La operación de las disidencias de las Farc para tener el control del Cañón de las Hermosas

Los inicios de las Farc como organización al margen de la ley están ligados a varios municipios del sur del Tolima, en especial a Planadas, donde se encuentra ubicada la vereda Marquetalia, sitio histórico en el que Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, conformó el grupo guerrillero.

Desde hace más de seis décadas sus habitantes han sido testigos de la violencia partidista, posteriormente ideológica, que creyeron iba a cesar tras la firma del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, la presencia de grupos ilegales no ha cambiado; todo lo contrario: ha habido un crecimiento y expansión de las disidencias de las Farc.

Más de 100.000 habitantes, cuyo principal sustento está en el cultivo del café en los municipios de Planadas, Chaparral, Rioblanco y Ataco, viven en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo ilegal.

En la actualidad, las autoridades han identificado una fuerte presencia de integrantes del frente Ismael Ruiz, que siguen las órdenes del Comando Coordinador del Occidente, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con información de las autoridades, estos grupos al margen de la ley obtienen sus ingresos de las extorsiones a campesinos, finqueros y transportadores de la zona.

Crisis humanitaria 

La difícil situación ha sido expresada en tres alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, por los constantes ataques que realiza la organización ilegal que han llevado al desplazamiento de cientos de familias hacia las cabeceras municipales.

“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También en contra de las personas en proceso de reincorporación; un aumento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; extorsiones y la utilización de armas no convencionales”, afirmó la Defensoría del Pueblo.

Para la entidad, la organización ilegal, como forma de presión, envía panfletos a los habitantes de la región para informarles que hacen presencia y exigirles cumplir con sus órdenes: “La mayoría de los panfletos son de obligatorio cumplimiento por parte de la población y están encaminados a tener el control del territorio”.

La inteligencia militar ha identificado que el grupo al margen de la ley se mueve por la región en pequeñas comisiones para no ser detectados por las autoridades.

Importancia de la zona

Este punto en el departamento del Tolima es estratégico para el grupo liderado por alias Iván Mordisco, ya que los cuatro municipios tienen como eje principal el Cañón de las Hermosas, que hace parte del corredor de la cordillera Central.

“La zona comunica al centro con el suroccidente del país, que ha permitido en los últimos meses el crecimiento de las estructuras, sin contar que esta es una zona privilegiada para las rutas del narcotráfico que los puede favorecer en su expansión”, aseguró un oficial de inteligencia.

Un desmovilizado que habló con CAMBIO denunció que el armamento es traído desde Venezuela, ingresándolo por el Vichada y Guainía aprovechando la porosa frontera. Luego es transportado al Guaviare y posteriormente en el interior del país. 

Para las autoridades, las acciones armadas no solo han afectado a los habitantes de los municipios, sino en especial a las personas que pertenecieron a las extintas Farc. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a diversas entidades del Estado para atender la situación de riesgo y detallar los recursos humanos y financieros, así como los plazos y acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la población civil.

La respuesta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía no se ha hecho esperar, y en varios momentos han desarrollado acciones para golpear estas estructuras, que han llevado a la captura y muerte de varios de sus integrantes, que en su mayoría permanecen en el departamento del Cauca. 

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha pedido una mayor presencia de la fuerza pública ante el incremento de las actividades ilegales de las disidencias de las Farc, en particular en Ataco y Planadas.

"Estamos muy preocupados por esta situación que se presenta y que se puede extender en el Tolima. Siempre hemos advertido sobre este riesgo", afirmó la gobernadora.

La mandataria aseguró que los pobladores han presentado varias denuncias ante los organismos judiciales de la presencia del frente Ismael Ruiz en la zona, especialmente las citaciones en las que obligan a las comunidades a asistir a reuniones con fines extorsivos.

Para apoyar la labor de las autoridades fue elaborado un afiche con los principales cabecillas de la estructura ilegal. Por Libardo González, presunto comandante del frente de las disidencias de las Farc, ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos. También se ofrecen hasta 60 millones de pesos por Freddy Carvajal Galeano, alias May, de 24 años, sicario y cabecilla de finanzas del frente Ismael Ruiz.

"Hemos dado una lucha frontal en contra de estas estructuras criminales y queremos seguirla dando. Todo nuestro apoyo a la fuerza pública para que, a través de los mecanismos que existen, logremos tener el control territorial en cada uno de los municipios del departamento", dijo la mandataria.

El cabecilla del frente 

Para las autoridades, alias Libardo González sería la persona que ha ordenado varios asesinatos de policías, soldados, exintegrantes de las Farc, líderes sociales y pobladores.

De acuerdo con las autoridades, lleva más 15 años como integrante del grupo ilegal y tiene más de 350 guerrilleros bajo su mando, quienes se encargan de atacar a la fuerza pública y de cobrar extorsiones.

"En la zona sur este hombre utiliza la extorsión para amedrentar a comerciantes, mineros y caficultores", afirmó la gobernadora del Tolima.

Las investigaciones también indican que González sería el responsable de la muerte del reinsertado José Noe Gómez Betancur, cuyo homicidio ocurrió en la vereda Las Mirlas del municipio de Rioblanco, Tolima.

También sería responsable del homicidio del exguerrillero José Enrique Roa junto con sus escoltas Luis Eduardo Sterling y Yirber Silva, de la Unidad Nacional de Protección, a comienzos de 2024 en el corregimiento Guacacayo, municipio de Pitalito, Huila.

Las autoridades también lo buscan por ser responsable de secuestros, desplazamientos, así como la muerte de policías y soldados en el sur del Tolima.