido unido a todo el litoral a lo largo de los años. “Son los pueblos del agua que abordan sus angustias cotidianas a través de la música y el baile, y las letras de las canciones hablan de la minería ilegal, del actor armado, de la falta de inclusión y del racismo estructural”, explica Jorge Iván Ospina. 

De no ser por esas raíces profundas, centenarias, los puentes entre el litoral serían casi inexistentes; el Pacífico es una región compleja y diversa, donde convergen toda suerte de violencias y carencias. Bairon Otálvaro Marín, director del programa de la Administración  Pública de la Facultad de Ciencias de la  Administración de la Universidad del Valle y asesor académico de la Cumbre, explicó a CAMBIO que el centro del país no ha logrado entender que el Pacífico es un territorio de profundos  contrastes. “Hay varios pacíficos. El Pacífico sur, muy complejo, en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde hay diversidad de actores armados y una serie de conflictos interétnicos, entre indígenas, campesinos y pueblos afrocolombianos que están en medio de una geografía de guerra. El Pacífico norte, en la frontera entre Chocó y Panamá, con los problemas del Urabá que se trasladan al Chocó, la presencia de fuertes actores armados como el Clan del Golfo y el ELN y también los conflictos interétnicos. Hay presencia del narcotráfico, de la minería ilegal, en un modelo de economía extractivista de la tierra que pone en peligro a las comunidades de manera permanente.  El tercero es el litoral Pacífico, totalmente abandonado, sin  servicios básicos de agua potable, energía eléctrica ni alcantarillado. Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Timbiquí, por nombrar algunos, viven una situación que vulnera los derechos más fundamentales y étnicos territoriales de estas comunidades. Otro Pacífico es el del altiplano, donde también hay extensas zonas rurales, de asentamientos muy difíciles. Es una región que tiene como epicentro la ciudad de Cali, donde los problemas del Pacífico se observan con mayor claridad. La ciudad ha venido generando una serie de tensiones relacionadas con el aumento de conflictos violentos en los nuevos asentamientos de los barrios populares. Estas comunidades hacen que construir un proyecto de ciudad en Cali cada vez sea más problemático. Municipios vecinos como Buenos Aires, Santander de Quilichao y toda la región del norte del Cauca están muy afectados por el conflicto armado, la ausencia de bienestar y de políticas de buen vivir”.  

De acuerdo con Carlos Rojas, coordinador académico y  político de la cumbre, en Cali la violencia sistémica incrustada en las urbes es la originada en la venganza y la intolerancia, la violencia del microtráfico y otras formas de intimidación que convergen en Cali: “Toda la dinámica del manejo de psicoactivos a nivel barrial y urbano son parte de ese gran macronegocio del narcotráfico, pero no es manejada por estructuras del Pacífico sino por grupos, especialmente de jóvenes, que están en Cali y en otras ciudades principales y que forman parte de la cadena de la economía ilegal, así como el gota a gota, que surge de las ganancias de esas actividades”, explica.

Al conflicto se suma la siembra de marihuana, que ha crecido en los últimos años, especialmente en Corinto, lo que ha desencadenado una violencia directa en contra de pequeñas comunidades, mientras que Nariño es otra zona de disputas entre grupos armados, enfrentados por el desarrollo del cultivo de hoja de coca. “La presencia de las diferentes etnias en estos territorios es diferenciada, agrega Otálvaro. En algunas zonas hay más indígenas, donde se evidencian problemas de confinamiento y  asesinatos de líderes sociales. Las comunidades étnicas afro tienen una amplia extensión territorial pero padecen graves problemas relacionados con el vivir en paz”. 

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Es necesario fortalecer una nueva arquitectura institucional en estos territorios, bajo el liderazgo de gobiernos locales, con el acompañamiento y financiamiento  del gobierno nacional. Fortalecer el diálogo social territorial, cambiar el modelo de desarrollo extractivista y de  acaparamiento de las riquezas de los territorios que no es un  modelo basado en sostenibilidad ambiental.

El académico dice que quedaron en evidencia los serios problemas de gobernabilidad local y territorial, los temas de corrupción, clientelismo, politiquería y la ausencia de políticas de transparencia. “Hay fuerte presencia de problemas estructurales, pero con estas problemáticas sin soportes institucionales robustos, es más complejo dar respuestas. Eso lo observa uno en la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente en la aplicación de los programas de desarrollo territorial PDT. Los municipios que han sido identificados tienen pocas capacidades para implementar esos acuerdos pactados entre gobierno y guerrilla. Hay una presencia muy diferencial del negocio de las drogas en nuestro territorio que requiere una política no solo de lucha contra las drogas sino una orientada al buen vivir de los colombianos, al diálogo social, al empoderamiento de estas comunidades que se enfrentan por el control social de sus territorios con los grupos armados. Son muchos los tropiezos: la lucha por las rutas del narcotráfico, la imposibilidad de desarrollar procesos de sustitución de cultivos voluntaria, la dificultad para proteger la vida y la seguridad alimentaria, la imposibilidad para aplicar políticas de reparación integral a las víctimas, una serie de problemas asociados al narcotráfico como tema central”.

