Impostores: los que se quieren apropiar de puestos de las víctimas en el Congreso
Las 16 curules para la paz que fueron creadas para darles voz a las víctimas en el Congreso, se convirtieron en un bocado muy apetecido para grupos políticos y clanes familiares de Cesar, Magdalena y La Guajira. Cambio viajó a la zona y lo confirmó.
Por: Santiago Luque Pérez
El clan Montalvo Gnecco, los Tovar, la casa Muvdi y la familia Castro, reconocidos por su poder político en el Cesar y su relación con los paramilitares, acreditaron candidatos como víctimas del conflicto armado en busca de una curul en la Cámara de Representantes.
Cada uno, con un candidato de familia directa o apadrinado por ella, busca quedarse con la representación de 13 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, la circunscripción con más candidatos en el país. Se presentaron 30 listas y 60 víctimas del conflicto armado, pero las más opcionadas, según confirmó Cambio en la zona, son las que tienen el respaldo de los clanes políticos que tradicionalmente han estado sentados en el Congreso, así como una relación probada con los grupos paramilitares.
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citep) nacieron del Acuerdo con las Farc y buscan darles voz en el Congreso a las víctimas de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica calcula que, en esa región, 10.868 personas fueron asesinadas y se cometieron 270 masacres. Más del 65% de estos casos fueron cometidos por grupos paramilitares. También están documentados los casos de 1.421 víctimas de secuestros, cometidos en su mayoría por la guerrilla.
Esto va en contravía de la intención inicial de las Citep que es darles voz a los territorios y a quienes sufrieron la guerra. “Esa gente nunca se cansa del poder”, asegura un habitante de Valledupar, proveniente de La Jagua de Ibirico, quien fue víctima del conflicto armado.
El clan Montalvo Gnecco vs Yoyo Tovar
Jorge Rodrigo Tovar Vélez, popularmente conocido como ‘Yoyo’, quien coordinó en el gobierno Duque la oficina de víctimas del Ministerio del Interior, aspira a ocupar una de estas curules. Es hijo del temido jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Ante medios de comunicación, ha defendido su candidatura, pues asegura que él también es víctima del conflicto armado: “yo no elegí la guerra que me tocó vivir,” dice.
La Asociación Paz es Vida avaló la inscripción de ‘Yoyo’ Tovar con quien Cambio concertó una entrevista en Valledupar, pero el candidato nunca llegó. Desde la organización tampoco respondieron nuestras solicitudes.
A Tovar le cuestionan su relación con Victor Hugo Mosquera, actual director territorial de la Unidad de Víctimas, entidad que funciona en un edificio, cuya dueña es la madre de ´Yoyo´. En la zona aseguran que Mosquera habla de manera pública a favor del candidato, pero no fue posible confrontarlo.
‘Jorge 40’ operó en los tres departamentos que conforman la circunscripción, además de Atlántico y Santander. Ante Justicia y Paz confesó alrededor de 600 crímenes. “La mayoría de nuestras víctimas fueron de los ‘paras’, aunque hubo también de la guerrilla”, dijo una víctima que está desplazada en Valledupar y que rechaza la candidatura de ‘Yoyo’. Los crímenes de sangre no existen y tampoco se heredan, pero víctimas del conflicto armado entrevistadas por Cambio dicen no sentirse representadas por alguien que comparte el apellido de su victimario.
En la otra esquina electoral está William Romero Ovalle, conocido en Valledupar como ‘del sobaco’ de Cielo Gnecco, la matrona del clan político Montalvo Gnecco. Varios miembros de esa familia, según la Fundación Paz y Reconciliación, han tenido “probados vínculos con paramilitares, narcotraficantes y juicios en su contra, que van desde desvío de recursos públicos hasta condenas por homicidio”.
La llegada de Romero a la contienda es vista como una clara confrontación a la candidatura de Rodrigo ‘Yoyo’ Tovar. En voz baja y con mucho cuidado se habla de la enemistad entre los Tovar Pupo y los Montalvo Gnecco, nacida en 2001 cuando los paramilitares al servicio de “Jorge 40” asesinaron a Jorge Gnecco, cabeza del clan y hermano de Cielo.
La Asociación Alianza por la Vida, creada por las víctimas del corregimiento de Minas de Iracal, en Puerto Bello, no obstante que no conocía personalmente a Romero, lo avaló para evitar que ‘Yoyo’ Tovar´ gane la curul. José Luis Peralta, representante legal de esa asociación de víctimas, lo admite sin problema: “No teníamos a alguien que tuviera la fortaleza de pelearle esa curul a Yoyo; necesitábamos a alguien como William Romero”.
Tovar no sólo les genera temor a ellos. “El mismo Jorge 40 tenía un proyecto político denominado Provincia Unida, en el que quería materializar su idea de país, así que aunque electoralmente no se les ha visto mucho, sí han sido políticamente activos (los Tovar)”, señala Claudia Vásquez, otra candidata quien, sin plataforma política, se lanzó por una curul de paz.
Romero Ovalle no niega su cercanía con los Montalvo Gnecco. “Uno no puede venir a negar a estas alturas sus amistades”, afirma el candidato. “¿William Romero? No, en esta campaña no lo hemos visto por acá aún, ni sabíamos que era candidato”, aseguraron en el corregimiento de Los Calabazos donde Cambio había concertado el encuentro con el candidato.
