Una niñez de fusil y camuflado: la triste realidad del reclutamiento de menores en Colombia

El día en que lo reclutaron, Andrés estaba tan distraído jugando con su muñeco de Iron Man, que no advirtió la discusión entre sus padres y los hombres armados. En medio de los gritos desesperados de su madre, el niño de 10faños se agachó para recoger su juguete. En ese momento, un guerrillero alzó al niño y, mientras los demás insurgentes les apuntaban con armas, Andrés entendió que tendría que irse con ellos.

A Andrés lo subieron en una moto, y lo llevaron a un campamento improvisado. Allí conoció a Esteban, un menor de 13 años que  llevaba varios días reclutado por el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Esteban había vivido una situación similar. Sus padres recibieron un ultimátum del grupo ilegal, que les exigió apoyo a la lucha armada y los obligó a entregar a su hijo, quien apenas pudo llevarse algunas pertenencias en una maleta raída.

“Las disidencias les ofrecen dinero o simplemente los secuestran para suplir la falta de integrantes. Luego los obligan a trabajar en laboratorios de coca o a espiar el movimiento de las tropas”, denuncia un habitante de la región, quien pide el anonimato.

Durante semanas, Esteban y Andrés recibieron entrenamiento en manejo de armas e inteligencia. Como principiantes, fueron asignados a una mujer del grupo, quien les aseguró que no participarían en incursiones armadas.

Su primera misión fue viajar a Cúcuta para comprar medicamentos para el grupo ilegal. Aunque la misión no parecía riesgosa, las autoridades ya les seguían la pista y los interceptaron cuando regresaban a Tibú.

Cuando los soldados les pidieron los documentos, la mujer encargada de los menores se puso nerviosa e intentó usar un arma escondida en su bolso, pero fue reducida rápidamente. Lo que más sorprendió a los militares fue que Andrés portaba un revólver y Esteban escondía bajo sus pies un fusil entregado tras su entrenamiento.

Los menores fueron trasladados a la base de la Brigada 30, en Cúcuta, donde un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se haría cargo de restablecer sus derechos. La mujer fue detenida por reclutamiento de menores y porte ilegal de armas.

Este es uno de los casos que realiza el frente 33, de las disidencias de las Farc, que se comprometió con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en la búsqueda de la paz total pero no ha dejado de reclutar menores.

“El rumor entre la comunidad es que se han llevado cerca de 70 niños y niñas desde final de año, algunos tentándolos con celulares, joyas y hasta motos para que dejen sus hogares”, asegura el habitante de la región.

Un flagelo que no desaparece

El reclutamiento de menores ocurre a diario en el país, en especial en el Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Caquetá y el Pacífico nariñense. Según cifras del Comando del Ejército, en los primeros tres meses de 2025, 105 menores fueron rescatados.

Un informe revela que las disidencias de las Farc reclutaron 59 menores en Arauca, Cauca y Nariño, seguidos por el Clan del Golfo (6), la delincuencia común (33) y el ELN (3), con presencia en Antioquia, Chocó, Guaviare y Caquetá.

La Defensoría del Pueblo ha emitido 16 alertas tempranas denunciando la persistencia de esta grave violación de derechos humanos. En 2024, se registraron 463 casos de reclutamiento ilegal: 230 indígenas, 136 sin identificación étnica, 67 sin información y 30 afrodescendientes.

“Los departamentos más afectados son Cauca (325 casos), Putumayo (21 casos), Valle del Cauca (20 casos), Antioquia (15 casos) y Huila (14 casos). Estas cifras demuestran la persistencia de esta grave violación de derechos humanos en diversas regiones del país”, denuncia un informe de la Defensoría del Pueblo.

En lo que va del año 2025, la entidad ha recibido reportes de siete nuevos casos de reclutamiento en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se fortalezcan las medidas de prevención del reclutamiento, con un enfoque especial en el fortalecimiento de las familias, los centros educativos y las comunidades como entornos protectores. Así mismo, es fundamental garantizar la existencia de canales seguros de denuncia ante las autoridades competentes para que estos casos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia”, dice Iris Marín, defensora del Pueblo.

Aumento de suicidios

Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la situación es crítica en el Chocó, donde se han registrado suicidios de menores que prefieren morir antes que ser reclutados.

“Es un tema que nos preocupa mucho. Hemos conocido casos de niños que se suicidan ante la desesperación de ser maltratados y posiblemente abusados”, declaró en entrevista con Noticias RCN.

El psicólogo Fabián Cortés señala que la falta de oportunidades, la pobreza extrema y la desigualdad impiden a muchos niños soñar con una vida lejos del conflicto armado. “El impacto de vivir bajo el poder de las armas ha afectado gravemente la salud mental de los menores, llevándolos en algunos casos a optar por el suicidio”, afirma el experto.

Urge una solución integral

El reclutamiento de menores ha sido una práctica recurrente en varias generaciones. Muchos de los cabecillas de grupos armados ingresaron cuando eran niños.

El analista Carlos Salazar explica que “es una estrategia para mantener presencia en zonas de conflicto. La mayoría de los nuevos integrantes son menores reclutados a la fuerza”.

La Defensoría del Pueblo advierte sobre un subregistro del 30 por ciento en estos casos debido al miedo de los padres a denunciar. Además, se señala la falta de una política pública integral que garantice protección efectiva para estos menores.

Para la entidad hay una falta de una política pública integral dificulta el rescate y la protección de los niños y niñas en riesgo. “No se puede dejar toda la carga en la familia o en las comunidades, debe haber buenas políticas”, afirma la defensora del Pueblo.

Para la entidad, el reclutamiento de menores también se da por la falta de mecanismos efectivos para enfrentar las amenazas de reclutamiento. “No existen suficientes recursos para garantizar que los menores puedan ser ubicados en lugares seguros sin que se vean obligados a abandonar la escuela o enfrentarse a nuevas vulneraciones de sus derechos. Esta situación deja a los niños y niñas en un estado de vulnerabilidad extrema, expuestos tanto a los grupos armados como a las consecuencias de la desprotección estatal”, denuncia Marín.

Para los expertos, es urgente que el Estado, pero en especial la sociedad, realicen tareas de prevención del reclutamiento, no solo en el juzgamiento de los responsables de este crimen, sino en asegurarles a los niños y las niñas las condiciones mínimas que les garanticen sus derechos alejados de la influencia de las armas y los grupos ilegales. Para frenar este fenómeno, se necesitan políticas de prevención sólidas y medidas que aseguren condiciones de vida dignas para los niños y adolescentes, alejados de la violencia y el poder de las armas.