Es necesario fortalecer una nueva arquitectura institucional en estos territorios, bajo el liderazgo de gobiernos locales, con el acompañamiento y financiamiento  del gobierno nacional. Fortalecer el diálogo social territorial, cambiar el modelo de desarrollo extractivista y de acaparamiento de las riquezas de los territorios que no es un modelo basado en sostenibilidad ambiental. Los municipios y pueblos del Pacífico están desconectados de la globalización, hay un desface muy fuerte del Pacífico con el resto del país. Por ejemplo, se quedan en la nada proyectos estratégicos  como las vías fluviales en Tumaco o Bahía Solano, dos puertos con gran potencial. “Comprender las bases de lo que yo llamo las regiones diferenciadas del Pacífico tiene unas complejidades. Se necesitarían unos diálogos sociales entre comunidades y actores armados, hacer una paz que no solo esté centrada en los que generan la violencia sino una paz con las comunidades, una paz desde abajo, que es lo que ha faltado”, concluye Otálvaro.

La paradoja del litoral

Hoy la situación del Pacífico colombiano no es muy distinta a la de hace cinco siglos, cuando los indígenas fueron desplazados y asesinados, o a la de hace 170 años, cuando las negritudes no encontraron en la abolición de la esclavitud un futuro prometedor. La miseria, el desprecio, el racismo, el abandono de los gobiernos y la guerra son el cotidiano. Paradójico, como su nombre, el Pacífico colombiano es una de las zonas más ricas del país, en donde habita una de las poblaciones más pobres; es la franja del planeta donde más llueve, pero gran parte de sus comunidades no tienen una gota de agua potable ni energía eléctrica; a la región la abraza uno de los mares más generosos y su vertiente la cruzan más de 200 ríos, pero los nativos padecen hambre; abundan el oro y la minería ilegal, pero a la comunidad solo le queda el mercurio, el cianuro y kilómetros de selvas biodiversas devastadas; por Buenaventura, principal puerto de comercio exterior del país, pasa cada año el 45 por ciento de carga internacional, pero el 82 por ciento de sus habitantes viven entre la pobreza extrema y  la miseria total (Dane).

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La violencia no descansa y el atraso y la pobreza son la mejor herencia que les ha quedado a los sobrevivientes de esas tierras, generación tras generación, desde tiempos de la Conquista.

Parece como si toda esa riqueza natural fuera una gran maldición para los nativos, afrodescendientes (en su gran mayoría), indígenas y mestizos. ELN, Cartel del Golfo, Los Chacales, Úsuga, La Terraza, La Cordillera, Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos, disidencias de las Farc se suman a la más de una veintena de grupos armados, entre antiguos y recientes que, según la Defensoría del Pueblo, operan en la región del Pacífico, en una lucha criminal por el territorio. La región pasó de producir 47.935 toneladas de hoja de coca en 2005 a  330.501  en 2020, y en el mismo año se utilizaron un promedio de 148 millones de litros de combustibles y 26.000 toneladas de cemento para la pasta de cocaína en 2020, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El mismo informe registra 50,701 hectáreas sembradas en el Pacífico, lo que equivale al territorio que ocupa el municipio de Cali (55.200 hectáreas).

El conflicto de la región es aún más profundo. La WWF, la Corporación Transparencia por Colombia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) e InSight Crime hicieron un trabajo conjunto para “identificar los hechos de corrupción y criminalidad detrás de los principales impulsores de la deforestación, la degradación forestal y la pérdida de biodiversidad en la Amazonía y el Pacífico colombianos”. A la violencia y desplazamiento producido por toda la cadena del narcotráfico, el la franja Pacífica se suman la minería ilegal para la explotación del oro, una de las principales causas de deforestación y contaminación ambiental. En 2019, solo en Chocó 35.105 hectáreas de bosques y selvas fueron usadas para la minería ilegal. Otras actividades, también del altísimo impacto, son el tráfico de fauna silvestre y de maderas, que arrazan bosques y especies en vías de extinción, y la quema de bosques para actividades agropecuarias. 

Al abandono histórico de los gobiernos se sumó el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, lo que fortaleció a los grupos armados ilegales y recrudeció la corrupción y la violencia. Basta revisar el informe de la Comisión de la Verdad en su capítulo sobre etnias. Basta revisar las cifras. Entre enero y noviembre de 2021, según Indepaz, fueron asesinados 171 líderes sociales y 43 firmantes del Acuerdo de Paz. De enero a julio de 2022, fueron asesinados 109 líderes y 29 excombatientes firmantes de las paz  por reclamación de tierras, la mayoría  en  departamentos de la región del Pacífico y aledaños al occidente del país.

La violencia no descansa y el atraso y la pobreza son la mejor herencia que les ha quedado a los sobrevivientes de esas tierras, generación tras generación, desde tiempos de la Conquista. La Cumbre del Pacífico abre ahora un nuevo capítulo en su historia, el de la esperanza. Solo falta ponerlo en práctica.