Romero habla de las víctimas en tercera persona, dice que son la justificación de su candidatura y promete que su equipo de trabajo estará conformado solo por víctimas del conflicto armado.
Herederos de políticos
Sebastián Ochoa viene de una familia de empresarios reconocida en Valledupar. La Unidad lo certificó como víctima indirecta del conflicto armado por el secuestro de su padre. Es un hombre joven, con más de 1,80 metros y tez blanca, que fue avalado por el Consejo Comunitario Afrocolombiano Marcelino Ochoa Álvarez. Asegura que su familia viene de La Guajira y del Cesar, y para explicar ese aval dice que “los Ochoa siempre hemos trabajado con estas organizaciones”.
Es sobrino de Elías Ochoa Daza, exalcalde de Valledupar (1995-1997 y 2001-2003), quien estuvo secuestrado siete meses por el frente 41 de las Farc. A Ochoa se le señala de estar apoyado por la casa Muvdi, una importante estructura política del Cesar, que decayó cuando el representante Pedro Muvdi fue capturado mientras hacía campaña para llegar al Senado en 2014. Luego fue condenado por parapolítica. En 2018 su hijo, Fawzi Muvdi, buscó llegar a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, pero se quemó.
Ochoa dice que su candidatura está alejada de los políticos tradicionales y cree que las zonas rurales “entendieron que es su espacio y no se están dejando convencer de estos grupos políticos”.
Otro candidato de los clanes es Pedro Norberto Castro Araujo, hijo del exgobernador del Cesar, José Guillermo Castro, conocido como Pepe Castro, y tío del actual alcalde de Valledupar, Mello Castro. Ya una vez había participado en una elección como candidato a la Alcaldía de Valledupar y ahora, basado en el secuestro del que fue víctima por parte del Eln, logró que lo acreditaran como víctima.
Este candidato se hizo visible el fin de semana porque golpeó a una persona de la tercera edad.
A pesar de que Cambio quiso entrevistarlo y lo contactó tres veces por Whatsapp, siempre respondió que estaba ocupado.
¿Cómo se mueve la campaña?
Tovar, Romero y Ochoa tienen campañas muy activas y a diario recorren las zonas rurales de los tres departamentos. Dos de ellos tienen sede de campaña en Valledupar, a pesar de que la curul de las víctimas solo se vota en las zonas rurales.
La sede de Sebastián Ochoa está empapelada con publicidad política. Dos camionetas recubiertas de afiches recorren la ciudad. Él asegura que su sede funciona en lo que son las oficinas del molino de arroz familiar, que le prestaron para la contienda electoral.
Por su parte, Roberto Lacouture es un ganadero reconocido en la región. En su momento fue promotor del no y ahora es candidato. “Todo lo hemos trabajado a punta de donaciones; tengo estas tres camisetas que me donaron mis hijos y unas manillitas que me ayudaron a sacar unos amigos”. Además, según afirma, hace campaña en una vieja camioneta blanca Mitsubishi que tanquea con gasolina que dice que le regalan sus compañeros. Pero esa imagen de campaña austera se contradice con lo que afirmó una persona en Valledupar: “es la primera vez que veo a un Lacouture andar en una camioneta tan vieja”.
La financiación de estas campañas debería ser solo mediante aportes no monetarios de particulares, pues está prohibida cualquier donación en dinero en efectivo. La ley estableció que los recursos monetarios deben llegar a través de un fondo multidonante, que reparte el dinero de las donaciones entre todos los candidatos. Hasta ahora, éstos confirman que no han recibido esos recursos, así como tampoco los anticipos prometidos.
La pregunta es con qué están financiando esos desplazamientos diarios a las zonas más apartadas de los tres departamentos.
Pero esa no es la realidad de los sesenta candidatos. Claudia Vásquez vive en el Magdalena y asegura que no hay recursos para hacer campaña. “El otro día que fui al Cesar, lo hice porque un amigo iba para allá y le pedí que me llevara”.
La preocupación de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, MOE, es la financiación, porque si alguna de las personas incumple los requisitos, sale electa y se demanda su elección, la curul queda desierta y esa zona pierde su representación. Desde el IFIT (Institute for Integrated Transitions) han denunciado esta situación. Julio Paredes, investigador del Instituto, asegura que “también nos preocupa que algún político local llegue a apoyar a un candidato con dinero y después le pida favores políticos.”
La curul de paz también atraviesa un momento difícil por cuenta de los grupos armados ilegales. Ninguno de los candidatos entrevistados cuenta con esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A principios de año, Castro sufrió un hostigamiento por parte de personas armadas, frustrado por sus escoltas personales. El atentado ocurrió en el corregimiento de la Mesa, subiendo hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se ha denunciado el resurgimiento de grupos paramilitares. Allí, todos miran con desconfianza a cualquier desconocido, y hay solo unos carteles de apoyo a ‘Yoyo’ Tovar y a algunos candidatos tradicionales que aspiran al Senado y a la Cámara.
Un comunicado del ELN conocido el jueves 27 de enero exige la renuncia de los candidatos Rodrigo Tovar, Sebastián Ochoa, Pedro Castro Araujo y William Romero. El candidato Tovar manifestó en redes sociales que su voluntad de paz es inquebrantable y que se mantiene firme en la contienda electoral.
