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El accidentado camino de la paz total: ¿qué pasará en 2025?
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La gran apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro es lograr acuerdos con los grupos ilegales que delinquen en el país, una estrategia que, en sus dos primeros años, no ha mostrado grandes resultados.
Por: Javier Patiño C.
El 7 de agosto de 2022, en su discurso de posesión como presidente de la República, Gustavo Petro le anunció al país el inicio de un proyecto para formalizar una paz total con los grupos ilegales que operan en Colombia. Esta estrategia generó ilusión entre los habitantes de varias regiones del territorio, que han vivido bajo el temor de las armas y con órdenes de cultivar coca y marihuana, actividades que han permitido que continúe el conflicto armado nacional.
Sin embargo, la ilusión duró poco, pues las vocerías de los grupos armados indicaron que no habían negociado el tal cese bilateral, aunque sí se había avanzado en acuerdos para iniciar mesas de negociación.
La paz total: dos pasos hacia adelante, cuatro hacia atrás
Durante los últimos años, los procesos de paz han sido como un baile: dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás. Este vaivén ha sido determinado, en muchas ocasiones, por los grupos ilegales, que han mostrado falta de compromiso para alcanzar la concordia.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer, la política de Paz Total ha permitido que los grupos criminales ganen reconocimiento político y construyan legitimidad, mientras se fortalecen en capacidades militares y presencia territorial. Esto ha exacerbado la inseguridad en Colombia, afectando gravemente a la población civil.
“Los problemas derivados de la política de Paz Total se evidencian en la falta de resultados concretos en las negociaciones, más allá de los ceses al fuego. No hay claridad sobre la desmovilización y reincorporación de los grupos armados, los procesos de dejación de armas, la desarticulación de economías ilícitas, los derechos de las víctimas, ni los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad y la construcción de paz en las regiones históricamente afectadas por la violencia y el crimen organizado”, dice el informe.
Una opinión que es respaldada por el analista Andrés Villamizar, quien asegura que las diferentes organizaciones ilegales han incrementado las extorsiones, secuestros, confinamientos y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo que ha generado un aumento de los hechos de violencia en el país.
“Con el paso del tiempo, ha quedado demostrada la ausencia de una estrategia integral que vislumbre una paz negociada. Se ve el fortalecimiento de las estructuras ilegales, con más integrantes y una mayor presencia territorial”, expresa
Falta de compromiso
La investigación del ICP y Konrad Adenauer muestra que el país enfrenta un problema de violencia organizada en el que el gran perdedor ha sido la legitimidad del Estado, con el fortalecimiento de las redes criminales y economías ilícitas. Estos grupos buscan obtener ventajas tanto militares como políticas a través de procesos de negociación con el Gobierno Nacional.
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“Más allá de una guerra irregular o de guerrillas, en la que participan grupos con diferentes objetivos y naturalezas, se ha configurado una convergencia de amenazas, redes criminales y economías ilícitas que ejercen violencia y mecanismos de gobernanza criminal, para controlar a la población, el territorio y los medios de producción, al mismo tiempo que intentan cooptar las instituciones del Estado a nivel territorial”, denuncian las organizaciones.
Según el analista Andrés Saldarriaga, la falta de compromiso por parte de las estructuras ilegales aumenta la pobreza, la corrupción y los daños ambientales, lo que también ha generado una pérdida de confianza en las entidades del Estado.
De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz, la violencia de estos grupos ha aumentado en un 85 por ciento, extendiéndose a nuevas áreas y afectando a comunidades que ya enfrentaban situaciones precarias.
“Esta escalada de violencia no sólo desafía los acuerdos de paz existentes, sino que también subraya la necesidad urgente de una estrategia más efectiva y coordinada para abordar la seguridad nacional y proteger a la población civil”, expresa la fundación.
Más masacres, más violencia
Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2022 y 2024, cuando se creía que la violencia disminuiría debido a los acercamientos entre el Gobierno y los grupos armados, se han registrado 216 masacres con un saldo de 694 víctimas, siendo las regiones más afectadas las del Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alerta de un aumento en desplazamientos y confinamientos.
A lo largo de 2023, la Defensoría también identificó 184 incidentes de reclutamiento forzado en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá, siendo las comunidades indígenas las más afectadas.
