15 Julio 2022

¿Cómo controlar las 'big tech'?

La Unión Europea ensaya un nuevo mecanismo para regular a las grandes empresas tecnológicas de la comunicación. Se trata de una legislación sobre los servicios y de los mercados digitales que entraría a operar a mediados de 2023.

Por: Eduardo Sánchez

La gratuidad de la gran mayoría de los servicios que nos prestan las big tech, grandes empresas tecnológicas conocidas también con el acrónimo GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) ha sido un factor importante en el grado de dependencia que tenemos hacia ellas. Pero, una vez más, se demuestra que la gratuidad no existe y, en este caso como en otros, es un simple espejismo o, mejor aún, los espejos con que nos atraen hacia ellas para obtener lo que es hoy en día una de las mercancías más valiosas: nuestros datos personales. Los numerosos escándalos que han salpicado la utilización de estos datos, incluyendo la manipulación de elecciones, han llevado solamente, en el mejor (o peor) de los casos, a multas que nos parecen millonarias pero que son irrisorias para los capitales que ellas manejan, y, en la gran mayoría de los casos, a actos públicos de contrición, con promesas nunca cumplidas y rápidamente olvidadas. 

Es así como, por ejemplo, durante las pasadas elecciones presidenciales, plataformas digitales como Twitter y Facebook se convirtieron en vertederos de desinformación y de odio, ante la mirada indiferente o cómplice de autoridades y plataformas. 

Confrontados a la misma situación en Europa, el Parlamento europeo de Estrasburgo ha decidido coger el toro por los cuernos y acaba de aprobar, con una amplia mayoría, dos textos legislativos que deberían tener grandes consecuencias sobre las actividades de las big tech, no únicamente en Europa, sino también en Colombia: 

La legislación sobre los servicios digitales (Digital Services Act, DSA): 539 votos por, 56 contra y 30 abstenciones 

La legislación sobre los mercados digitales (Digital Markets Act, DMA): 588 votos por, 11 contra y 31 abstenciones. 

Si el propósito de la DSA es luchar contra la difusión de contenidos ilegales e informaciones falsas (fake news), algo que no debería levantar muchas oposiciones, el propósito de la DMA es mucho más controversial: impedir que las big tech abusen de su posición de casi-monopolio. Por ejemplo, se obligaría a Apple a permitir la venta de aplicaciones por fuera de su tienda, es decir se permitiría la existencia de tiendas de aplicaciones no controladas por Apple. Por supuesto, Apple, por la voz de su CEO Tim Cook, se opone radicalmente a esta eventualidad, alegando mayores riesgos en la seguridad del iPhone y del iPad. 

Una segunda modificación que permitiría la DMA es el intercambio de informaciones (mensajes, ficheros, etc) entre diferentes servicios de mensajería (WhatsApp y Signal, por ejemplo). 

El control propuesto por la DSA en la difusión de informaciones falsas y alimentación del odio en línea tendría grandes consecuencias en la utilización de Twitter y de mensajerías como WhatsApp, por ejemplo. Veamos algunas de estas medidas: 

Todo proveedor de servicios digitales debe tener un representante legal en cada uno de los 27 países de la UE. Una vez por año, estos representantes deben publicar un informe detallando las acciones tomadas para moderar los contenidos y el tiempo de reacción ante la publicación de contenidos ilegales. 

Cada Estado miembro de la UE debe nombrar una autoridad capaz de investigar y sancionar las malas prácticas. 

Las grandes plataformas, es decir aquellas con más de 45 millones de utilizadores en la UE (YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, por ejemplo) estarán obligadas a analizar sus contenidos para limitar la difusión de contenidos ilegales, violaciones de la vida privada o de la libertad de expresión, etc. 

El respeto de estas reglas por las grandes plataformas será verificado cada año por organismos independientes. 

La aplicación de estas legislaciones no tiene fecha definida, aunque Margrethe Vestager, la comisaria europea para la competencia, ha declarado que debería ser a mediados de 2023, con un plazo de 6 meses de adaptación para las empresas. Y los sueños son permitidos: las bodegas colombianas podrían ver limitadas sus acciones, en parte por modificaciones globales impuestas a las plataformas y en parte por legislaciones propias de las autoridades colombianas, inspiradas de las europeas. La gran pregunta es con qué medios podrá la UE controlar la aplicación de estas medidas y cuáles serán las sanciones en caso de no cumplimiento. Las dudas en ambos casos son razonables.