Venezuela y Estados Unidos: ¿giro de 180 grados?

Por Jose E. Gonzales

Dos imágenes, una ya medio añeja y otra más reciente, traen ciertos recuerdos cuando se trata de Venezuela.

La primera: Hugo Chávez Frías camina por la Plaza Bolívar del centro de Caracas en febrero de 2010, mientras le hace preguntas al alcalde de la ciudad sobre la naturaleza y origen de una casona, el edificio La Francia, que era un comercio tradicional de pequeños joyeros. Pero antes de que reciba todas las respuestas, el comandante ordena una y otra vez: “¡Exprópiese!”. Una palabra esdrújula que repetiría 13 veces ese día para el mismo número de propiedades de inocentes dueños.

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La Invasión de Vladimir Putin a Ucrania y el aparentemente inevitable bloqueo al petróleo ruso por parte de la Unión Europea, seguirán empujando la formalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en la medida en que una guerra prolongada generaría una situación en la que "todo barril cuenta”.

La segunda imagen apareció hace unas semanas: los hermanos Cohen, sonrientes, inspeccionan las cavernosas instalaciones del Centro Comercial Sambil, de cinco pisos y 21.000 metros cuadrados, en La Candelaria, al lado de San Bernardino, un barrio residencial al pie de El Ávila, que era el centro financiero de Caracas, expropiado por órdenes de Chávez hace 14 años y sobre el que el Gobierno no ha hecho nada más que verlo deteriorarse, pero que fue devuelto a sus propietarios luego de negociaciones confidenciales con Nicolás Maduro.

¿Qué está pasando en Caracas, en donde hace poco más de un mes una delegación de funcionarios estadounidenses, enviados por el presidente Biden, viajó con la mayor discreción para reunirse con Maduro en Miraflores, la casa de gobierno de Venezuela, en una aparente intención, de ambas partes, de retomar las relaciones Estado/Estado?

¿Sera que la ‘Revolución bonita’, la del ‘Socialismo del siglo XXI’, como la llamaba Chávez, está alistando un giro de 180 grados?

Revolución en devolución

La campaña expropiatoria de Hugo Chávez Frías se inició en el año 2002, y formó una ola creciente que llegó al paroxismo en la Plaza Bolívar en 2010 y se extendió hasta 2011, cuando unas 1.200 compañías privadas, nacionales e internacionales, de los sectores construcción, agroindustria, petróleo, comercio, alimentos, farmacia, envases, electricidad, telecomunicaciones, turismo, banca y corretaje de valores, finca raíz y hotelería, y que incluyeron desde los Almacenes Éxito, de Carrefour, y Cementos Andinos, de Cementos Argos, hasta un McDonald’s y un Wendy –en cuyo lugar se colocó un busto de Fidel Castro–, pasaron a manos del Estado.

Tal voracidad estatizadora, en la medida en que las expropiaciones cedieron al Estado la propiedad, manejo y administración de dichas compañías y bienes, es una de las causas principales del colapso de la economía venezolana (a la que han contribuido las draconianas sanciones económicas impuestas por la administración Trump en 2017, mantenidas hoy por Biden). Por eso se ha contraído prácticamente el 90 por ciento en poco más de un lustro, al pasar de tener, según el Banco Mundial, un Producto Bruto Interno (PIB) de poco más de 482.000 millones de dólares en 2014 a 47.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2020. Es decir, un PIB más pequeño que el de República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y Panamá, además de Brasil, México, Argentina, Colombia (271.000 millones), Chile, Perú, Ecuador y Puerto Rico.

Según el FMI, el PIB per cápita en Venezuela, para 2022, sería de 1.690 dólares que, en América Latina, solo supera al de Haití –de 1.176 dólares– y está por debajo del de Nicaragua, de 1.905 dólares. El de Colombia es de 5.333 dólares.

Esa magnitud de desgracia económica y el fracaso de la gestión pública en lo privado, permiten explicar una oleada de devoluciones de bienes expropiados que, según El País, de España, y El Nacional, de Venezuela, va más allá del Sambil e incluye fincas y hatos vinculados a la producción agraria en una primera instancia y a la que se agregarían negocios hoteleros e industriales, en un pacto de entrega que no incluye pagos compensatorios y/o indemnizaciones a los afectados.

