1 Abril 2022

Las oscuras curules de la paz

Los requisitos que se establecieron no lograron evitar que muchos candidatos desnaturalizaran el espíritu de la ley y se adueñaran de las curules de las víctimas

Crédito: Wil Huertas

6 de los 16 elegidos representantes a la Cámara por las víctimas son fichas de políticos tradicionales y algunos de ellos presuntamente relacionados con los paramilitares. Cambio investigó los nexos de los nuevos parlamentarios.

Por: Isabel Caballero - Santiago Luque

 

Las curules de la paz fueron un compromiso del acuerdo con las Farc para darle representación a los habitantes de los municipios más golpeados por el conflicto armado. Por eso se reglamentó que fueran las organizaciones de víctimas –campesinas, étnicas o sociales– las que presentaran candidatos, y no los partidos tradicionales. Además, los candidatos tenían que estar registrados como víctimas. Sin embargo, los requisitos que se establecieron no lograron evitar que muchos candidatos desnaturalizaran el espíritu de la ley y se adueñaran de las curules de las víctimas. 

Desconocidos y compra de votos en la costa Caribe

Las tres circunscripciones especiales del Caribe son: Sierra Nevada de Santa Marta, que ganó el hijo de Jorge 40; y Montes de María y Sur de Córdoba, que ganaron dos candidatos desconocidos apoyados cada uno por el gobernador de su departamento. Así, la Costa, una región con liderazgos populares tan fuertes, perdió otra vez frente a su propia tradición de clientelismo.

Luis Ramiro Ricardo ganó la curul de paz de los Montes de María sin tener historial como activista por la paz, experiencia en las organizaciones de víctimas, ni liderazgo social. Su único y dudoso reconocimiento viene de ser hijo de Santander Ricardo, exalcalde de Ovejas y exdiputado que murió en un accidente automovilístico junto con otros cinco políticos sucreños cuando iban en camino a Barranquilla a una reunión con el senador José David Name. 

Ricardo se lanzó como fórmula de la reconocida lideresa Mayerlis Angarita, de la organización Narrar para vivir, una organización de mujeres víctimas del conflicto armado que tiene presencia en los 15 municipios de los Montes. Angarita es reconocida en todo el país por su trabajo por las mujeres que –como ella– fueron víctimas de violencia sexual por parte de grupos armados y, seguramente, pensaba que ser primera en la lista, además de su prestigio como lideresa y su experiencia de muchos años, le darían ventaja. Pero al final lo que importó no fue el recorrido sino las maquinarias.

Según fuentes conocidas por Cambio, Ricardo era el candidato del gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, y su campaña se hizo de manera no oficial en conjunto con la hermana del gobernador, que era candidata al Senado por el Partido Liberal. Ambos candidatos ganaron –según se dice en el municipio de Ovejas– gracias a pagos de 250.000 pesos por “el paquete” de votos, que incluía un candidato a la Cámara. Durante décadas Ovejas fue feudo electoral del político liberal Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo. Lo paradójico es que el partido del masacrador conserve la mayoría en una elección para reivindicar a las víctimas. 

La ganadora de la curul del Sur de Córdoba, Leonor María Palencia, es una ilustre desconocida. Tanto que en la región dicen que solo la conoce su segundo primo, el gobernador Orlando Benítez. Ni siquiera la vieron en campaña, pues aparentemente no hizo muchas visitas a los municipios de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) donde se llevarían a cabo las votaciones, y las pocas veces que salió a plazas públicas dejó que alguien más diera el discurso por ella. Ni siquiera después de haber salido elegida ha dado un discurso de agradecimientos a sus votantes.

Se rumora que la campaña prosperó por medio de la compra de votos, a 50.000 pesos cada uno. Algunos líderes sociales, y algunos de los contendores que enfrentaban a Palencia, pusieron una queja ante la Fiscalía para que sea investigada.

Al ser cuestionado en W radio, el gobernador respondió: “La verdadera lucha para proteger la democracia en el sur de Córdoba es contra los grupos al margen de la ley, residuales de Farc y grupos armados organizados, quienes quieren apropiarse de las curules especiales de paz”. Las campañas de los contendores de la prima del gobernador anunciaron una denuncia disciplinaria porque consideran que estas declaraciones son estigmatizantes. 

Así, la Costa, una región con liderazgos populares tan fuertes, perdió otra vez frente a su propia tradición de clientelismo.

Opulencia electoral en el departamento más pobre

Aunque no todos los candidatos han hecho el reporte de sus cuentas ante el Estado, la carrera por el que más dinero gastó en la campaña por estas Circunscripciones Transitorias de Paz se la está llevando James Hermenegildo Mosquera, del departamento de Chocó. El candidato reportó ingresos a la campaña por 104 millones de pesos, duplicando la cifra reportada por Jorge Rodrigo ‘Yoyo’ Tovar, hijo del antiguo jefe paramilitar Jorge 40, quien reportó 40 millones de pesos. 

La reglamentación de las curules de paz prohíbe la financiación de particulares. A pesar de ello, los recursos de ambos candidatos salieron de sus bolsillos, al menos hasta donde se sabe. Sus gastos se focalizaron en propaganda electoral. La cifra gastada por Mosquera parece exorbitante para una carrera electoral en la que 17 candidaturas en todo el país renunciaron por no recibir los anticipos del Estado. Sin embargo, quienes lo conocen en el Chocó no esperaban algo distinto de él, una persona adinerada y ligada a la política tradicional.

Mosquera es reconocido por ser la ficha del exgobernador Patrocinio Montes de Oca. La cercanía no es difícil de demostrar. Mosquera fue abogado del político, que recibió en 2010 una condena de 18 meses por malversación de fondos públicos, delito por el cual es investigado el hoy electo representante a la Cámara, acusado de apropiarse de más de mil millones de la EPS Selvasalud.

