Piedad Córdoba se defiende
Con un comunicado de siete puntos, la senadora electa Piedad Córdoba responde a la decisión del Pacto Histórico de marginarla de la campaña. Dice que acepta la suspensión de sus actividades y niega haber buscado apoyo electoral de capos del narcotráfico.
Habitualmente las respuestas de Piedad Córdoba son cortas y aguerridas. La dirigente ha sido durante su vida pública una gran constructora de titulares. Sin embargo, hoy optó por un extenso comunicado en donde no rompe sus vínculos con el Pacto Histórico, sino que se declara obediente frente a las decisiones y se define a sí misma como perseguida política.
Córdoba acata la solicitud de suspensión de sus actividades dentro de la campaña presidencial y dice que no quiere ser usada como excusa “por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral”. Señala también que acudirá ante la Comisión Ética del Pacto Histórico para defenderse de los señalamientos y pide además que la diligencia ante esa instancia sea pública.
Explica que ha ido a la cárcel Picota de Bogotá para visitar a su hermano Álvaro Córdoba, pedido en extradición en Estados Unidos por haber incurrido presuntamente en actividades de narcotráfico. Señala además que lo ha hecho en su condición de abogada. Aunque Piedad Córdoba estudió la carrera de derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, jamás ha sido litigante. Sin embargo, señala que está coordinando la defensa judicial de su hermano y que la única cárcel que ha visitado es La Picota, donde él está recluido.
La senadora electa asegura que sus entradas a la cárcel no implican conversaciones secretas ni acuerdos con capos del narcotráfico para pedir apoyo electoral a cambio de lo que calificó como “promesas incumplibles”.
Afirma además que los extraditables con los que supuestamente habría hablado están en cárceles distintas a La Picota y reitera que no ha negociado nada a nombre del Pacto Histórico ni de Gustavo Petro. La senadora concluye declarando que es víctima de una persecución política encabezada por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien llama “la coronel Lombana”.
Precisamente mañana en Madrid, España, la magistrada Lombana interrogará al general venezolano Hugo Carvajal, conocido como “el pollo Carvajal” y señalado como miembro del llamado cartel de los soles. Carvajal ha declarado en España que el régimen venezolano ha financiado a Gustavo Petro. Hasta el momento no hay pruebas documentales de las afirmaciones de Carvajal que implican además al expresidente de Brasil, Lula Da Silva; al de Bolivia, Evo Morales; al de Perú, Ollanta Humala, y al de Argentina Néstor Kirchner, ya fallecido.
La declaración de Carvajal no habría tenido mayor trascendencia en otro momento. Pero ahora será noticia por tratarse del tercer golpe de imagen contra Gustavo Petro en el curso de una semana que todavía no se acaba.
