Los beneficios de no extradición que el Gobierno de Gustavo Petro otorga a los grupos ilegales que negocian la paz total

Una de las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para lograr compromisos de paz por parte de estructuras ilegales que delinquen en el país, es no autorizar la extradición de importantes cabecillas requeridos por las autoridades estadounidenses.

El primer beneficiado de esta decisión fue Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño, cuya extradición fue suspendida “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de consecución de la paz total, dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”, según se lee en la resolución 158 del 20 de mayo, firmada por el presidente Petro.

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Alias HH es requerido por una corte distrital en Texas, Estados Unidos, por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir. En caso de que el Gobierno colombiano determine que el cabecilla no cumple con las expectativas en su participación dentro del proceso de paz total, podría reactivarse su extradición.

Esta medida también provocó la salida de la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien, según el presidente Petro, no avaló la decisión “al no entender que su Gobierno dialoga de frente con los criminales con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad”.

La directriz empezó a ser ejecutada por el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien anunció que Colombia suspenderá la extradición de guerrilleros vinculados a los diálogos de paz con el Gobierno, incluso si están relacionados con el narcotráfico.

“Se trata de obtener el mismo fin por diversos caminos (...), desarticular el crimen organizado y acabar con el narcotráfico”, puntualizó el ministro en entrevista con la AFP.

Montealegre afirmó que quienes deseen acceder al beneficio de no extradición deberán demostrar su voluntad de desarme, cese de violencia y compromiso con la sustitución de cultivos ilícitos. Además, advirtió que el Gobierno implementará un control estricto “para evitar que personas que quieran simplemente burlarse de la justicia internacional ingresen a procesos de paz”.

El martes primero de julio se conoció que el Gobierno suspendió de manera indefinida la extradición de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, solicitado por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

El presidente defendió la decisión en su cuenta de X: “La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”.

Alias Mocho Olmedo hace parte de la estructura ilegal al mando de alias Calarcá, quien se entregó a las autoridades a finales de enero, tras la presión ejercida por el ELN en el Catatumbo, donde murieron varios de sus hombres de confianza.

Su nombre apareció en un informe de la Unidad Investigativa de Caracol, que reveló que permaneció más de un mes en un hotel bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, antes de ser entregado a la Fiscalía.

Posibles beneficiarios

Entre los posibles beneficiarios de esta política figura Giovanni Rojas, alias Araña, principal cabecilla de los Comandos de Frontera, capturado en febrero pasado en un hotel en Bogotá, tras finalizar el tercer ciclo de diálogos.

Su captura generó un choque entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía, al alegar esta última que Araña no podía ser privado de la libertad debido a que sus órdenes de captura estaban suspendidas en el país.

Según el Gobierno, Rojas es clave para facilitar la entrega de armas de una de las estructuras más beligerantes del Putumayo, una zona clave para el tránsito de cargamentos de cocaína y marihuana. Para las autoridades de Estados Unidos, alias Araña es un enlace fundamental con carteles mexicanos y brasileños involucrados en el tráfico de drogas y el control de corredores cocaleros.

Su posible extradición es evaluada por la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si da su aval. No obstante, la decisión podría ser detenida por el Gobierno de Petro.

Otro nombre en la lista es el de Javier Alfonso Velosa García, alias John Mechas, otro cabecilla del frente 33, solicitado por el atentado contra el expresidente Iván Duque y por el ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde había marines estadounidenses que estuvieron en riesgo durante la acción terrorista.

De ser capturado, su extradición sería más viable para el Gobierno, teniendo en cuenta información de inteligencia que lo vincula con actividades de narcotráfico y acciones terroristas contra la población civil y militar.