Para Saldarriaga, este crudo panorama que enfrenta actualmente el país se debe a la falta de presencia de las instituciones gubernamentales, que han permitido el avance de los grupos ilegales y las economías ilícitas que controlan estas regiones.
“Sin una presencia estatal coordinada, legítima y efectiva, los esfuerzos por lograr la Paz Total se ven socavados, dejando a muchas comunidades vulnerables a la violencia y la cooptación por parte de grupos armados ilegales”, enfatiza.
Expansión y consolidación de los grupos armados
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, la influencia del ELN aumentó en un 56 por ciento, pasando de tener presencia en 149 municipios a 232 municipios en 2024.
Las disidencias de las Farc pasaron de tener influencia en 124 municipios en 2019 a 234 en 2024, especialmente los integrantes del Estado Mayor Central (EMC) y otros 65 municipios bajo control de la Segunda Marquetalia. El Clan del Golfo también creció en un 84 por ciento, pasando de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024.
"El 54% de las alertas tempranas emitidas desde hace siete años y medio han tenido como protagonistas al Clan del Golfo. Entre 2019 y 2024, el grupo armado tuvo un incremento de su presencia en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca. Actualmente opera en 24 de los 32 departamentos del territorio nacional", afirma la Defensoría.
De acuerdo con la entidad, los actos que más ha cometido el Clan del Golfo son: desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad; masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual y restricciones a la movilidad.
Con esta radiografía, la Defensoría le solicitó al Gobierno “emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”.
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, de los 205 informes realizados en el país, solo en el 1% de los casos se ha logrado mitigar el riesgo, mientras que en el 65 por ciento de los casos el riesgo ha tendido a agravarse, y en el 32 por ciento el escenario de riesgo ha permanecido sin cambios.
Para Laura Bonilla, el EMC nunca fue una organización realmente unificada; fue ficticia, y lo mismo ocurre con la Segunda Marquetalia. “Fueron grupos disidentes que se unificaron para negociar con el Gobierno Nacional, pero esa unificación ya no existe. Fue un mal matrimonio por razones incorrectas, y ahora están en un divorcio express”, sostiene.
El lio con los gestores de paz
Según los datos disponibles en la Oficina del Alto Comisionado de Paz, se han designado 43 gestores de paz, de los cuales 34 cuentan con una resolución vigente. Entre estos, figuran peligrosos criminales de grupos armados al margen de la ley, como el ELN, las AUC y las disidencias de las FARC, quienes tienen un amplio prontuario delictivo.
En su defensa el presidente a ha afirmado en el caso de los exintegrantes de las Autodefensas que :“Cuando decidimos seleccionar a un gestor de paz para dar por terminado el proceso de paz iniciado por el expresidente Uribe con los paramilitares, un proceso que la Corte Constitucional determinó debía cumplirse en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición, no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico”, dice el presidente Gustavo Petro.
En paralelo, destacó que la resolución 453 de 2024 busca aprovechar la experiencia y el conocimiento del conflicto armado de estas personas para contribuir a la paz en el territorio nacional.
“Solo hemos planteado una condición para algunas personas que han sido determinantes en el paramilitarismo y que pueden colaborar en cerrar el proceso iniciado durante el gobierno de Uribe. En este contexto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas son fundamentales, ya que, en el proceso institucional, se perdieron muchos bienes inmuebles y aún faltan espacios de verdad. En este caso, los gestores de paz, como se establece en el decreto, no reciben beneficios jurídicos; simplemente se les reconoce su disposición para ser constructores de paz”, aseguró el mandatario.
De igual manera, aclaró que su nombramiento, “no otorga ningún beneficio jurídico, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición humana, no un regalo; quien acepta esta condición está dispuesto a resarcir a las víctimas y garantizar la no repetición”.
Una decisión cuestionada por Iris Marín, defensora del Pueblo, al indicar qué aunque “parece positivo” que los jefes paramilitares “contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad”, la decisión del Gobierno deja dudas.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, cuestionó la funcionaria.
Compromiso que para la alta funcionario exige a los gestores a reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en “que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ayudando, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial”
“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, concluyó.
El futuro de la 'Paz Total'
Para el ICP, los problemas de la política de Paz Total se evidencian en la falta de resultados concretos en las negociaciones más allá de los ceses al fuego o los acuerdos en temas como la participación, especialmente en lo que respecta a las condiciones de seguridad en los territorios afectados por la violencia.
