¿Por qué la reforma pensional de Petro es "altamente peligrosa"?

Por Juan Camilo Restrepo

En Colombia tenemos un sistema pensional (público y privado) al cual acceden muy pocas personas. Apenas un 25 por ciento de la población mayor de 65 años logra jubilarse. Cómo avanzar hacia un sistema pensional más universal es un imperativo de equidad y de justicia, que debe ser la espina dorsal de cualquier propuesta seria que sobre pensiones se haga.

Quiero comenzar estas reflexiones reconociendo a Petro que es, hasta el momento, quien ha señalado con mayor énfasis la necesidad de avanzar hacia un sistema pensional menos excluyente, o sea, con mayor cobertura y universalidad. 

Dicho lo anterior, vale la pena analizar la manera como Petro propone avanzar hacia dicha universalización pues, como tantas veces se ha dicho, el camino hacia el infierno está sembrado de buenas intenciones. Las intenciones de Petro parecen plausibles pero los fundamentos técnicos en que se sustenta son deplorablemente deficientes. 

Petro propone –en primer lugar– que todo el stock de ahorro que está acumulado en las cuentas individuales de ahorro de los Fondos de Pensiones se traslade, (“se manden” dice él), a Colpensiones. Es decir, que se les cambie su naturaleza jurídica de Fondos Privados a Fondos Públicos. 

Esto fue exactamente lo que hizo la señora Kirchner en Argentina en 2008 cuando “nacionalizó” el ahorro de 9,5 millones de argentinos y los trasladó a financiar el gasto público. Esto, a juicio de muchos observadores, junto con la financiación del gasto público con recursos de emisión del Banco Central Argentino, es lo que tiene al país austral, 14 años después, postrado con una economía destrozada y una inflación del 60 por ciento.  

En principio el procedimiento propuesto por el candidato Petro no parece ser una expropiación. Los acreedores de los fondos privados seguirían siendo acreedores del esquema de pensiones públicas que para nuestro caso se llama Colpensiones.  Resulta eso sí una medida altamente peligrosa, como lo demuestra la experiencia argentina, tanto para la estabilidad fiscal como altamente cuestionable desde el punto de vista jurídico. 

Gustavo Petro argumenta que como todo lo concerniente al régimen pensional pertenece al ámbito conocido como la “parafiscalidad”, no existe ningún impedimento jurídico para transformar la deuda privada que hoy tienen los fondos de pensiones con los ahorradores, en deuda pública. Colpensiones pasaría a ser el deudor de la nueva cohorte de pensionados que recibiría al suprimirse el sistema de fondos privados de pensiones.

Este es un argumento ingenioso pero jurídicamente muy débil. La parafiscalidad como lo ha enseñado repetidas jurisprudencias de la Corte Constitucional desde cuando la figura de la parafiscalidad se introdujo en la Carta Política de 1991, lo que significa es que los dineros recaudados a través de las diversas modalidades de parafiscalidad tienen que seguir afectos a los intereses de los sectores que contribuyen con sus aportes a la conformación de los fondos parafiscales; y que en ningún caso pueden ir a las arcas comunes del Estado como sucede con los impuestos.

En la propuesta que esquemáticamente se le ha escuchado al candidato Petro, la operación por la cual se liquida el sistema de cuentas individuales de ahorro cuyas reservas se trasladarían a Colpensiones, serviría para liberar al presupuesto nacional de algo así como 18 billones de pesos con los cuales se pagaría un “bono pensional” a 3 millones de personas (con una asignación mensual de medio salario mínimo), es decir 500.000 pesos mensuales.

Nótese que con los 18 billones de pesos que se le sustraerían al sistema de ahorro individual lo que se haría, además de que Colpensiones pueda seguir pagando las mesadas a su cargo, sería aliviar el presupuesto nacional para que pueda atender el pago a 3 millones de colombianos hoy desvalidos (y sin ninguna posibilidad fáctica de acceder a una pensión). 

En los debates que ha habido esta semana sobre el tema de pensiones, llama la atención la superficialidad con que tan importante tema se ha tratado. Federico Gutiérrez e Íngrid Betancourt mostraron que el tema simple y llanamente no lo tienen estudiado. Y por lo tanto sus intervenciones se redujeron lastimosamente a controvertir a Petro pero no a exponer sus propios esquemas pensionales. 

