En los tres meses de 2025 se han presentado más de 50 ataques en el Cauca por integrantes de las disidencias de las Farc en contra de la población civil y militar.
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño Díaz
La llama de la violencia sigue viva en el Cauca
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En solo un día hubo 15 ataques a la fuerza pública con explosivos y ráfagas de fusil en el departamento, uno de los más afectados por el narcotráfico y los grupos ilegales. Este es el panorama de una región en guerra.
Por: Javier Patiño C.
El estruendo los devolvió a una realidad que han tenido que afrontar por más de cuatro décadas. Era la 1.45 de la tarde del 26 de marzo en Piendamó cuando una moto estacionada en un sector llamado las panaderías explotó cerca de la estación de Policía.
El temor se hizo realidad con la explosión, que ocurrió en un lugar donde los niños suelen reunirse. Algunos de ellos fueron heridos por la onda expansiva, así como por esquirlas y vidrios rotos.
Uno de ellos es Rubén, un joven de 16 años que había salido del colegio Ciudad de Piendamó junto con dos amigas. “Estábamos entrando a la tienda a tomarnos un refresco, pasamos muy cerca de la moto que explotó. Fue la bendición de mi madre la que me salvó”, dijo.
Durante varios minutos, la población buscaba refugio mientras el sonido de las ambulancias se propagaba por todas las esquinas. Videos en redes sociales evidenciaron la magnitud del atentado.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó en su cuenta de X que el ataque dejó 19 personas heridas, entre ellas un policía del Goes y 18 civiles. Cuatro de ellos fueron remitidos con urgencia a Popayán, incluido un uniformado. Además, 14 personas sufrieron afectaciones por aturdimiento.
En su mensaje, el mandatario destacó la necesidad de una mayor presencia del Estado para frenar estas acciones violentas. “Necesitamos una respuesta integral y efectiva. Invito a las autoridades religiosas, universidades, organizaciones sociales y comunitarias, el sector productivo, gobiernos locales, la cooperación internacional y el Gobierno nacional a sentarse en una mesa de diálogo franco y sereno. Solo a través de una estrategia nacional diferencial y efectiva será posible desescalar la violencia en los territorios del Cauca”, afirmó Guzmán.
El mismo día del ataque a Piendamó, los frentes Carlos Patiño y Jaime Martínez, de las disidencias de la Farc, lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra estaciones de Policía en Miranda, Santander de Quilichao, Corinto y Caldono. Fue una cadena de atentados que dejó más de 70 heridos, siete de ellos de gravedad.
El negocio del narcotráfico
Según el más reciente monitoreo de la ONU, el Cauca tiene 26.223 hectáreas sembradas de coca y tres enclaves estratégicos: Argelia-Tambo (13.987 hectáreas), Timbiquí-Saija (1.714 hectáreas) y el Naya (1.504 hectáreas). Estas zonas conforman un corredor clave para la salida de cargamentos de droga.
“Los cultivos comenzaron en la década de los ochenta, cuando integrantes del frente sexto de las Farc obligaron a los campesinos a sembrar marihuana y coca. Hoy, estos cultivos hacen parte de su economía diaria”, señaló un investigador de la Policía.
Para los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, Cauca es una de las zonas más productivas para el cultivo ilegal. “En un año pueden recoger cuatro cosechas, lo que hace que la calidad sea apetecida por organizaciones internacionales”, dijo el investigador.
Además, las estructuras ilegales se aprovechan de las leyes de autonomía indígena, que les permite a las familias de los pueblos étnicos tener dos hectáreas de cultivo para sus plantas ancestrales. Los grupos mafiosos, sin embargo, los obligan a aumentarlas.
Según datos de la Policía Antinarcóticos, en Cauca puede conseguirse un kilo de pasta de coca en 800.000 pesos. En Huila cuesta 1.200.000 y cerca de la frontera con Ecuador el precio asciende hasta rondar los 3.000.000 de pesos.
“Es un negocio que puede obtener más ganancias si llega al mercado internacional, en países como Brasil, Argentina o Chile, en el que puede alcanzar los 8.000 dólares. En Europa, puede aumentar hasta 15.000 dólares”, dice el uniformado.
Grupos en disputa
Esta es una de las zonas más importantes para el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, con el Bloque Occidental Jacobo Arenas, conformado por tres frentes: Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez.
Las Fuerzas Militares han implementado la Operación Perseo para recuperar el control de la región. En respuesta, los grupos ilegales han intensificado el uso de drones con explosivos. “Desde que comenzó la operación en octubre, hemos registrado más de 180 ataques con estas aeronaves no tripuladas y detectado 762 drones enviados para atacarnos”, informó un alto oficial del Ejército.
Además, los grupos armados han instalado campos minados para obstaculizar el avance de las tropas y afectar a los civiles. “Solo en lo que va del año, hemos destruido 339 artefactos explosivos y 144 minas antipersona”, denunció el uniformado.
Pero los militares no son sus únicos enemigos. En la zona también opera la otra disidencia de las Farc, la Segunda Marquetalia, con dos grupos: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el frente Diomer Cortés.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia de la columna Manuel Vásquez del frente de Guerra Suroccidental, completa el mapa de grupos ilegales.
Las autoridades también han descubierto organizaciones locales que se dedican al tráfico de drogas y carteles internacionales que invierten dinero para las cosechas de coca y producción en laboratorios.
Alertas en defensa de la población
La Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas en 2025, en las que advierte del aumento de la disputa territorial entre grupos armados ilegales, el reclutamiento de menores y el incremento de los cultivos ilícitos.
Según estas alertas, las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez cometen violaciones a los derechos humanos, como reclutamiento forzado de niños y adolescentes, cobro de extorsiones y utilización de la población civil para el tráfico de drogas.
“Hemos decidido adoptar un plan específico para reforzar nuestra presencia y mitigar el riesgo del reclutamiento forzado, así como proteger a las organizaciones sociales y comunidades indígenas”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La funcionaria afirmó que en lo corrido de 2025 se han registrado 325 casos de menores reclutados a la fuerza, una grave vulneración al derecho internacional humanitario. “Es fundamental que las autoridades den una respuesta efectiva desde los niveles local, departamental y nacional”, concluyó Marín.
