¿Qué pasa con los pobladores del Chocó durante los paros armados ordenados por el ELN?

En viernes 2 de mayo el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció de nuevo un paro armado en Chocó. En un comunicado, el grupo armado informó que, “a raíz de las confrontaciones armadas y para evitar afectaciones a la población civil en medio de los operativos militares que se están desarrollando, se decreta un paro armado de 72 horas sobre el río Baudó y sus afluentes”.

Según el ELN, la decisión obedece a los enfrentamientos que se presentan desde el martes 29 de abril con integrantes del Clan del Golfo, choques que habrían dejado al menos tres muertos y otros tres heridos.

Un nuevo capítulo de violencia que vuelve a confinar a más de 50.000 personas del Alto, Medio y Bajo Baudó, quienes no podrán movilizarse hasta la medianoche del lunes 5 de mayo.

“En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carretera, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas normas”, relata un poblador de Pizarro, Chocó.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo obedecen a la disputa por el control del río San Juan, por donde transitan cargamentos de droga y se realiza minería ilegal en sus afluentes.

“En febrero, cuando ordenaron el paro anterior, provocaron el desplazamiento de aproximadamente 5.000 personas y afectaron a más de 12.000 habitantes que permanecieron confinados por el temor a quedar atrapados en medio del fuego cruzado”, agrega el mismo habitante.

El general William Caicedo, comandante de la Brigada XV del Ejército, considera que el paro armado es una estrategia de intimidación del ELN: “El paro armado anunciado en Chocó no es más que un señuelo para generar temor entre la población y facilitar la salida de cargamentos de coca hacia Centroamérica. Para garantizar la seguridad, se ha reforzado la zona con más unidades del Ejército y la Armada para permitir la libre movilidad por el río Baudó”.

Una historia que se repite

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este tipo de anuncios por parte del Frente Noroccidental del ELN genera un profundo impacto humanitario en comunidades históricamente vulnerables, ya afectadas por la falta de acceso a educación, movilidad y servicios básicos.

“El paro no solo agudiza estas condiciones de desigualdad, sino que también impide a las personas trabajar, acceder a la salud y a la educación debido a las restricciones de movilidad impuestas”, afirma la fundación.

De acuerdo con Pares, el ELN busca mantener su poder ante el avance de las subestructuras del Clan del Golfo, dejando a las comunidades atrapadas en medio del conflicto, sin una respuesta clara de las autoridades.

Una situación que se complica por el estancamiento en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el Comando Central del ELN, lo que ha derivado en un aumento de la violencia tras el levantamiento del cese al fuego. “Sin un espacio de diálogo donde ambos actores puedan resolver estos conflictos, será difícil lograr un alivio humanitario para las comunidades más afectadas”, concluye Pares.

Para el analista Carlos Santamaría, el paro armado revela las contradicciones del ELN: por un lado, apoya el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, pero por otro, sigue utilizando la violencia para imponer su dominio, especialmente en regiones como el Chocó.

“Después de tres días de confinamiento, los pobladores tratan de volver a la normalidad. Sin embargo, esta requiere de una mayor presencia estatal que permita promover un desarrollo sostenible y romper el ciclo de violencia y pobreza que los ha asfixiado durante décadas”, afirma Santamaría.

Un pulso por el poder

El ELN ha justificado la medida alegando que busca visibilizar la grave situación humanitaria del Chocó, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales. En su defensa, denuncia una supuesta alianza entre el Estado y el Clan del Golfo para favorecer intereses económicos y políticos.

El Frente de Guerra Noroccidental del ELN, liderado por alias Jerson, busca mantener el control sobre el Medio y Bajo Baudó. Jerson, experto en explosivos, domina los ríos y las rutas de acceso al océano Pacífico utilizadas para el tráfico de drogas. Además, coordina la venta de droga cobrando entre uno y dos millones de pesos por kilo de cocaína vendido a carteles mexicanos. También ha entrenado a sus combatientes en el uso de explosivos para atacar lanchas de la Armada Nacional.

El ELN cuenta con aproximadamente 120 combatientes en la región y mantiene presencia en Istmina, Sipí, Nóvita y Bajo Baudó, donde realiza reclutamientos forzados y amenazas contra líderes indígenas.

Por su parte, el Clan del Golfo opera en la zona con la subestructura San Juan, liderada por Pablo Antonio Borja Ortiz, alias Piernas Limpias, un hombre de 38 años con más de una década en la organización. Desde finales de 2024, ha liderado operaciones en el Medio San Juan por órdenes de alias Gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo.

Este grupo ha intensificado incursiones desde comienzos de 2025, con el objetivo de instalar campos minados, controlar rutas del narcotráfico y consolidar su influencia en las comunidades locales. Se estima que cuentan con cerca de 122 combatientes especializados en explosivos y francotiradores, cuyo principal objetivo es asegurar el control del río San Juan y las minas de oro de la región.