En el Catatumbo, los ciudadanos colombianos huyen de la violencia de los grupos armados.
Crédito: Colprensa
Trabajos forzados y ejecuciones en "campos de resocialización" de las disidencias de las Farc en el Catatumbo
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Un informe de Human Rights Watch revela la existencia de "campos de resocialización" operados por el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Testimonios describen un sistema de trabajos forzados, ejecuciones, violencia sexual y represión, mientras el Estado sigue sin control sobre el territorio.
Por: Juan David Cano
En lo profundo del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, el frente 33 de las disidencias de las Farc instauró lo que denomina "campos de resocialización". Sin embargo, lo que allí ocurre dista mucho de cualquier proceso de reintegración social.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), estos centros funcionan como espacios de castigo y sometimiento, donde las personas son forzadas a realizar trabajos esclavizantes y están expuestas a violencia extrema, incluidas ejecuciones y abusos sexuales.
Los abusos a los que son sometidos los colombianos en los "campos de resocialización"
El informe de HRW, basado en testimonios de víctimas y testigos, describe cómo el frente 33 de las disidencias detiene a individuos acusados de violar sus normativas impuestas a la comunidad. Un hombre de 35 años relató que, el 8 de diciembre de 2024, miembros de la guerrilla lo sacaron de su casa y lo llevaron a uno de estos campos. "A él y a otras 27 personas, según nos contó, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días de cuatro de la mañana a 6:30 de la tarde", relató HRW.
El informe también destaca que el grupo armado impone sanciones brutales a quienes se niegan a colaborar. Algunos testigos informaron que los prisioneros eran forzados a presenciar asesinatos como forma de intimidación. "Una vez, un combatiente (del frente 33) mató a una pareja que estaba discutiendo... Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos", dijo otro testigo citado en el informe.
La entidad también documentó que algunos de los detenidos eran sometidos a violencia sexual por los comandantes del grupo armado, aunque otras personas tenían beneficios. "Las ‘favoritas’ tenían ciertos ‘lujos’, como dormir en una cama", contó un testigo sobre las condiciones de las mujeres retenidas en estos espacios.
Mientras el Gobierno negocia con las disidencias de las Farc, esta se fortalece y comete más atrocidades contra la población
El Gobierno colombiano, que actualmente mantiene conversaciones de paz con el frente 33 de las Farc, fue criticado por su ineficiencia en la protección de los civiles. Además, los habitantes denuncian que el grupo aprovechó las conversaciones de paz para fortalecerse.
"Numerosos desplazados dijeron a Human Rights Watch que, en los últimos años, el frente 33 había ampliado su control sobre las comunidades del Catatumbo", advierte el informe. Mientras tanto, los habitantes del Catatumbo quedan atrapados entre la violencia de los grupos armados y la inacción del Estado.
Las cifras más recientes revelan que la violencia en la región ha alcanzado niveles alarmantes. Entre el 16 de enero y el 8 de marzo, se reportaron 78 asesinatos, entre ellos cuatro niños, una cifra que cuadruplica el promedio mensual de homicidios en 2024. Además, el informe advierte que esta cifra podría ser aún mayor debido a desapariciones forzadas y al temor de las familias a denunciar los casos.
En cuanto al desplazamiento forzado, los enfrentamientos han obligado a más de 56.500 personas a huir de sus hogares, lo que representa el 14 por ciento de la población del Catatumbo. Este es el desplazamiento masivo más grande registrado en Colombia en décadas según HRW y supera el total de desplazados en todo el país durante 2024.
Además de los campos de castigo, los homicidios y los desplazamientos, el informe denuncia otros abusos cometidos en la región. Entre ellos, el reclutamiento forzado de niños, que ha ido en aumento según la Defensoría del Pueblo. "Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes, en cualquier momento se los llevarían", relató una mujer desplazada del municipio de El Tarra.
También se reportan asesinatos y desapariciones selectivas de líderes comunitarios. La esposa de un excombatiente de las Farc asesinado por el ELN relató a HRW: "Me dijeron que me fuera y que podía volver días más tarde, pero bajo ciertas reglas". Organizaciones de derechos humanos también alertaron que la situación en la región se convirtió en una de las crisis humanitarias más graves del país en las últimas décadas.
El llamado de HRW al Gobierno
Por todo lo anterior, HRW instó al Gobierno colombiano a adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar que estos espacios de castigo sigan operando impunemente.
"El Gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Mientras tanto, en el Catatumbo, el miedo persiste. La comunidad sigue esperando respuestas, aunque la violencia no da tregua.
