El pacto entre el ELN y la Segunda Marquetalia por el negocio ilegal del coltán en el oriente del país

Durante varios años, la disputa por el control de las minas de coltán provocó enfrentamientos entre ambos grupos armados, ELN y disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, lo que derivó en un aumento de homicidios, desplazamientos forzados, hurto de ganado y vehículos, así como la destrucción de propiedades de personas señaladas de colaborar con el grupo contrario.

Los enfrentamientos se detuvieron tras la consolidación de una alianza criminal entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, con el propósito de delinquir conjuntamente en la región de la Orinoquía y aumentar sus ingresos ilícitos. 

Según testimonios de campesinos y excombatientes, el pacto se habría formalizado a inicios de 2025, luego de intensas operaciones militares adelantadas por la Octava División del Ejército, la Policía y la Armada Nacional, enfocadas en combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Ante los golpes recibidos por parte de las autoridades y las constantes incautaciones de coltán, los cabecillas de ambas estructuras decidieron unir fuerzas para minimizar sus pérdidas económicas.

La alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia

Alias Copete, cabecilla principal del Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, se habría reunido en territorio venezolano con Gener García Molina, alias Jhon 40, líder del Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia.

A dicho encuentro asistieron también mandos medios de ambas organizaciones, como Lilibeth Cifuentes Ruiz, encargada de la comisión de finanzas; José Joaquín Cáceres, alias Juaco, del ELN; así como José Miguel Díaz Sanmartín, alias Armado, y alias Indio Duván, quienes manejan las rentas ilegales de la Segunda Marquetalia.

Según información recopilada, en esta reunión acordaron cesar las agresiones mutuas, respetar las redes de apoyo de cada estructura, abstenerse de amenazar o asesinar a familiares o allegados de sus integrantes, y no atentar contra sus propiedades.

El objetivo principal del pacto sería la explotación, extracción, transporte, movilización y comercialización conjunta del coltán, un mineral altamente valorado en el mercado por su uso en la industria tecnológica. Este negocio ilegal representa una fuente clave de financiamiento para ambas estructuras armadas.

Un informe de inteligencia señala que esta colaboración les ha permitido a los dos grupos guerrilleros coexistir en áreas de interés mutuo, evadiendo así los controles y operaciones militares que se han intensificado en lo que va del año.

“Con esta alianza criminal, estarían buscando optimizar sus actividades ilícitas, como la explotación ilegal de recursos naturales y el narcotráfico, sin generar enfrentamientos entre sus estructuras”, indica el informe.

El mismo documento revela que ambos grupos buscan establecer corredores estratégicos de movilidad que atraviesan desde el suroccidente de Guainía, pasando por Vichada, hasta el departamento del Meta, con el fin de afianzar su control sobre las economías ilegales.

Ruta y cobro de extorsiones

Para las autoridades, entre las principales actividades ilegales de los dos grupos armados ilegales está la extracción ilícita de yacimientos mineros y el transporte de coltán a lo largo de la Ruta 38, que abarca desde el corregimiento de Puerto Nariño, pasando por Santa Rita y Palmarito, hasta el municipio de Cumaribo (Vichada). Desde allí, continúa por la inspección de La 14 y Tres Matas, hasta llegar a Villavicencio, Meta.

Además, las autoridades denuncian que ambas organizaciones ilegales están imponiendo millonarias extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores terrestres y fluviales, como una forma de fortalecer sus finanzas y afianzar su control territorial.

Aunque los grupos establecieron acuerdos de no agresión y cooperación delictiva, no se trata de una fusión total entre las estructuras. Uno de los excombatientes entrevistados explicó que cada grupo conserva su autonomía, jerarquía y objetivos particulares, pero reconocen la conveniencia de colaborar en ciertas actividades para consolidar su presencia y fortalecer sus economías criminales.

Respuesta de las autoridades

Una muestra de la consolidación de esta alianza fue la incautación de 48 toneladas de coltán, transportadas en tres camiones, el pasado miércoles 2 de abril. El cargamento fue avaluado en más de cinco mil millones de pesos en el mercado local.

La operación fue posible gracias a información de inteligencia obtenida por un agente infiltrado en una de las estructuras, quien alertó a las autoridades sobre el movimiento de la carga.

“Dos de los camiones pertenecían al Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, y el otro al Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia”, confirmó el infiltrado.

Actualmente, las autoridades rastrean a varias empresas legalmente constituidas que estarían comprando el coltán a estos grupos armados, a precios por debajo del valor del mercado formal.

La explotación indiscriminada del mineral está causando graves afectaciones ambientales en los departamentos de Vichada y Guainía, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas utilizadas por cientos de comunidades, la destrucción de extensas zonas boscosas y un impacto irreversible sobre el hábitat de múltiples especies nativas.