Asegurar el abastecimiento energético en Colombia: un desafío urgente

Aunque Colombia posee recursos en petróleo y gas para cubrir la demanda interna, el país enfrenta una serie de desafíos que podrían comprometer su suministro energético futuro. Según Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en el caso del petróleo, la producción no ha crecido como se esperaba después de la pandemia, la exploración viene cayendo y de continuar dicha tendencia, a 2030 se vislumbra el fin de la actividad exploratoria, lo cual impediría incorporar nuevas reservas. Esto, explica, podría generar una disminución de la producción hacia 2027, que comprometería el cumplimiento de las metas de producción de hidrocarburos estimadas por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024. Todo lo anterior afectaría la seguridad energética y la estabilidad económica, por los aportes fiscales nacionales y territoriales derivados de esta industria.

En cuanto al gas natural, el panorama es aún más preocupante. Las reservas han caído un 58 por ciento en los últimos 12 años, lo que podría resultar en una escasez de producción local hacia finales de 2025 y que se ha empezado a materializar en las últimas semanas. “De continuar con esta tendencia, para el final de la década podríamos estar importando la mitad del gas que consumimos, lo que afectaría gravemente la prestación de los servicios públicos, el sector productivo, la movilidad y en general la economía del país”, advirtió Pearl.

En el caso de los combustibles líquidos, situaciones como la falla técnica en la Refinería de Cartagena (Reficar) y el paro de transportadores revelaron la vulnerabilidad estructural del sistema de distribución. Si bien no se llegó a un desabastecimiento, la escasez en varias estaciones de servicio y la cancelación de vuelos por falta de combustible de aviación mostraron lo cerca que está Colombia de enfrentar una crisis en este sector.

¿Un apagón por racionamiento energético?

El Presidente de la ACP señala que Colombia se encuentra en una situación crítica en cuanto a su seguridad energética. Recientemente, el país experimentó un campanazo cuando, debido al mantenimiento de la infraestructura de importación de gas natural (SPEC), el Gobierno tuvo que declarar un racionamiento programado para otros sectores. Afortunadamente, esta medida se evitó gracias a la rápida intervención de fuentes nacionales de gas en la costa, que incrementaron la inyección de gas y redireccionaron producción de otras fuentes para evitar afectar la demanda.

Sin embargo, el riesgo persiste. La toma de la planta de gas de Gibraltar por parte de comunidades indígenas también generó alertas sobre el abastecimiento para zonas como Santander y Norte de Santander, así como para la Refinería de Barrancabermeja y otras demandas comerciales. Además, en el sector de combustibles líquidos, los diferentes eventos que pusieron en riesgo el suministro evidencian la necesidad urgente de contar con confiabilidad en el abastecimiento, para lo cual los almacenamientos estratégicos son los llamados a dar ese respaldo que se requieren ante eventos de escasez.

Para Pearl, estas situaciones demuestran que si no se toman medidas estructurales Colombia está muy cerca de enfrentar una crisis energética. “Es fundamental reconocer las señales de alerta y no ignorarlas. La estabilidad del suministro depende de factores como la capacidad instalada, la diversificación de fuentes y el mantenimiento e incremento de las reservas de petróleo y gas”, explica.
 
El Presidente de la ACP insiste en que es crucial fomentar la inversión en exploración y producción de hidrocarburos para evitar un déficit que afecte la generación eléctrica, los hogares, la industria y la movilidad. Además, resalta la importancia de garantizar contratos de suministro confiables, impulsar proyectos de infraestructura energética, mantener un marco regulatorio robusto que brinde confianza a los inversionistas, priorizar el desarrollo de proyectos estratégicos, y contar con condiciones de operación adecuadas en los territorios.

También enfatiza la necesidad de una mayor coordinación entre el Gobierno, la industria del petróleo, gas y combustibles líquidos, y todos los demás actores del sector energético. “Desde el gremio, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad energética, con aportar soluciones para prevenir situaciones de racionamiento, y seguir impulsando la economía nacional y de las regiones”.

Complementariedad energética

Frank Pearl destaca que uno de los mayores retos en la transición energética de Colombia es garantizar la complementariedad entre los energéticos tradicionales y las nuevas tecnologías. Según él, es fundamental asegurar que el país mantenga la autosuficiencia energética mientras avanza en la integración de nuevas energías. “La transición energética debe ser gradual, justa e integral”, afirma, enfatizando que los hidrocarburos seguirán desempeñando un papel clave en la matriz energética en las próximas décadas.

La falta de infraestructura y la necesidad de un marco regulatorio estable para atraer inversiones son otros obstáculos importantes. Resalta la necesidad de fortalecer el sector y lograr inversiones estratégicas en infraestructura de transmisión, almacenamiento y generación/producción.

Para Pearl, la clave radica en entender que las fuentes convencionales y no convencionales no son excluyentes, sino complementarias. “Los hidrocarburos permiten la estabilidad de la red y la confiabilidad del suministro eléctrico, elementos esenciales para garantizar el acceso a la energía, especialmente en zonas de difícil acceso; además de aportar recursos económicos necesarios para la transición y la sostenibilidad fiscal del país”, explica. Este enfoque permitirá avanzar hacia una transición energética que no solo sea ambientalmente sostenible, sino también económica y socialmente justa.

El Presidente de la ACP considera que la transición energética es viable, siempre y cuando se combinen inversiones estratégicas con un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados. Además, explica que esta transición debe abordar el llamado “trilema energético”: seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental y equidad social. “La transición no es solo una meta ambiental, también es una oportunidad para diversificar nuestra economía y garantizar un desarrollo sostenible”, señala.

Finalmente, añade que para asegurar la estabilidad energética de Colombia en los próximos años es imperativo adoptar una estrategia clara y equilibrada. Esto implica fortalecer la infraestructura, promover la inversión en exploración y desarrollo de petróleo y gas, al tiempo que se trabaja en la implementación de energías no convencionales.

En este sentido, solo mediante un enfoque integral y cooperativo entre el Gobierno, la industria y las comunidades, Colombia podrá enfrentar los retos energéticos del futuro y garantizar un suministro seguro y sostenible para las próximas generaciones, a la vez que avanza en la transformación productiva y la superación de la pobreza y la inequidad en las regiones.

*Contenido elaborado con apoyo de la ACP.