Qué pasa en Tarazá, pueblo que la Fiscalía abandonó por miedo al Clan del Golfo
6 Febrero 2023

Qué pasa en Tarazá, pueblo que la Fiscalía abandonó por miedo al Clan del Golfo

Crédito: Colprensa

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ordenó el cierre de las oficinas de la entidad en Tarazá, Antioquia, luego de que alias Gonzalito, cabecilla del Clan del Golfo, tuviera secuestrados por varias horas a funcionarios judiciales.

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Los habitantes del norte de Antioquia están acostumbrados al paso de los integrantes del Clan del Golfo, que en algunas ocasiones realizan retenes ilegales para ejercer como autoridad en la región.

Son cerca de 600 hombres que mantienen confrontaciones por el control de la zona, no solo contra integrantes del frente 36 de las Farc y el frente occidental del ELN, sino en especial con las tropas de la Séptima División del Ejército.

La cabeza visible de la organización es José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito. En su contra, las autoridades le tienen 16 órdenes de captura, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y concierto para delinquir.

Gonzalito ingresó en 1996 a las Autodefensas Gaitanitas hasta llegar a ser comandante en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Estuvo preso en la Cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia, donde cumplió una pena de seis años por conformación de grupos ilegales.

Al quedar en libertad en 2004, volvió a unirse al grupo ilegal. Durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas en 2006, alias Gonzalito no entregó las armas y se unió a la banda criminal de Don Mario.

Las autoridades en Estados Unidos también lo buscan por narcotráfico. 

Tras la extradición de alias Otoniel comenzó una fuerte confrontación contra alias Chiquito Malo y contra Siopas por el mando sobre los más de 3.600 integrantes que hacen parte del Clan del Golfo.

Fiscales secuestrados 

La última incursión de Gonzalito contra las autoridades ocurrió el pasado viernes 3 de febrero de 2023, cuando secuestró a tres funcionarios de la Fiscalía General y una secretaria del despacho judicial de Taraza, en Antioquia.

Los funcionarios judiciales, luego de quedar libres, manifestaron preocupación por la seguridad en la zona. Al parecer, mientras estuvieron cautivos, pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, sin que en ningún punto hubieran reaccionado como debían.

Ante la denuncia, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que citará a los funcionarios y miembros de la fuerza pública y militar responsables de esa zona antioqueña, para rendir cuentas de las acciones realizadas frente a los hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de la población civil y servidores públicos en el sector.

“En Tarazá, la Fiscalía ha fortalecido su operación con cooperación internacional en los últimos años. Pero es muy lamentable que situaciones como esta sucedan en uno de los 170 municipios que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-EP”, señaló Barbosa.

El hecho también generó la decisión de cerrar las oficinas en la región hasta que se presenten garantías por parte de la Policía y el Ejército

“Ante esta preocupante situación, que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia. No podemos aceptar, desde ningún punto de vista, como Fiscalía General de la Nación, que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace ya más de 20 años (…) No podemos admitir que nuestros funcionarios terminen siendo objeto de ataques y secuestros por parte de grupos armados que actúan de una manera libre en ciertos territorios del país”, dijo el fiscal.

Carlos Camargo, defensor del pueblo, también se refirió al episodio: "Los ciudadanos están siendo afectados gravemente por el accionar de grupos armados, que estarían participando en diálogos con el gobierno nacional en el marco de un cese al fuego bilateral"

En respuesta a los cuestionamientos del fiscal general, el comando del Ejército aseguró que atenderán los requerimientos del órgano judicial.

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