Cronología del rompimiento del cese bilateral al fuego con el Estado Mayor Central

En la mañana del sábado 20 de mayo, el país se despertó con un comunicado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), donde denunciaron el asesinato de cuatro menores, cuando estaban escapando de un reclutamiento forzado del frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, disidencias de las Farc, en los límites entre Caquetá y Amazonas.

Los medios de comunicación buscaron alguna respuesta por parte de los integrantes del grupo ilegal, para desvirtuar o confirmar si el grave hecho contra los derechos de los menores había sido cometido o si se trataba de una falta de control en el mando.

Las horas pasaban y la respuesta de la organización ilegal al mando de alias Iván Mordisco, era que la denuncia estaba siendo cotejada, “Entendemos la urgencia en la información, pero estos procesos no tienen la misma rapidez en las áreas rurales que en las urbanas. Hasta que no se tenga la información totalmente cotejada no se van a dar declaraciones al respecto”.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con línea directa con el cabecilla del Estado Mayor Central, sí obtuvo respuesta. Alias Iván Mordisco le informó que los integrantes del frente Carolina Ramírez habían proyectado un borrador de comunicado, pero que el hecho todavía estaba en investigación. 

En el documento que llegó a manos del alto comisionado asumían su responsabilidad: “Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados, quienes tienen la edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria”.

En la noche del sábado 20 de mayo, el país desconocía que las disidencias de las Farc ya habían aceptado la muerte de los menores. Solo un grupo cercano a Danilo Rueda y el mismo presidente conocían el mensaje.

Rompimiento del cese

El domingo 21 de mayo, ante la gravedad del hecho, el presidente, Gustavo Petro, citó a una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño que duró más de cinco horas con la cúpula militar, iglesia, delegados de los países amigos de los diálogos e integrantes del mecanismo de verificación. 

Cuando el país dormía, el alto comisionado para la Paz le escribió un chat al WhatsApp de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en el que lamentaba que los delegados del Estado Mayor Central no hubieran asistido a la reunión y le informó que lo ocurrido con los menores era un daño irreparable, una clara infracción al DIH y crimen de guerra.

“Por tales razones, siendo conscientes del momento presente y manteniendo el ánimo de paz, se ha tomado la decisión de parte de nuestro Gobierno de suspender parcialmente el cese de fuegos en cuatro territorios de Colombia en los que ustedes operan como son: Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare. Se da el tiempo razonable de 72 horas para sus movilizaciones internas y las que hubiere a lugar si desisten del Mecanismo de Verificación para llevarlos a su lugar”, aseguró el alto comisionado de Paz.

El funcionario también le reiteró el llamado a comenzar una mesa de diálogo antes de cuatro semanas, para reflexionar sobre los errores y las realidades de incluir a los menores dentro del conflicto armado, respetar la vida de las comunidades y avanzar en las tareas para manejar la crisis actual.

La decisión generó de inmediato el rechazo de los integrantes del Estado Mayor Central, que prepararon un comunicado que fue dado a conocer a la opinión pública a las seis de la mañana del lunes 21 de mayo, en el cual afirmaban que no solo en los cuatro departamentos se levantaba el cese al fuego, sino que la orden era reactivar acciones armadas en todo el país. “El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, decía. 

El Estado Mayor Central también expresó su desacuerdo con el manejo que el Gobierno le había dado a las negociaciones, al asegurar que no se habían instalado los dispositivos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes.

“Violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación, que era una claudicación anticipada. Y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza”, afirmaba el documento.

Los periodistas de los diferentes medios en el país no entendían lo que estaba ocurriendo, hasta que a las 6:30 de la mañana, la misma organización ilegal filtró la comunicación enviada a alias Iván Mordisco. En ese momento todo tuvo sentido.

El país se enteró del cese al fuego no por el Gobierno, sino por las mismas disidencias de las Farc. Esto provocó la salida de un comunicado de urgencia por parte de la oficina de prensa de la Casa de Nariño, para hacerle contrapeso a la información divulgada por el Estado Mayor Central.

Luego de más de 72 horas, los medios de comunicación insistían por alguna comunicación oficial de las disidencias de las Farc sobre el caso de los menores, respuesta que fue conocida por la filtración del borrador del comunicado enviado en la tarde del sábado al alto comisionado.

La tensión entre ambas partes quedó reflejada en un comunicado el pasado sábado 27 de mayo, en el que el Estado Mayor Central envió una serie de advertencias y amenazas contra políticos y candidatos a las elecciones del mes de octubre, tras la ruptura del cese al fuego con el Gobierno nacional.

"Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control", expresó el grupo ilegal.

En el documento insisten en que la suspensión de operaciones ofensivas en cuatro departamentos (Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo) "deja inválido el protocolo de cese al fuego y los compromisos asumidos por las partes".

CAMBIO conoció que este hecho rompió el débil hilo que todavía sostenía una posible negociación entre Gobierno y el Estado Mayor Central, al sentir que entre las partes no hay ningún tipo de confianza.