El largo y sangriento camino de Colombia hacia la paz

Nuevamente en Colombia se discute sobre la persistente violencia y los caminos adecuados para salir de este desangre que ha sido largo y doloroso.

El 7 de agosto de 1982, el presidente Belisario habló de paz mediante cambios estructurales, que partían de dialogar y pactar con los armados. Desde ese lejano 1982 hasta el presente, mucha agua ha pasado bajo el puente de la larga violencia colombiana y el esfuerzo por avanzar en paz.

Hoy gobierna un hijo de la paz de los años noventa, la paz liderada por Carlos Pizarro Leongómez, que en las frías montañas del Cauca y en medio de una enorme soledad, luego de la tragedia del Palacio de Justicia, se convenció de la inutilidad de la acción política con armas y fue capaz de convencer al conjunto del M-19 de salir de un alzamiento armado sin ningún futuro deseable. Fue visionario al decir que permanecer en esa acción armada solo llevaría a mayores tristezas y degradación, que es lo que hemos presenciado en los últimos 35 años desde que se firmó la paz del M-19 con el gobierno del presidente Gaviria en marzo de 1990.

La paz es un tema de dura controversia en la sociedad colombiana: para unos consiste en que los armados se rindan y dejen las armas a un lado; para otros, en que es un orden democrático que debe garantizar y promover el estado social de derecho consagrado en la Constitución Nacional de 1991.

Hemos avanzado de manera extraordinaria en superar las violencias organizadas y en construir un orden de mayor calidad democrática. Allí resalta la paz de los años noventa liderada por el acuerdo del M-19 y el proceso constituyente, cuando se logró la paz con el EPL, el PRT y el Movimiento Quintín Lame y, un poco después, en 1994, con la Corriente de Renovación Socialista, un grupo proveniente del ELN.

El presidente Álvaro Uribe lideró el desmonte parcial de las AUC que lo apoyaron para llegar a la presidencia en 2002, como quedó demostrado en el proceso de la parapolítica, una traición política de la que cada día sabemos algo nuevo, ahora que los antiguos jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, han contado mayores detalles de esta alianza criminal, de la cual el expresidente Uribe sigue siendo señalado y ahora, por un coletazo del destino, es juzgado ante un tribunal de justicia por unos cargos ajenos a muchas otras responsabilidades de mayor gravedad que durante décadas se le han endilgado.

El presidente Juan Manuel Santos logró un acuerdo de paz con las Farc. Ese fue sin duda un logro histórico que abrió la posibilidad de avanzar en resolver temas estructurales que explican el alzamiento armado: la desigual distribución de la tierra y la falta de garantías para el ejercicio de la competencia política y de la acción social por los derechos. Ambos temas siguen como tareas a resolver.

El presidente Santos critica la paz total que lidera el presidente Gustavo Petro. Está en su derecho de hacerlo, tiene amplia experiencia y ha pasado a la historia como el hombre que lideró un acuerdo de paz con las Farc, una guerrilla beligerante que ha marcado la historia nacional durante tres décadas, desde 1982 hasta 2016, cuando dieron el paso a la paz política al transformarse en un movimiento que compite en el marco de las reglas de la Constitución de 1991.

Hay que agradecer por siempre al presidente Santos y al equipo de paz que lideró, al igual que hay que agradecer a la inmensa mayoría de las Farc, que con sus dirigentes dieron el paso de salir de la guerra como era el anhelo de una buena parte de la sociedad colombiana. Otra parte quería su rendición y humillación, algo inviable, y otra que se quedaran ejerciendo violencia.

El presidente Santos apostó por la desintegración de las Farc como organización, se paró en la raya y no permitió que las Farc, sin armas, siguieran siendo parte del control de territorios qué conocían a la perfección. Se opuso a que trabajaran por la seguridad en alianza con la fuerza pública, y eso lo consideró inadmisible, una herejía, un exabrupto, y ahí tenemos los resultados: el reciclaje de violencias.

