El sur del Putumayo bajo el fuego

El 3 de septiembre, La Hormiga, en el sur de Putumayo, parecía un pueblo fantasma. Solo se oía el ruido del viento, pues todos los habitantes, temerosos, habían dejado sus casas para atender un llamado que les llegó, citándolos a una reunión extraordinaria en la vereda Jordán Guacima. Allí, en una improvisada tarima, escucharon el nuevo reglamento impuesto por los Comandos de la Frontera: la autoridad en esta zona del país.

Varios de los jefes de esa estructura ilegal les exigieron a los pobladores de la zona carnetizarse para crear un registro de los habitantes, conocer las actividades que realizaban e identificar posibles infiltrados de los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc.

“Hoy nos están exigiendo carnets para poder ingresar a las veredas donde uno antes iba con plena tranquilidad. Ahora, aunque a uno lo conozcan en la vereda, debemos tener el permiso y ellos son los que nos toman la fotografía para poder identificarnos”, dice el poblador.

Así mismo, los cabecillas ordenaron que, durante dos días, nadie podía salir de sus casas. El comercio tampoco podía abrir. Fue una orden que todos cumplieron por temor a represalias.

“Allá todos obedecen, incluyendo la Policía, el Ejército y hasta el mismo alcalde. Ellos son el Estado en esta zona del país”, dice un habitante que pidió reserva de su entidad. Otro que habló con CAMBIO, también en reserva, expresó que a la entrada de la reunión les quitaron los celulares, les revisaron los morrales y los víveres que transportaban y mostraron su malestar al conocer que tropas de la Sexta División del Ejército, en tanquetas, habían ingresado a la zona.

“Cuando se enteraron, lo que hicieron fue enviar a un grupo de comerciantes como carnada para distraer a las tropas y ver cómo reaccionaban, para poder escaparse”, expresó uno de los habitantes.

De acuerdo con los pobladores, los Comandos de Frontera emiten cada semana comunicados que son entregados a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en los que se dan instrucciones de los horarios de los establecimientos comerciales. Esto ha originado pérdidas económicas en la región. “La gente no tiene otra cosa que hacer que someterse, porque, si abro mi tienda, ellos me pueden asesinar o, en el menor de los casos, cobrar una multa muy elevada”, expresan.

El caso de los jóvenes 

Al control del comercio por parte de la estructura ilegal se suma una nueva preocupación que tienen los habitantes del Bajo Putumayo, tras varias denuncias de jóvenes desaparecidos. Muchos de ellos han aparecido muertos en el Valle del Guamuez, por no querer entrar a trabajar con el grupo ilegal. “A ellos los engañan. Les están ofreciendo dinero para que trabajen con los Comandos de Frontera, y les ofrecen hasta un millón de pesos mensuales, o más, según el cargo que desempeñen. Al comienzo los ponen a prueba: les piden que maten así sea a su hermano o a alguno que se quiera echar para atrás. Es la vida mía o la del otro”, advierte un habitante.

Es tan grave la situación –agrega–, que la Policía llega a los sitios donde se encuentran reunidos los jóvenes y les piden que se vayan para sus casas para evitar alguna represalia de los comandos.

“Una noche estaban reunidos varios muchachos y llegaron unas personas en motos de alta cilindrada y sin placas. "Les advirtieron que si pasaban 15 minutos y ellos seguían ahí, tendrían graves consecuencias", cuenta uno de los pobladores.

Los habitantes expresan, eso sí, que algunas de sus amistades que se dejaron tentar por aquel dinero fácil están ahora en la cárcel por cometer delitos que les han ordenado. Muchas de ellas fueron denunciadas por los mismos líderes de los comandos, porque ya no les sirven en sus intenciones criminales.

“Hay testimonios de que ellos están ingresando a las casas con los registros civiles de los menores en la mano, sin saberse en qué forma los obtuvieron. Luego, varios menores aparecieron en un paraje, asesinados”, denuncian.

Con respecto a la población femenina, se sabe que muchas mujeres se vuelven pareja de los cabecillas. Y que estos no las dejan ir a los cascos urbanos, las tienen como empleadas para mantener el aseo y no les permiten tener armas. La mayoría de la estructura armada es masculina.

El poder de la coca y la marihuana

El principal ingreso de los Comandos de Frontera proviene del negocio de la hoja de coca y de la marihuana, por lo que todo el comercio de los pueblos de la zona debe girar en torno de la entrada y salida del narcotráfico.

No es pequeño el botín que tienen en el Putumayo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay cerca de 24.973 hectáreas de coca cultivadas en el departamento. 

“Están obligando a muchos campesinos a que la sigan sembrando. Algunos de ellos ya habían arrancado las matas para empezar con cultivos de café, pero integrantes de los comandos los visitan para averiguar quién los autorizó para cortar las matas. Les vuelven a repartir semillas para que vuelvan otra vez a sembrar coca”, expresa uno de los pobladores.

Para los habitantes del bajo Putumayo, los Comandos de Frontera no son un grupo guerrillero, sino narcotraficantes: “Es mentira que actúan en defensa del pueblo: buscan el beneficio propio al obligar a los a los campesinos a que siembren coca y, aunque no quieran, tienen que seguir con el negocio ilegal”.