“Hasta ahora, en el marco de las negociaciones, no hay claridad sobre la desmovilización de los grupos armados, la reincorporación de sus combatientes, los procesos de dejación de armas, la desarticulación de economías ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad y la construcción de paz en las regiones históricamente afectadas por la violencia y el crimen organizado”, afirman.
Según Laura Bonilla, de la fundación Pares, las delegaciones de paz seguirán avanzando en acuerdos, pero el problema radica en lo que sucederá cuando se formalicen, especialmente por la falta de recursos económicos. Esto podría afectar el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones armadas.
Por su parte, Saldarriaga advierte que el paso del tiempo está dejando a las comunidades vulnerables a un recrudecimiento de la violencia, lo que va cerrando los espacios de negociación entre el Gobierno y los ilegales.
Opinión que no es apoyada por el senador Iván Cepeda, al indicar que a pesar de las dificultades de la intensificación en algunos territorios del país de la violencia y los conflictos entre grupos armados, el Gobierno ha logrado sacar adelante 10 procesos, claramente diferenciados, "en los que se busca la paz por distintas vías en distintos niveles con distintas organizaciones armadas de esos procesos, el que tiene la más larga historia, el de mayor número de acuerdos firmados, con el cierre de un primer punto de agenda, un año de cese al fuego es el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, un proceso que ha tenido momentos difíciles y críticos, pero que tiene planteado para el mes de enero su reanudación".
Para el parlamentario, esa idea que intenta agitar la oposición que hay un fracaso de la política de paz es falsa. "Yo considero que no es una afirmación real, hay unos procesos en marcha y obviamente con las dificultades que tienen los diálogos, pero se está avanzando para lograr la paz".
La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 -agrega-no se ha detenido, ha habido un avance como no había ocurrido en ningún gobierno anterior frente al punto de reforma rural integral y en el Congreso se han producido desarrollos normativos de la implementación.
¿Qué responde el Gobierno?
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sido enfático en la defensa de la seguridad que realizan las Fuerzas Militares y la Policía en las tareas para alcanzar la Paz Total. "El sector defensa está listo para ser un aliado estratégico, trabajando con determinación y compromiso para garantizar que la paz y la seguridad sean una realidad en cada rincón de Colombia", ha señalado el ministro.
Velásquez ha reiterado su mensaje de que "la Fuerza Pública trabaja cada día para garantizar que el Estado de derecho prevalezca en todo el territorio nacional", y ha respaldado la labor de la Oficina del Comisionado para la Paz, destacando que su trabajo con las mesas de diálogo debe ser coordinado y respaldar tanto los objetivos de seguridad como los de reconciliación.
Esta estrategia también ha sido respaldada por el Comisionado y Consejero para la Paz, Otty Patiño, quien cuestionó la falta de compromiso de los grupos ilegales con los ceses al fuego pactados con el Gobierno, los cuales no alcanzaron sus objetivos: “Lo que hay que plantear es cómo se hacen procesos de distensión y desescalamiento del conflicto, respetando la voluntad de paz de los actores, en el marco del respeto por las comunidades”.
Advirtió que “el tema de la paz no puede ser el reino de la impunidad. Estar en una mesa de negociación debe significar un respeto por las conversaciones y no el fortalecimiento del actor armado”.
Para los altos funcionarios, es crucial avanzar en acuerdos que beneficien a las comunidades, con el principal objetivo de disminuir los ataques a la Fuerza Pública y erradicar las rentas criminales.
El mensaje es claro, como dice el ministro Velásquez: "La Fuerza Pública tiene el uso legítimo de las armas en el país y está legitimada en el ejercicio del poder coercitivo del Estado, por lo que nunca se debe equiparar a la Fuerza Pública con una fuerza irregular. Se debe tener claro que se está negociando con un actor ilegal, que no está en la misma posición del Estado y que estamos luchando por su legitimidad, no por la desinstitucionalización del mismo”.
Opinión que es apoyada por el senador Cepeda, "un proceso de paz nunca es una carretera, rectilínea y despejada no, aquí hay múltiples obstáculos que hay que sortear y en cada proceso de paz en cada diálogo se plantean desafíos. No hay ningún grupo, creo yo que haya llegado a una mesa de negociación teniendo, pues la total certeza de que ese proceso de diálogos terminará en un acuerdo, eso se construye como parte de las negociaciones", concluye.