El presidente Santos afirma que, en su gobierno, el Ejército tenía unos destacamentos para la seguridad de los territorios de donde salieron las Farc y que el gobierno Duque los desmontó. Eso pudo ser así. Pero lo que deja la historia es que fue un error no contar con las Farc transformadas en fuerza civil para trabajar por la transformación territorial que requiere seguridad.

El presidente Iván Duque hizo poco para implementar el acuerdo de paz de 2016 y durante su mandato se expandieron las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, es decir, que fracasó en resolver estas largas violencias.

El narcotráfico ha sido el combustible de ellas. Y su instalación en Colombia como economía de la coca y la marihuana se explica por la amplia exclusión que han tenido miles de familias campesinas, que solo han encontrado en la coca la alternativa para llevar su vida. Es decir que lo que les niega el Estado colombiano se los da la coca, como decía un campesino en el Catatumbo al mostrar una hoja de esa planta en la mano: “la coca es el Estado: nos da comida, salud y educación”: una reflexión contundente.

Salir de la economía de la coca, de la que derivan recursos todos los ilegales, sigue siendo un enorme reto en el que, por supuesto, este Gobierno tampoco tiene buenos resultados. La incautación no resuelve nada. Hay estadísticas de 2023 que hablan de 2.000 toneladas producidas en Colombia y 1.400 incautadas. Con 600 toneladas, Colombia surte buena parte de la demanda mundial. Podría decirse, de manera cínica, que las incautaciones regulan los precios en el mercado.

Colombia debe persistir en salir de la fracasada guerra contra las drogas y hacerles caso cuando ellas nos han dicho desde hace tiempo con amplia evidencia: “Las drogas mandan a decir que ya ganaron la guerra”. Y no faltan a la verdad: ahí está la dura realidad que cada día corrobora el fracaso de la política prohibicionista.

El presidente Gustavo Petro lidera la ampliación de esta precaria democracia: su llegada al gobierno es fruto de un largo proceso de maduración de la sociedad colombiana. Él propuso la tramitación de todas las violencias organizadas qué han persistido en la Colombia de hoy, y para ello formuló dos derroteros claves: la participación de la sociedad en este propósito y la transformación de los territorios donde están las mayores exclusiones. Allí han permanecido las organizaciones que ejercen como "estados paralelos".

En lo que se ha conocido como "Paz Total", se propuso dialogar con todas las organizaciones, para lo cual se actualizó la ley 448 que, desde 1997, da soporte legal al mandato constitucional qué ordena en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Las críticas a la gestión del gobierno del presidente Petro en los temas de paz son diversas y hay que sopesarlas con calma: yo no comparto las críticas a los ceses bilaterales, y es clave adelantar los diálogos y negociaciones en medio del cese de los tiros. Por supuesto se pueden mejorar y ajustar, pero no volver a dialogar y echar tiros de manera simultánea. Tampoco comparto las críticas de quienes dicen que hay desarticulación entre seguridad y paz, ni las afirmaciones temerarias sobre que este Gobierno tiene maniatada a la fuerza pública. 

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha entrado en la recta final, debe tensionar la iniciativa en el propósito de transformaciones territoriales y en la participación de la sociedad. En estos dos derroteros claves hay mucho por mejorar. 

El gobierno del presidente Petro debe concretar las negociaciones de paz con Comuneros del Sur, aprendiendo de la experiencia de 2016 y contando con esa facción para la seguridad y para avanzar en las transformaciones territoriales de manera efectiva. Igualmente, debe persistir en la negociación con lo que queda de la Segunda Marquetalia, tanto en Nariño como en Putumayo, y con el grupo de Calarcá. Y si supera las dificultades actuales, también puede llegar a un arreglo con las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, que contemplan la posibilidad de hacer un acuerdo con el Estado colombiano para no sucumbir ante el denominado Ejército Gaitanista del Caribe y avanzar en la paz urbana en Medellín, Buenaventura y Quibdó. En todos esos procesos se pueden lograr buenos resultados.

El ELN y el Ejército Gaitanista del Caribe, son tareas pendientes.

La construcción de una Colombia en paz es una lucha política y esa lucha será intensa en el debate presidencial qué arrancará poco a poco.