El informe revela que la confrontación bélica entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc derivó en un escalamiento sin precedentes del conflicto armado interno.
Crédito: Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo denunció que en el Catatumbo aumentó la emergencia humanitaria por causa del conflicto armado
- Noticia relacionada:
- Disidencias de las FARC
- Eln
- Catatumbo
- Conflicto Armado
En su último informe, la Defensoría documenta cómo la disputa armada entre el ELN y el disidente Frente 33, en tan solo tres meses y medio ha desplazado forzosamente a cerca de 65.000 personas y confinado a poco más de 12.900.
Por: Javier Patiño C.
En la mañana de este martes 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo entregó en Cúcuta el más reciente informe ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’, que documenta la más grave emergencia humanitaria presentada en el país desde que se cuenta con un registro oficial.
“Han sido 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas, 117 homicidios y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario (entre el 16 de enero y el 28 de abril de este 2025), de hechos derivados del accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, principalmente en la región del Catatumbo escenario de confrontaciones entre el frente nororiental del ELN y las disidencias de las Farc”, dice el informe.
Revela además que la confrontación bélica entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc derivó en un escalamiento sin precedentes del conflicto armado interno. La respuesta del Estado, incluida la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las agresiones ni garantizar plenamente los derechos de la población civil.
“El uso de drones explosivos, la instalación de minas antipersonal, la utilización de armamento cerca de escuelas y zonas pobladas, ataques contra comunidades indígenas, además de hechos relacionados con violencia sexual, revelan un panorama delicado en materia de derechos humanos que debe llamar la atención de la institucionalidad gubernamental”, dice Iris Marín, defensora del Pueblo.
La entidad también lanza una alerta por la persistencia del reclutamiento de menores de edad. Un total de 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados entre enero y febrero pasados. Así como ataques contra comunidades indígenas, particularmente al pueblo Barí, que enfrenta riesgos de exterminio físico y cultural.
Panorama de los firmantes de paz
De acuerdo con la Defensoría, para diciembre de 2024 habría 464 firmantes de paz en la subregión Catatumbo. Sin embargo, para marzo de 2025 solamente 41 permanecían en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio.
“Es decir, han sido desplazadas(os) junto con sus núcleos familiares un total de 223 firmantes, 172 están en condición de confinamiento y 18 han sido trasladados(as) por razones de seguridad. A esto se suman seis firmantes asesinados y dos desaparecidos”, expresa el informe.
Ante la grave situación humanitaria, emitió una serie de recomendaciones para garantizar el retorno seguro de las comunidades desplazadas, proteger a lideresas y líderes sociales, pueblos étnicos y firmantes de paz, y fortalecer la acción humanitaria con enfoque diferencial.
“La Unidad para las Víctimas debe avanzar en la caracterización de las víctimas, ubicación y necesidades de atención, fortalecer la acción de la Fuerza Pública y garantizar el respeto integral del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, reforzar rutas de protección para firmantes e implementar medidas de protección efectivas para lideresas y líderes sociales, proteger los entornos escolares, poner en marcha medidas para garantizar la permanencia escolar de desplazados e implementar planes de protección para docentes y formular planes integrales de retorno y reubicación bajo los principios de dignidad y sostenibilidad y asegurando las condiciones de seguridad”, afirma la defensora del Pueblo.
En el documento, la entidad pide también aclarar la finalidad de la zona de ubicación temporal (ZUT) de los integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc e identificar los riesgos para las comunidades y liderazgos sociales. Así como formalizar e implementar efectivamente el Pacto Social del Catatumbo, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.
“Estamos convencidos de que, si actuamos de manera coordinada y positiva entre todas las instituciones del Estado, no solo la fuerza pública sino también las autoridades territoriales, las autoridades del Gobierno nacional que tienen programas sociales, los organismos de control y además de manera inteligente y asertiva y conociendo el contexto, podemos empezar a reversar esta situación; tenemos oportunidades y obligaciones como autoridades”, asegura Iris Marín Ortiz.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores del Estado, a la cooperación internacional y a la sociedad civil, a fin de que redoblen esfuerzos para prevenir nuevas crisis y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades del Catatumbo.
