Las siete razones por las que Acemi considera esta reforma a la salud “altamente inconveniente para el país”

Tras la aprobación en la Cámara, la Asociación espera un debate riguroso en el Senado. Además, planteó siete razones en las que manifiesta su preocupación sobre la posible aprobación final del proyecto. La primera es que, según el gremio, la reforma, tal y como está planteada, no resuelve los problemas del sistema y no garantiza mejor atención para los pacientes.

La segunda es que el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara desdibuja el rol de las EPS, “deja al sistema sin herramientas para gestionar el riesgo y con ello elimina la gestión integral de la salud de la población”. La tercera advierte que el documento que pasa al Senado plantea un arreglo institucional con confusiones de roles y responsabilidades, en clara afectación para los usuarios. 

Si bien el Ministerio de Hacienda indicó que la reforma costará 929.000 millones de pesos en 2024, para Acemi su cuarta preocupación es que el planteamiento no es sostenible por el costo de su implementación y porque no plantea un responsable del riesgo financiero del sistema. Además, señala que durante el trámite que ya tuvo en el Congreso, el proyecto acumuló defectos de forma y fondo que anticipan su inconstitucionalidad.

Las dos últimas razones advierten que se pone en riesgo la adecuada atención de pacientes, sobre todo los de enfermedades de alto costo, porque no hay un plan serio y estudiado de transición, y que un pagador único no da garantía de transparencia. “En ese sentido, se abandona un modelo exitoso de colaboración público-privada para volver a un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado”.  

Acemi señaló que espera un debate amplio e informado en el Senado de la República, “con todo el rigor técnico y que involucre a todos los actores del sistema, incluidos pacientes y usuarios, que en repetidas ocasiones han denunciado públicamente no haber sido escuchados.

Por último, el gremio hizo un llamado al Gobierno nacional a atender los asuntos del sector que por cuenta de la discusión en el Congreso no se han atendido, como la financiación del sistema, la correcta definición de la UPC para 2024 y el reconocimiento y pago de Presupuestos Máximos de 2022 y 2023 pendientes de giro.

Por lo pronto, el proyecto de reforma tendrá que ser aprobado en la Comisión Séptima del Senado y después en la Plenaria, en la que se espera una oposición mucho más fuerte.