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Federico Gutiérrez e Íngrid Betancourt mostraron que el tema simple y llanamente no lo tienen estudiado.

Petro, por otro lado, con una capacidad argumentativa muy superior a la de sus adversarios, presentó un verdadero “batiburrillo” de propuestas en las que se mezclan ideas serias, propuestas inconexas y una mescolanza de temas pensionales con temas fiscales de subsidios a los sectores más desvalidos. Por ejemplo, en el primer debate que hubo que fue el de El Tiempo-Semana, Petro habló inicialmente de que se llevaría todos los ahorros acumulados en los Fondos Privados de Pensiones a engrosar las reservas de Colpensiones. En el curso de la semana matizó su propuesta original diciendo que quienes deberían migrar eran aquellos cotizantes que ganaban menos de 4 salarios mínimos puesto que su suerte no quedaba garantizada permaneciendo en los fondos privados.

Lo que finalmente quedó en claro es que la esencia de la propuesta de Petro consiste en extraer obligatoriamente 18 billones de pesos que están acumulados en los fondos privados y llevarlos compulsivamente a un esquema público único de pensiones. 

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La esencia de la propuesta de Petro consiste en extraer obligatoriamente $18 billones que están acumulados en los Fondos Privados

En algún momento habló también de que quería implantar el sistema de pilares con cotizaciones obligatorias para todos aquellos ingresos menores a cuatro salarios mínimos, y voluntarios de ahí en adelante. Pero no quedó en claro si esto lo proponía dentro de Colpensiones o manteniendo la figura de los Fondos Privados. Total: una gran confusión. Resulta inquietante que quienes se postulan a la Presidencia de la República, o no tengan nada que proponer en materia pensional, o lo hagan de manera tan confusa como lo ha hecho Petro.

Como un apéndice de todo lo anterior, el candidato de la Colombia Humana anuncia que acabaría con el frondoso árbol de las exenciones, deducciones y demás privilegios tributarios que existen y que fueron analizados prolijamente por la comisión de expertos en privilegios tributarios que el actual gobierno convocó pero cuyas recomendaciones desatendió. 

Según Petro con esta poda de los privilegios tributarios se recaudarían 33 billones de pesos, que servirían para pagar un subsidio de medio salario mínimo a cada una de las 5,8 millones de madres cabeza de hogar más pobres que existen.

Propósito plausible también pero que aún luce muy crudo como propuesta política. No porque sea imposible. Sino porque aún quedaría por explicarle al país si Petro está también listo a suprimir todas las exenciones, deducciones y privilegios que existen en el sistema del IVA que, según el informe de los expertos que hemos citado, representa el 50 por ciento del costo total de los privilegios tributarios.

En síntesis: las propuestas de Petro no parecen ser en realidad una medida expropiatoria de las pensiones. Busca acabar con el sistema de cuentas individuales en los fondos y convertir la totalidad del ahorro pensional allí acumulado en un solo fondo que manejaría Colpensiones. Pero los actuales acreedores de los fondos privados seguirían siéndolo, ya no de los fondos privados, sino de un solo fondo público que actualmente es Colpensiones. 

Llevar a la práctica esta propuesta conlleva naturalmente un sin número de dificultades técnicas, legales y aún constitucionales.  Pero a la postre podría ser viable si las mayorías del Congreso así lo aprueban. 

A mi entender, entonces, el debate está mal planteado. No se trata de discutir encarnizadamente si la propuesta es expropiatoria o no; que no parece serlo. El real debate consiste en analizar si para cumplir los objetivos buscados se necesita dinamitar el sistema de fondos privados; o si sería mejor para Colombia mantener el sistema dual en el que hoy coexisten fondos privados de pensiones y el sistema público de Colpensiones.

Si hay razones para controlar de mejor manera a los fondos privados para que no haya abusos, cosa que podrían hacer las superintendencias respectivas; o si por el contrario para corregir eventuales abusos hay que destrozar el sistema. 

Y por último: si para financiar la ampliación de la cobertura pensional a 3 millones de colombianos se requiere que el Estado le eche mano a $ 18 billones de ahorros privados que hoy existen en las cuentas de ahorro individual de los fondos privados de pensiones; o si existe mecanismos fiscalmente mucho más claros jurídicamente menos traumáticos para hacerlo. 

Esas son las grandes preguntas que están sobre la mesa. Y que deben abordarse con una cabeza fría y analítica más que con exaltados improperios.