Cada hogar debe aportar un integrante: la estrategia de los grupos ilegales para el reclutamiento forzado

En operaciones adelantadas por tropas de la Tercera División del Ejército Nacional en el Cañón del Micay, en zona rural del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, un grupo de jóvenes reclutados por el frente José María Becerra del ELN logró escapar. Uno de ellos presentaba heridas tras huir del grupo armado.

Al entregarse a las autoridades, los jóvenes relataron que habían sido sacados de sus hogares hacía aproximadamente un año para ser incorporados a la estructura ilegal. Su intención al fugarse era abandonar el conflicto y reintegrarse a la sociedad.

Durante su escape, fueron atacados tanto por miembros de su propio grupo como por guerrilleros del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, lo que llevó a que uno de ellos cayera en un campo minado. El joven herido recibió atención de los enfermeros de combate, quienes le brindaron primeros auxilios, lo estabilizaron y lo trasladaron a una zona segura antes de ser evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Reclutamiento forzado como estrategia

Una vez en un entorno seguro, los jóvenes denunciaron la nueva modalidad de reclutamiento implementada por los grupos ilegales en el Cauca y Nariño. Esta estrategia consiste en recorrer cada una de las veredas del Cañón del Micay y exigir que cada familia entregue a un integrante para unirse a la guerrilla.

Uno de los jóvenes relató que, en su caso, a finales de septiembre, miembros del ELN llegaron a su casa, tocaron la puerta y les informaron a sus padres que venían por "la cuota para la revolución". Sin otra opción, tomó algo de ropa y se fue con ellos. Sin embargo, poco después su familia también tuvo que cumplir con la cuota exigida por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Según información de inteligencia militar, las dos estructuras armadas ilegales que operan en Cauca y Nariño han reclutado a más de 100 personas en los últimos tres meses de 2024. Estos nuevos integrantes, sin experiencia, son enviados directamente a la línea de combate, donde corren el riesgo de caer en campos minados o en enfrentamientos armados.

Las autoridades continúan realizando operativos en la zona para desmantelar estos grupos y facilitar la reincorporación de más combatientes a la legalidad. En lo que va de 2025, ocho personas se han sometido a la justicia.