El conflicto en Catatumbo cumple un mes: las confrontaciones no cesan y la emergencia humanitaria se agrava

Durante 30 días, la región del Catatumbo ha vivido una crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc y del frente nororiental del ELN. Estos enfrentamientos han provocado el desplazamiento de miles de personas, mientras que otro número significativo permanece confinado en sus hogares.

Esta difícil situación se originó luego del triple homicidio, ocurrido en la noche del 15 de enero, de Miguel Ángel López, su esposa y su pequeño hijo de 7 meses. La familia, reconocida en la región por ser dueña de una funeraria en Tibú, Norte de Santander, fue asesinada en un hecho que desencadenó una escalada de violencia.

Desde entonces, los enfrentamientos no han cesado. Esto dio origen a la Operación Catatumbo, en la que se desplegaron cerca de 10.000 integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial.

Más del 40 por ciento del territorio vive entre el miedo y la incertidumbre, especialmente en los municipios de Teorama, Tibú, Ocaña, La Gabarra, Sardinata, Hacarí y Cúcuta, donde han aparecido más de 60 cuerpos en las calles. Sin embargo, cifras extraoficiales apuntan a más de 150 víctimas fatales.

Una dura realidad

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la ofensiva del ELN no solo responde a una venganza por el asesinato de la familia López, sino que forma parte de una estrategia de retoma del control territorial para expulsar a las disidencias de las Farc.

“A un mes, los combates continúan. Tenemos denuncias en terreno sobre acaparamiento de tierras, lo cual nos preocupa bastante. El ELN está ejerciendo un control significativo de la frontera colombo-venezolana. Aunque las autoridades han hecho presencia, lo que se vive es una guerra irregular muy compleja”, afirmó Bonilla.

Según su análisis, hay un gran despliegue institucional del orden nacional, pero con limitaciones, debido a problemas administrativos. “A febrero aún no han terminado de contratar personal, lo que dificulta el registro de las víctimas y, por ende, la atención que se les pueda brindar”, explicó.

Por su parte, Leandro Ugarte, alcalde encargado de Cúcuta, señaló que la ciudad enfrenta una situación preocupante, con más de 26.000 desplazados albergados en hoteles, lugares de paso y centros de salud. “La Alcaldía ha destinado todos los esfuerzos posibles para atender a las familias desplazadas, con apoyo de la Gobernación. Sin embargo, el gasto ha sido asumido principalmente por la administración local”, afirmó.

Ugarte también aclaró que el aporte del Gobierno nacional en términos monetarios no se ha materializado. “No hemos recibido un solo peso por parte del Gobierno, específicamente de la Unidad para las Víctimas –dijo Ugarte–. Solo nos han entregado 2.400 ayudas humanitarias, consistentes en kits de alimentación, que llegaron hace apenas tres días. No podemos frenar la ayuda, pero necesitamos un apoyo integral que abarque alojamiento, alimentación, transporte de emergencia y, lo más importante, el componente social para quienes se encuentran en Cúcuta”.

Un retorno incierto

Laura Bonilla advierte que, ante la falta de ayudas, muchas familias han decidido retornar a sus veredas, incumpliendo la sentencia de la Corte que establece que los retornos deben ser acompañados y garantizar los derechos de las víctimas para salvaguardar sus vidas.

Agrega que una solución puede estar en la implementación de decretos de conmoción interior para acelerar la presencia del Estado y canalizar inversiones que brinden apoyo a las familias desplazadas y confinadas. “El gran problema es que estamos reaccionando con lentitud, y esto no solo ocurre en este Gobierno. También depende de la capacidad administrativa, que suele estar limitada a inicios de año por la falta de contratación”, señaló.

El alcalde Ugarte reitera que el Gobierno se ha desentendido del tema. “Hasta la fecha, el Gobierno solo ha entregado 2.400 ayudas humanitarias en forma de canastas de alimentos, distribuidas en el Estadio General Santander. Sin embargo, tenemos más de 9.000 núcleos familiares en Cúcuta, lo que ha obligado a la administración local a comprar mercados, kits de aseo y agua potable para atender la emergencia”, destacó.

Operación Catatumbo

Desde el inicio de los enfrentamientos entre grupos armados, el general Giovanny Rodríguez, comandante de la II División del Ejército Nacional, ha liderado la operación especial para proteger a la población y frenar las acciones armadas.

“Hemos logrado el sometimiento de 129 integrantes del frente 33, casi el 30 por ciento de su capacidad, incluyendo 23 menores de edad. Además, hemos incautado 160 armas, dos toneladas de explosivos, granadas artesanales y minas antipersona”, dijo el general.

Sobre el ELN, Rodríguez informó que han sido capturados 14 integrantes, de los cuales cuatro se desmovilizaron y tres eran menores de edad, lo que evidencia el reclutamiento infantil dentro de la organización ilegal.

En cuanto al narcotráfico, principal motor de las disputas, señala que, en conjunto con la Policía y la Fuerza Aeroespacial, han localizado y destruido siete laboratorios de cocaína y 18 de pasta base de coca. “En aproximadamente 20 días hemos destruido 900 kilos de cocaína líquida y más de 82.000 matas de coca”, informó Rodríguez.

El general también aclaró que, aunque los enfrentamientos entre grupos armados ilegales continúan, las tropas han tomado el control de puntos estratégicos. “Estamos presentes en las zonas rurales de Tibú, La Gabarra y Teorama, donde hemos identificado que el ELN se mueve en vehículos civiles, se refugia en viviendas y emplea tácticas como el uso de tatucos y francotiradores, además de vestirse de civil para obstaculizar nuestras operaciones”, explicó.

Rodríguez denunció que ambas organizaciones han presionado a la población civil para que exija la salida de las Fuerzas Militares y así impedir la intervención del Gobierno . “Están incitando a la gente a protestar, argumentando que la militarización afecta la economía ilícita. Sin embargo, nuestro objetivo es estabilizar el territorio y garantizar la seguridad”, concluyó.