JEP reconoce a El Aro como víctima colectiva: estos son los exparamilitares señalados por la masacre de 1997

El control ejercido por las antiguas Farc en El Aro –un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia– impulsó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a elaborar un plan que les permitiese expulsar a la guerrilla y tomar el control del territorio. Dicho plan se materializó el 22 de octubre de 1997, cuando el grupo paramilitar se tomó al corregimiento, acusando a sus pobladores de guerrilleros o auxiliadores de los mismos.

La masacre duró cinco días en los que hombres pertenecientes a las AUC –conocidos en la región como los “Mochacabezas”–, asesinaron, torturaron, secuestraron, hurtaron y desplazaron a la población del corregimiento. Según la JEP, los victimarios dejaron un saldo de 16 personas asesinadas, 1.400 desplazados y 17 secuestrados, a quienes obligaron a arriar el ganado robado por la zona montañosa.

Por la fría sevicia con la que actuaron los paramilitares y la absoluta desprotección en la que quedaron los habitantes de El Aro, quienes no fueron atendidos por la fuerza pública sino hasta siete días después de finalizada la masacre, este hecho quedó en la memoria como uno de los más crueles en la historia del país.

Luego de 27 años de la matanza, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a la comunidad de El Aro como víctima colectiva en el marco del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.

Los responsables detrás de la masacre de El Aro

Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue uno de los líderes que estuvieron a cargo de la organización de la masacre. En noviembre de 2023, durante una audiencia reservada ante la JEP a la que CAMBIO tuvo acceso, el ex paramilitar vinculó directamente al expresidente Uribe en la masacre de El Aro.

Mancuso reveló que, a comienzos de 1997, cuando el entonces gobernador Álvaro Uribe terminaba su mandato, se habría planeado una operación militar contra las poblaciones que rodean el río Cauca. La masacre de El Aro habría sido una de ellas y, según su declaración, se gestó en las oficinas de la IV Brigada del Ejército en Medellín por orden de Uribe.

El exparamilitar también aseguró que sostuvo un encuentro directo con Uribe en su finca El Ubérrimo, en 1996, antes de la masacre. Asimismo, aseguró que Pedro Juan Moreno, el entonces secretario de la gobernación de Uribe, fue quien pidió que se cometiera la acción violenta.

“El Aro se iba a hacer desde el 96. Reunido en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas (…) fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe”.

Finalmente, Mancuso explicó que durante la masacre fueron utilizados los helicópteros de la gobernación y del Ejército. “El helicóptero del Ejército no lo solicitamos nosotros, seguramente que lo solicitó alguien de la tropa que estaba en el área, porque estaban apoyándonos. Como se planeó la operación nosotros ingresábamos y ellos bloqueaban por fuera. Ellos no ingresaban, de hecho, iban a impedir que cualquier persona ingresara. Ellos impidieron el acceso de la Cruz Roja, de la Defensoría, o sea, todo lo que iba para allá, nadie podía entrar hasta que nosotros saliéramos del área”, declaró ante la JEP.

Carlos Castaño Gil

Carlos Castaño es señalado como el segundo autor intelectual de la masacre de El Aro. Según información obtenida por la Fiscalía, fue quien planificó junto a Mancuso la incursión al corregimiento y recibió, de manos del brigadier general Alfonso Manosalva Flórez, las coordenadas sobre la región del Ituango. 

Castaño también habría recibido un documento en el que se mencionaban los campamentos guerrilleros, los nombres y la ubicación de milicianos y auxiliadores de la subversión. El documento también detallaba los nombres de los sospechosos de colaborar con la guerrilla, su ubicación y cartografía.

Según la información obtenida por la Fiscalía, la incursión al corregimiento de El Aro fue planificada en la finca La 57, ubicada en el departamento de Córdoba, por Mancuso y Castaño.

Alfonso Manosalva Flórez

Alfonso Manosalva fue un general del Ejército colombiano acusado por los paramilitares Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún y Ramón Isaza por colaborar en la ejecución de la masacre de El Aro.  

Aunque Manosalva murió en el mismo año en que ocurrieron los hechos, Mancuso lo acusó de entregarle a los paramilitares las coordenadas y la lista con los nombres de las personas que “debían” morir en la persecución realizada en El Aro, por ser acusados de auxiliadores y patrocinadores de la guerrilla.

En unas declaraciones realizadas ante Justicia y Paz en 2009, Hasbún acusó a Manosalva de planear el ingreso de las AUC a la zona. “En alguna oportunidad, el comandante de la IV Brigada tiene contactos con algunos miembros de las autodefensas muy allegados a Castaño y me ordenan que tenga una entrevista con Manosalva”, relató el exjefe paramilitar.

Francisco Enrique Villalba Hernández

Villalba fue un exparamilitar conocido por participar activamente en la masacre de El Aro y por inculpar también a Álvaro Uribe en 2008 como actor intelectual de la masacre. “El presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente, en el año 97, de cometer esta masacre”, destacó en entrevista con Noticias Uno.

Estuvo preso durante 10 años en el patio de Alta Seguridad de La Picota y en marzo de 2009 fue trasladado a su casa en La Estrella para terminar de cumplir su condena. Dos semanas después de ese traslado, unos sicarios entraron a su casa y le dispararon en varias oportunidades provocándole la muerte.

Su nombre volvió a resonar después de que Salvatore Mancuso afirmara que el helicóptero de la gobernación de Antioquia sí sobrevoló la población de El Aro mientras se llevaba a cabo la masacre. Uribe ha negado reiteradamente estas afirmaciones.

La responsabilidad del Estado

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y participación en la masacre. “La responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública apostados en dicho municipio”, se lee en la sentencia proferida por la Corte.

La Corte también ordenó al Estado colombiano proveer justicia, reparar a las víctimas, garantizar su retorno seguro al corregimiento, reconocer públicamente su responsabilidad, conmemorar con una placa los actos cometidos e implementar programas de educación en derechos humanos.

A pesar del llamamiento de la Corte, los hechos ocurridos en El Aro quedaron en la impunidad. Según un informe realizado por Rutas del Conflicto, solo hasta 2017 se firmó un acuerdo parcial con el gobierno de Juan Manuel Santos para la atención en salud física y mental que el Estado debía proveer a las víctimas.

En 2022, luego de 16 años de emitida la orden de la CIDH, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón a los familiares de las víctimas de las masacres perpetradas en El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente.

El acto se llevó a cabo en Medellín y contó con la presencia de la Unidad para las Víctimas. Durante este se reconoció el valor y resistencia que han tenido los familiares de los afectados y el Estado reiteró su compromiso y voluntad para que los casos no queden en impunidad.