Es un problema que se acrecienta para los pobladores, pues a pesar de que en la zona hay una gran presencia de la fuerza pública, en algunos casos se permite la salida de cargamentos de droga. Ella sólo es interceptada en las cabeceras municipales, mientras que en los ríos circula de forma libre. “Allá hay un montón de bases militares y de inspecciones de policía que permiten el tránsito de la cocaína por el río Putumayo, y las capturas sólo las hacen en los municipios. En el departamento tienen el permiso de las autoridades”, denuncia otro de los pobladores.

Para Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los pobladores, en la práctica, tienen poca capacidad para moverse. "Es fundamental el trabajo de las autoridades para ganarse a las comunidades, teniendo más presencia e implementando políticas de bienestar", explica.

El problema político 

Mientras todo lo anterior sucede, el Consejo de Estado anuló, el pasado 26 de septiembre, la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna como gobernador del Putumayo para el periodo 2024-2027. La razón fue la doble militancia al apoyar públicamente a una candidata del partido Mais, mientras era miembro del Partido de la U. Este vacío de poder puede acrecentar el desorden público en el departamento cuando arranque una nueva campaña electoral signada por la incidencia de una estructura ilegal que coaccione la participación de los candidatos a la hora de acceder a ciertas zonas de la región.

“Hay unas, por ejemplo, en donde las mejores obras sociales han sido realizadas por los Comandos de Frontera. Incluso son mejores que las de la parte urbana”, afirma de forma anónima otro de los pobladores.

De acuerdo con él, hay partidos políticos que financian a la estructura ilegal, en especial cuando las cosechas de coca y marihuana no son positivas. “Hay alguien que se moviliza desde las ciudades con el fin de traer dinero y que el negocio no se detenga”, dice.

Para la investigadora de Pares, un tema que muchos saben pero del que pocos hablan, es su estrategia de participar en una mesa de negociación con el Gobierno. Los delincuentes aseguran estar dispuestos a entregar las armas y a irse del territorio. Pero también todos saben que eso es mentira, ya que no dejarán el negocio del narcotráfico, más ad portas de unas nuevas elecciones.

En opinión del analista militar Andrés Saldarriaga, lo que buscan es no ser vistos como criminales al tratar de vincularse al proceso de la paz total. "Desean hacerse más visibles y no como guerrilleros, sino como miembros de una estructura más organizada", explica.

Origen de los comandos 

Históricamente, en esta zona operó el Frente 48 de las Farc, que nunca se acogió al proceso de paz y que desde el año 2019 se hace llamar Comandos de Frontera. Cuando aún pertenecían a la guerrilla, y hasta 2018, estuvieron bajo el mando de Pedro Goyes, mejor conocido como Sinaloa, un alias que se ganó por sus negocios con carteles mexicanos. A Goyes lo asesinó, en una disputa interna, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, su segundo al mando y quien se quedó con el control del frente guerrillero.

Para lograr el control del narcotráfico, Rojas hizo alianzas con estructuras de pequeñas organizaciones con presencia en el departamento. Según información de inteligencia del Ejército, los Comandos de Frontera tienen alrededor de 800 hombres y habitan la zona rural del Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís, así como varios municipios fronterizos con Ecuador. 

De acuerdo con un alto oficial de la Sexta División del Ejército, el objetivo del grupo disidente es obtener el control de ríos y caminos para surtir de coca a los dos carteles más importantes de Brasil: Familia del Norte y Comando Vermelho. 

Sus enemigos son los integrantes del frente Raúl Reyes, disidencia de las Farc con cerca de 300 hombres en armas. Su principal cabecilla es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, quien mantiene el control de los ríos Yurilla, Capucha, Mecaya y Putumayo. 

Pero el principal padrino de la estructura ilegal es la Segunda Marquetalia, que en un comienzo seguía las órdenes de alias Iván Márquez, pero que en las últimas semanas se ha dividido para seguir instrucciones de alias Walter Mendoza. De acuerdo con un informe de Insight Crime, este es un grupo armado compuesto por disidentes de las Farc y por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

La Defensoría del Pueblo ha emitido ocho alertas tempranas sobre varios municipios cercanos al río Putumayo y con altos índices de violencia donde podrían ocurrir desplazamientos debido a la presencia de los grupos disidentes de las Farc. Tres de esas alertas han advertido sobre la confrontación entre los Comandos de Frontera y el Frente Primero de las disidencias de las Farc. La Defensoría advirtió, además, la gran probabilidad de que se presenten homicidios selectivos contra líderes sociales en esa zona. 

Operaciones militares 

En el departamento del Putumayo, tropas de la Sexta División del Ejército, con el apoyo de la Fuerza Naval del Sur, de la Armada Nacional, así como de la Policía y de la Fuerza Aeroespacial, han desarrollado varias operaciones durante este año para controlar los corredores estratégicos por los ríos Putumayo y Caquetá. Se han incautado más de 10 toneladas de cargamentos ilícitos y han muerto más de 70 integrantes de grupos ilegales. También se realizaron 34 capturas y se decomisaron 33 fusiles y más de 50 armas cortas.

Las operaciones, además, han permitido detectar un aumento de casos de minería ilegal, de forma que las autoridades han destruido más de 40 unidades de maquinaria utilizada para la extracción de oro, gracias a las cuales el grupo ilegal habría obtenido, a la fecha, ganancias por cerca de 55.000 millones de pesos.

Pero la principal preocupación actual es la presencia de minas antipersonal, pues solo en este año se han encontrado más de 2.400 artefactos explosivos. Se desconoce cuántos más pueden estar enterrados en una zona donde la más afectada es la población civil que transita por caminos rurales del departamento.