Gobierno nacional suspende el cese al fuego con el Clan del Golfo
Crédito: Twitter Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria)
A raíz de un ataque a la Policía por parte del Clan del Golfo y la quema de varios vehículos, el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que le ordenó a la fuerza pública reactivar las operaciones militares contra este grupo al margen de la ley.
Por: Redacción Cambio
El presidente Gustavo Petro anunció este domingo 19 de marzo la suspensión del cese a fuego bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- (también conocidas como Clan del Golfo).
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Esta decisión nace a raíz de recientes ataques contra la fuerza pública por parte de este grupo armado. "El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego", argumentó Petro.
Además, esta decisión se da luego de seis días de la denuncia del mandatario sobre el ataque al acueducto de Tarazá, Antioquia. Este municipio está ubicado en el Bajo Cauca, donde se viene desarrollando el paro minero, en el cual se ha visto inmiscuido el Clan del Golfo.
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Así las cosas, el presidente dijo que con este rompimiento en el cese de hostilidades "la fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa".
Vale la pena recordar que la determinación de cesar las operaciones militares contra el Clan del Golfo se dio en vísperas de terminar 2022, el 31 de diciembre. Dicho cese al fuego bilateral también cobija al Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según decía dicho decreto, el objetivo del cese entre el Clan del Golfo y la fuerza pública era "suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados".
Para el presidente lo ocurrido en las últimas semanas es una falta de compromiso por parte de la organización ilegal, que realizaron varias acciones armadas que pusieron en vilo a la población del nordeste del país.
Reactivación de operaciones
En rueda de prensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que “el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender el Decreto 2658 y ordenar por lo tanto a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo (…) nuestra fuerza pública tienen la capacidad suficiente, no solo para desarrollar estas operaciones ordenadas por el presidente sino para brindar seguridad a las poblaciones en estas regiones del departamento de Antioquia y sur de Córdoba”.
El jefe de la cartera aseguró que en la zona permanecen más de 10.000 uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que serán reforzados para proteger a los habitantes en todas las regiones en las que tiene influencia del Clan del Golfo, en los que se puedan presentar retaliaciones ante las decisiones de acabar con el cese al fuego.
Por su parte el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, indicó “he ordenado se realicen operaciones ofensivas en coordinación con la Policía para lograr desarticular las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil, los bienes privados y públicos de la nación”.
Las declaraciones fueron apoyadas por el director de la Policía, general Henry Sanabria quien informó que las operaciones se centraran contra dos estructuras de las Autodefensas Gaitanistas: la Jorge Iván Arboleda Garcés bajo la dirección criminal de alias Marcos y la Oldar Cardona Correa que siguen las órdenes de alias Chirimoya que constriñen a las poblaciones en el Bajo Cauca antioqueño.
El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, aseguró que para ayudar a las intenciones de los mineros, “el Gobierno ha propuesto múltiples alternativas de transición productiva incluyendo el subsidio si es necesario a los mineros vulnerables para su paso de la transición hacia la formalización”.
El alto funcionario expresó que se seguirá trabajando con actores en el territorio para una alternativa social, ambiental y económicamente viable, “reiteramos el deber constitucional, legal e irrenunciable del Gobierno de controlar las operaciones mineras en el país y de todo tipo de minería”.
Para una solución al problema en la región, el ministro Prada informó que apoyarán el desarrollo de una asamblea minera en la zona, también realizará una gran cumbre nacional minera para avanzar en la construcción de un nuevo código de minas que busque una solución estructural a todos estos problemas.
En qué queda la paz total
El presidente Petro desde el inicio de su mandato propuso la llamada paz total en la que pretende vincular a varios grupos ilegales que delinquen en el país para iniciar negociaciones de paz, aunque por el momento solo uno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la única con la que se ha iniciado un diálogo formal.
El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya había realizado contactos preliminares con el Clan de Golfo, organización ilegal conformada por unas 9.000 integrantes y que tiene el control en 14 departamentos, sobre todo en el Urabá antioqueño, Chocó y Norte de Santander.
El 6 de marzo, en un comunicado el grupo ilegal había expresado su interés de avanzar en acuerdos para alcanzar la paz, por lo que habían contratado los servicios de abogados para realizar acercamientos con delegados del Gobierno Nacional.
Para lograr un acuerdo les ofrecieron un sometimiento a la justicia, que fue criticado en su momento por los abogados de la organización ilegal que con esta suspensión del cese al fuego por el momento no se harán realidad.
