6 Noviembre 2022

Colombia, primer país latinoamericano que se atrevió a cobrarle impuestos a las 'big tech'

No hay nada de "comunista" en cobrarles impuestos a las compañías tecnológicas. Hasta Donald Trump estuvo de acuerdo en ello, cuando firmó el pacto con la Ocde que impondrá tributos en cada país a las empresas de la economía digital.

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DIAN Big Tech

Por Álvaro Montes
La noticia es gorda: Colombia es el primer país de Latinoamérica que da el valiente paso de cobrar impuestos a las tecnológicas. Desde hace algunos años, y en medio de tensos debates internacionales, Europa y algunos países asiáticos comenzaron a solucionar de manera directa el viejo problema que vino con la economía digital, que por su naturaleza de operar en remoto sobre redes de internet, permitía a una "big tech" el milagro de hacer negocios en todo el planeta sin pagar impuestos en cada país. La Ocde encaró el tema y en 2019 logró un acuerdo con el G20 para poner fin a esta injusticia.
Trasladar a cada Estado lo que le corresponde del tributo que las tecnológicas transnacionales deberían pagar por sus descomunales ingresos es tan legítimo como cobrar impuestos por cualquier otra actividad económica. Ningún pensador neoliberal logró demostrar que las tecnológicas tengan derecho a excluirse de tributar solo porque establecen su residencia fiscal en un paraíso como Las Bahamas o Islandia, que es donde Google, Microsoft, Facebook y otras tienen su sede "oficial", y en donde pagan impuestos pírricos. Por hacer eso a Shakira la quieren meter a la cárcel en España, pero las "big tech" han operado bajo esa fórmula por décadas.
La reforma tributaria que acaba de aprobarse pone a Colombia en el bando de las naciones que no temen cobrarles a Google y Facebook algún tributo por el billón de pesos en promedio anual que obtienen de sus operaciones comerciales en nuestro país, y por el cual no han entregado jamás un solo peso a la Dian.

Trasladar a cada Estado lo que le corresponde del tributo que las tecnológicas transnacionales deberían pagar por sus descomunales ingresos es tan legítimo como cobrar impuestos por cualquier otra actividad económica. Ningún pensador neoliberal logró demostrar que las tecnológicas tengan derecho a excluirse de tributar solo porque establecen su residencia fiscal en un paraíso como Las Bahamas o Islandia.


La figura utilizada en la reforma tributaria es la presencia económica significativa, que no se la inventó el ministro José Antonio Ocampo, sino que es una de las alternativas que puso sobre la mesa la Ocde, en su famoso "Pilar 1" de solución al tema de los impuestos globales de la economía digital. El concepto de presencia económica significativa fue acuñado originalmente por la Comisión Europea, dentro de un paquete de medidas fiscales para solucionar el tema. De hecho, la fórmula que el gobierno Petro redactó en la reforma tributaria es la misma que se utiliza desde 2018 en India, aplicándolo sobre cualquier negocio que opere desde el exterior y que obtenga ingresos en el país por al menos 235.000 dólares (31.300 UVT) o tenga 300.000 clientes en territorio nacional durante el año gravable. En India la fórmula es 285.000 dólares. Era la misma cantidad acá, pero recordemos que el proyecto de reforma tributaria fue redactado cuando el dólar estaba entre 4.200 y 4.300 pesos, en agosto pasado. No se lo sacó de la manga el director de la Dian ni es un invento comunista, porque los 127 países miembros de Ocde harán lo mismo, o algo parecido, en algún momento de los próximos tres años.
Quienes se opusieron a esta medida en las discusiones del Congreso, advierten -con razón- que el acuerdo Ocde está en fase de reglamentación y entrará en vigor tal vez en 2024 y podría hacer colisión en ese momento con el artículo 48 de la reforma tributaria. El parágrafo 5 de dicho artículo deja claro que cuando entre en vigor un acuerdo internacional suscrito por Colombia respecto de la tributación de las empresas globales, Colombia se regirá en ese punto por lo dispuesto en dicho acuerdo, y cesará el artículo aprobado esta semana en el Congreso. Más claro no puede ser.

Hay una cantidad enorme de servicios que los colombianos utilizan, y que  prestan empresas que operan en el exterior, que no son propiamente "big tech" y no se trata de mero entretenimiento.


Las tecnológicas globales ni siquiera se pronunciaron, porque tal vez el 3 por ciento sobre sus ingresos brutos resulte más favorable por ahora que la tasa que finalmente establezca la Ocde, que será de obligatorio cumplimiento y en la que se ha llegado a hablar de un impuesto hasta del 15 por ciento del total de utilidades globales, que será distribuido entre los países miembros de Ocde según el tamaño de la presencia de la empresa en cada uno de ellos. Hay que señalar que el acuerdo del G20 con Ocde lo firmó el mismo Donald Trump, presidente del país en donde nacieron la mayoría de las tecnológicas en cuestión.
Para el senador Gustavo Bolívar es un asunto elemental: "No se trata de dañar o impactar a nadie, sino de actualizarnos en materia tributaria", respondió. Bolívar agrega: "Las ventas a través de comercio electrónico en Colombia alcanzaron 3,6 por ciento del PIB. Hay un mercado enorme para las plataformas y empresas tecnológicas desde el exterior; solo les estamos pidiendo que paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponde en nuestro país".
Como en todo, hay vaso medio vacío en este tema. Es de esperarse que las tecnológicas trasladen a los consumidores la carga tributaria. Y eso no va a gustarle a ningún colombiano. José Daniel López, director de Alianza In, el gremio de las empresas de la economía colaborativa advierte que el 30 por ciento de los colombianos tiene suscripciones a servicios de streaming y al menos 100.000 trabajan en plataformas de movilidad. Se da por descontado que Netflix y Uber cargarán a sus clientes al menos una parte del tributo. En la Alianza In están afiliadas algunas empresas que tendrán que pagar impuestos, como Uber, Didi y TikTok.

El concepto de presencia económica significativa fue acuñado originalmente por la Comisión Europea, dentro de un paquete de medidas fiscales para solucionar el tema.


López estuvo en las negociaciones con el Congreso y contribuyó a las modificaciones respecto de la propuesta original, que establecía el tributo en 5 por ciento (bajó a 3 por ciento) de las ventas totales. Congresistas como Katherine Miranda y Alfredo Deluque, entre otros, contribuyeron a que se pospusiera hasta el año 2024 la entrada en vigor del tributo.
Hay una cantidad enorme de servicios que los colombianos utilizan, y que  prestan empresas que operan en el exterior, que no son propiamente 'big tech' y no se trata de mero entretenimiento. En salud, por ejemplo, es común que en el sector hospitalario se utilice software de análisis de exámenes clínicos provisto por empresas del exterior mediante el popular modelo de servicios en la nube. Hay pymes que pagan suscripciones a sistemas contables que están localizados fuera del país, así como servicios de chabots para atender a sus clientes. Habrá un impacto negativo que tendrá que discutirse porque puede llegar a ser muy delicado. De hecho, hay varios puntos lesivos a pymes y profesionales independientes, como el incremento en el impuesto a quienes pertenecen al régimen simple de tributación, un tema del que poco se ha hablado.
Pero en cualquier economía de mercado los negocios pagan impuestos, tanto los tradicionales como los nuevos de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué tendría que haber excepciones?

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