Calidad y acceso: tareas pendientes en el sector educativo

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), adelantado por la OCDE, mide la competencia de los jóvenes hasta los 15 años en capacidad de lectura, matemáticas y ciencias, con el fin de identificar qué tan preparados están para su participación en la sociedad.

Los resultados de 2023 reflejan un panorama muy negativo para Colombia, con una disminución en las tres competencias: matemáticas 383 puntos, lectura 409 y ciencias 411, mientras que en 2018 los resultados fueron 391, 412, 413.

Con estos resultados, el país se ubicó por debajo del promedio de los países de la OCDE y notablemente lejos de los países con los mejores desempeños. Como consecuencia, los jóvenes colombianos están menos capacitados y, por tanto, tienen menos probabilidades de completar la educación superior y conseguir mejores empleos en el futuro.

Además, el rendimiento de los estudiantes colombianos es preocupantemente bajo: en matemáticas, el 71 % no alcanzó el nivel mínimo de competencias necesarias (el promedio de la OCDE es del 31 %); en lectura, el 51% (26 % en la OCDE); y en ciencias, el 51 % (24 % en la OCDE). Estos resultados indican que la mitad de los jóvenes de nuestro país "son incapaces de identificar la idea principal en un texto, encontrar información basada en criterios explícitos y dar una opinión propia sobre el propósito y la forma de los textos".
 

Si bien existen voces críticas frente a la validez de las pruebas PISA, hay consenso en que son un indicador para compararnos internacionalmente. Y la conclusión es que el más grande problema del que adolece la educación en Colombia es la pobre calidad.

De allí que el profesor y columnista Julián de Zubiría escribió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le planteó algunas acciones: hacer esfuerzos en la formación de los docentes –“para mejorar la calidad educativa es necesario transformar las facultades de Educación, el techo de la calidad de la educación lo determina el techo de la calidad de los docentes”–, reformar la forma fragmentada y desarticulada en la que se ven las materias, y garantizar la educación inicial de tres años.

Por su parte, Ricardo Mosquera Mesa, exrector y profesor de la Universidad Nacional, escribió recientemente sobre la necesidad de ejecutar cambios estructurales en la educación en Colombia, dirigidos hacia la mejora en la calidad: “Diversos estudios señalan que la mala calidad de la educación tiene efectos en el desarrollo económico del país, en la productividad de la economía, en la distribución del ingreso y en los resultados de pobreza”.

La financiación, otro materia en veremos

En Colombia, 6 de cada 10 jóvenes no pueden ingresar a la universidad debido a la falta de recursos económicos, según un informe elaborado por el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana. “Este es un panorama lamentable, puesto que implica que muchos colombianos no puedan desarrollar sus habilidades y proyectos de vida porque no cuentan con oportunidades para hacerlo”, según Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América.

Como un esfuerzo para reducir esta brecha, el Ministerio de Educación radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que define la educación como un derecho en todos sus niveles (inicial, básica, media y superior), y garantizar el acceso universal a la educación. Según Posada, “es necesario que el Estado no solo garantice el acceso a la educación pública, sino también el buscar estrategias para apoyar a las universidades privadas para que estas puedan seguir ofreciendo oportunidades de acceso para todos”. 

La pregunta, de aprobarse esta ley, es cómo se garantizarán los recursos necesarios para asegurar el derecho a la educación para todos los colombianos, cumpliendo con la necesidad de mejorar la calidad de esta. Un reciente análisis del Banco Mundial es lapidario frente a la situación educativa nacional: “A pesar del presupuesto históricamente alto, el rendimiento académico sigue disminuyendo”. No servirá de mucho para los estudiantes incrementar el financiamiento, “sin asegurar que los recursos se destinen adecuadamente a infraestructura, tecnología, formación de docentes y desarrollo de programas académicos de vanguardia”.