Los medios de comunicación también lo han cuestionado por ser reconocido como víctima del conflicto armado en tan solo 20 días, luego de que declarara haber recibido amenazas el 27 de octubre del 2021 en Itsmina. Habitualmente ese proceso toma al menos tres meses. 

La cifra gastada por Mosquera parece exorbitante para una carrera electoral en la que 17 candidaturas en todo el país renunciaron por no recibir los anticipos del Estado.

 

Apoyos parapolíticos en la antigua zona de distensión

John Fredy Núñez se lanzó al Senado en 2009, a la Alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea del Caquetá en 2015, en nombre del Partido de Integración Nacional (PIN), que después fue rebautizado como Partido Opción Ciudadana y que siempre fue reconocido por la cantidad de parapolíticos condenados y señalados que alojó en sus filas. Estas aspiraciones fallidas no son suficientes para inhabilitar a Núñez para posesionarse en una curul de la paz, una de cuyas condiciones es que los candidatos no pueden haber aspirado a un cargo popular en los últimos cinco años. Lo que sí podría ser causal de inhabilidad es que Núñez es directivo del partido actualmente. 

El representante electo presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el acto legislativo que creó las curules de paz para tumbar la disposición que lo inhabilitaría. Aunque el magistrado Luis Alberto Álvarez ya desestimó la demanda, la Procuraduría y la Presidencia aún no se han pronunciado.

Según reportó la ONG Indepaz, “en Caquetá es bien conocida su cercanía con el exgobernador Álvaro Pacheco, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares”.

Haber aspirado a cargos de elección por un partido en el pasado no es suficientes para inhabilitar a Núñez para posesionarse en una curul de la paz, una de cuyas condiciones es que los candidatos no pueden haber aspirado a un cargo popular en los últimos cinco años. Lo que sí podría ser causal de inhabilidad es que Núñez es directivo del partido actualmente. 

Candidata por firmas en el Urabá

Karen Juliana López fue la única de los 396 candidatos en recoger firmas para su candidatura en vez de buscar el apoyo de una organización social o de víctimas ya constituida, lo cual muestra la poca relación que tiene con las organizaciones de base de la región. Es hija del empresario ganadero Jaime de Jesús López Echeverry quien está involucrado en un un proceso por que en las escrituras de compraventa de tres haciendas en Carepa que adquirió en 2002 aparece la firma de un finquero asesinado en 1997, por lo que ella se ha comprometido a no participar en temas de tierras una vez esté posesionada como representante a la Cámara.

Su campaña fue exitosa por el respaldo de varios políticos tradicionales de la región, y la organización de “eventos públicos, con comunicadores y jefes de campaña, entregando camisetas, gorras y patrocinando concursos con montos de siete y cinco millones de pesos”, según las denuncias que recogió Indepaz.  

Apoyos políticos a reconocidos líderes

En el Pacífico nariñense y en el Catatumbo nadie cuestiona que los candidatos que resultaron elegidos son líderes sociales y víctimas del conflicto armado. De hecho, son reconocidos por su trabajo en estas zonas. Sin embargo, personas consultadas por Cambio aseguran que ambas candidaturas recibieron apoyos de políticos tradicionales. “Pareciera que para llegar a estos cargos fuera necesario estar aliado a algún político, no solo acá sino en todo el país”, aseguró un líder de Tumaco.

Diógenes Quintero Amaya ganó la curul en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Es líder de esta zona, fue defensor del Pueblo en la regional Ocaña y personero de Hacarí. Cuando desempeñaba este último cargo, en 2017, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Sin embargo, El Espectador reveló, tres días antes de las elecciones, un audio en el que Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, mostraba su apoyo al hoy representante electo. “Nosotros apoyaremos a un hijo de Hacarí, yo sí le daré el respaldo a Diógenes hasta donde se pueda”, dice Bayona.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dijo que Diógenes Quintero recibió el apoyo de varios alcaldes locales gracias a una presunta alianza con el representante a la Cámara Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde 2021 y señalado de ser parte del clan Villamizar.

El caso del representante electo por el pacífico nariñense, Gerson Lisímaco Montaño, es similar. Ha trabajado como líder del Consejo Comunitario Unión Río Caunapí y su familia fue desplazada en 2005 de la zona rural de Tumaco. Pero los cuestionamientos a su llegada obedecen al supuesto apoyo recibido por Neftalí Correa, exalcalde de Tumaco, para quien Montaño trabajó en 2011 en el área de proyectos, según información de La Silla Vacía.

Un líder de la zona aseguró que este apoyo existió y que no fue el único. Cada político tradicional tenía su ficha para quedarse con esta curul. “Degeneraron el proceso y se perdió la filosofía de que las víctimas pelearan esta curul”.

“Pareciera que para llegar a estos cargos fuera necesario estar aliado a algún político, eso es lo que le deja a uno esta elección, no solo acá, en todo el país”, aseguró un líder de Tumaco.

Cambio encontró que de las 16 curules de paz hay cuestionamientos graves por la legitimidad como representantes de las víctimas de al menos seis representantes electos: Yoyo Tovar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Luis Ramiro Ricardo de los Montes de María, Leonor María Palencia del sur de Córdoba, James Hermenegildo Mosquera de Chocó, John Fredy Núñez de la Cuenca del Caguán y Karen Juliana López de Urabá. En estos casos, el espíritu de la ley de las curules de paz se quebró a pesar de que los representantes electos logren demostrar que cumplieron con los requisitos que les eran exigidos.