La importancia de la región del Catatumbo para los grupos ilegales

Históricamente, el Catatumbo ha sido una extensa zona con presencia de disidencias de las Farc, el Frente de Guerra Oriental del ELN, el Clan del Golfo y un reducto de Los Pelusos. Aunque la presencia de estos últimos es pequeña, han contribuido al incremento de homicidios selectivos y amenazas.

Esta región está compuesta por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, en Norte de Santander, lo que la convierte en uno de los enclaves con mayor área de cultivos de hoja de coca. Según cálculos oficiales, se registran cerca de 35.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa más del 30 por ciento de la producción en la zona y el 12 por ciento del total nacional.

De acuerdo con las autoridades, lo lucrativo del negocio hace que la disputa por el control ilegal del territorio sea mucho más violenta. Esta situación se ve agravada por las extorsiones a grandes multinacionales, en su mayoría relacionadas con la explotación de hidrocarburos, y por el hecho de que la zona es un corredor estratégico para el ingreso y salida de droga, insumos químicos para el procesamiento de alcaloides, armas, explosivos, secuestrados y combustible hacia y desde Venezuela.

Un territorio estratégico

Para el general en retiro Jorge Eduardo Mora, el Catatumbo ha estado bajo la influencia de múltiples grupos armados, lo que ha generado una gran inestabilidad debido a la consolidación del narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y explosivos, la migración ilegal y la trata de personas.

“Para completar esta serie de factores, está el tema de la frontera con Venezuela, especialmente el componente político. Desde hace más de 20 años, con el chavismo y ahora con Maduro apoyando a estos grupos, el Catatumbo se ha convertido en una región extremadamente apetecida por los actores armados”, afirmó Mora.

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Según León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la riqueza hídrica y climática de la región permite reducir los costos de la siembra de coca, además de facilitar la adquisición de insumos en el otro lado de la frontera con Venezuela y la rápida exportación de la droga.

“Para Venezuela, esta zona de frontera no es prioritaria, lo que facilita la movilidad de los guerrilleros y el tráfico de insumos sin mayores restricciones”, señala Valencia.

Nelson Arévalo, defensor de derechos humanos, considera que esta realidad se ha perpetuado por décadas debido a la falta de oportunidades para los habitantes y el abandono estatal. “No se trata solo de la ausencia de fuerzas militares, sino de un componente social: educación, infraestructura vial y alternativas económicas. Los campesinos han visto cómo vender productos agrícolas es insostenible debido a las condiciones adversas del mercado, mientras que la siembra de coca ofrece ingresos más seguros con menos esfuerzo. El Estado se olvidó del Catatumbo durante muchos años”, explica.

Arraigo territorial

A lo largo de la historia, según el general Mora, se ha fortalecido la conformación de familias enteras vinculadas a los grupos ilegales, lo que ha dificultado la presencia y el accionar de las autoridades en la región.

Para Arévalo, el Catatumbo funciona prácticamente como una república independiente. “Las funciones del Estado y de los organismos de control son ejercidas por los grupos armados que operan en esta zona. La población vive bajo un régimen impuesto por estos actores, quienes toman decisiones sobre la seguridad y el orden en la región”, dice.

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El director de Pares señala que muchas de las familias involucradas en estos grupos no solo operan en el Catatumbo, sino que también tienen presencia en todo el corredor geográfico que conecta con Venezuela y el departamento de Arauca, en donde han establecido bases insurgentes para el futuro.

Un futuro incierto

El general Mora advierte que la realidad que se vive en varios municipios del Catatumbo es la presencia de dos grupos que buscan dominar y controlar una región altamente rentable para sus economías ilícitas. Esta situación se ve favorecida por la ubicación fronteriza y el respaldo del régimen venezolano, que permite su accionar armado.

León Valencia insiste en la necesidad de una intervención urgente por parte del Gobierno nacional. “Es fundamental que el Gobierno, junto con las instancias de paz, las autoridades regionales y la sociedad civil, conformen una comisión humanitaria con el apoyo de organismos internacionales. Estos actores podrían utilizar sus canales de comunicación con los grupos armados para lograr un cese de hostilidades que proteja a la población civil, principal víctima del conflicto”, señala.

Arévalo respalda esta iniciativa y destaca el papel de las organizaciones campesinas, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales en la búsqueda de respeto por los derechos de la población civil. “Los enfrentamientos dejan en medio a comunidades indefensas, que no pueden protegerse. Es urgente establecer un diálogo para detener el baño de sangre que estamos viviendo”, advierte.

Según los expertos, en las próximas semanas se espera una reducción en la intensidad de los enfrentamientos debido a la presión mediática ejercida por las comunidades y a un incremento en la presencia de las Fuerzas Militares. Esto podría llevar a los grupos ilegales a replegarse a sus campamentos tanto en Colombia como en Venezuela.