Según El País, los gestores del proceso, que cuentan con resistencia de sectores radicales del chavismo/madurismo, son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidente y ministro de Economía y Finanzas y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente, y Tarek El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional.

En esta revolución de devoluciones se encuentran desde hatos por 32.681 hectáreas en Guárico, Barinas, Zulia, Yaracuy, Mérida y Portuguesa hasta compañías de insumos agroindustriales, aceites vegetales, de siderúrgica y de servicio en el área hotelera. Esta estrategia estaría vinculada, además, a un acercamiento de Maduro al empresariado en preparación de un ‘Foro de Diálogo Social’ convocado, además de por el Gobierno, por cierto sector empresarial y ciertos sindicatos, que invitaron incluso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad con la que Maduro ha tenido una relación nada amistosa.

El proceso viene acompañado, así mismo, de un desarticulado modelo de liberalización de la economía emprendido por la ministra Rodríguez, que desbloqueó la importación de bienes de consumo y el uso de dólares en la economía. Ello generó una recuperación que favorece a sectores de mayor ingreso y ahorro externo con acceso a dólares, sin mejorar las condiciones de vida de una mayoría sumida en la extrema pobreza y sin acceso a la ‘Economía del Bodegón’, que es como se llama a los almacenes con existencias de productos importados, a precios de Miami, que se han multiplicado en las zonas comerciales del este de Caracas.

Plan retorno gringo

Así como las devoluciones de bienes sorprendieron a la opinión, también lo hizo la inusitada visita de una delegación del gobierno estadounidense a Caracas el pasado 5 de marzo. El viaje, filtrado en esa misma mañana por The New York Times, terminó en una reunión en Miraflores, celebrada entre las 9 pm y la media noche, inmediatamente después del arribo de los visitantes a Venezuela.

Ninguna de las partes ha detallado lo conversado o acordado en el encuentro, en el que participaron, del lado venezolano, Nicolas Maduro, su esposa Cilia Flores –la ‘Primera Combatiente’ y consejera más cercana del presidente– y Delcy Rodríguez, pero lo trascendido y reseñado por The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post , Bloomberg y Reuters es que el tema central de las discusiones estuvo centrado en la posibilidad de aliviar las sanciones de Estados Unidos contra la exportación de petróleo venezolano a las refinerías del Golfo de México.

El tema se ha ventilado en los pasillos de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en la medida en que la delegación no se reunió con Juan Guaidó, sino que solo habló con él por teléfono al día siguiente, antes de volar de vuelta a Washington, y en tanto que la reacción política de varios senadores de Florida, y en especial del demócrata por New Jersey Bob Menéndez, ha sido radical en su oposición a la iniciativa.

Lo cierto es que desde Caracas, donde los secretos no existen, las versiones apuntan a que el encuentro fue cordial y que Maduro se comprometió a cumplir con acuerdos entre los que están la liberación de presos norteamericanos en Venezuela y el reinicio de las negociaciones con la oposición política en México, detenidas en diciembre a raíz de la extradición de Alex Saab a Estadios Unidos. También se dice que se habló de temas tan específicos como el reintegro de la embajada venezolana en Washington, así como de su residencia, ocupadas hoy por los representantes de Guaidó.

La Invasión de Vladimir Putin a Ucrania y el aparentemente inevitable bloqueo al petróleo ruso por parte de la Unión Europea, seguirán empujando la formalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en la medida en que una guerra prolongada generaría una situación en la que "todo barril cuenta” y en tanto que solo hay crudo disponible en Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Esta última, con Maduro incluido, sería acaso la opción ‘menos peor’.

Ahora bien, el retorno de las relaciones Washington-Caracas tiene valor agregado para ambas partes. Ellas producirían una mejora en el respeto a los derechos humanos en Venezuela y enfilarían al país con las políticas del Departamento de Estado y la Unión Europea, al tiempo que desenchufarían la conexión Caracas-Moscú. Así, no solo se trataría de aliviar o eliminar las sanciones (mal) impuestas por Trump y reintegrarían el petróleo venezolano a su mercado natural, sino que Venezuela volvería a acceder a líneas de crédito del FMI suspendidas por la Junta de Gobernadores de esa entidad. Esos recursos serían, en el corto plazo, mayores al renovado ingreso petrolero y obligarían a reestructurar la deuda externa venezolana, en rojo desde 2017, y ratificarían el reingreso del país al sistema financiero internacional. Todo un giro de 180 grados.