'Políticos, narcotraficantes y empresarios se estarían quedando con la tierra de los campesinos'

El martes 3 de diciembre, Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), denunció públicamente la existencia de un presunto cartel de la tierra, responsable de la ocupación indebida de predios del Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) que la entidad estaba adquiriendo. Según Harman, las tierras que debían estar destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto terminaron en manos de clanes políticos regionales. 

De acuerdo con la ANT, al menos 67 predios del Fondo están en poder de actores ilegales en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia. Las irregularidades en la ocupación de estas tierras fueron identificadas, según el director de la ANT, después de iniciar los proceso de contratación y la revisión integral de los predios del FRV, así como en el desarrollo de mesas de trabajo con los exparamilitares designados por el Gobierno nacional como gestores de paz. 

Cuando la Agencia inició el proceso de adquisición de tierras que habían sido entregadas por antiguos jefes paramilitares para la restitución, encontró que muchas de ellas estaban siendo ocupadas de manera irregular, algunas con contratos de arrendamientos con personas cuestionadas. 

“Estamos hablando de más de 100.000 hectáreas que estarían en manos de clanes políticos, nuevos grupos paramilitares, e incluso, de sectores de la mafia en Colombia”,  aseguró Harman, advirtiendo que el “latifundio mafioso está más intacto que nunca”. 

Después de un proceso de investigación y cruce de información de siete meses, la ANT identificó de forma preliminar seis casos que, según el director, serían “la punta del iceberg” de un entramado mayor relacionado con el despojo de tierras que debían destinarse a las víctimas. 

Uno de estos casos involucra la ocupación de predios en Buenavista, Córdoba, entregados por los alías ‘Macaco’, ‘Cuco Vanoy’ y ‘Nico’. Se trata de más de 6.000 hectáreas en este sector, sin contrato de arrendamiento con el Estado, que se encuentran en la estructura de José Felix Gutierrez, exalcalde de Buenavista, quien también es esposo de la representante a la Cámara del Partido de la U, Ana Paola García.

Otro de los casos involucra el predio La América, ubicado en Chimichagua, Cesar, que aún sigue siendo propiedad de Inversiones Rodríguez Fuentes, una empresa que había sido intervenida por la Fiscalía en 2007 y pertenece a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como ‘Comandante Barbie’. Este predio había sido entregado por alias ‘Rafa’, comandante del Bloque Norte de las AUC, y también perteneció al ‘Ñeñe’ Hernández. 

Felipe Harman reveló que, además de Las Américas, comprada por la Agencia Nacional de Tierras al FRV, alías ‘Barbie’ tiene en su propiedad otros dos predios de origen de baldío que suman “más de 83 hectáreas y un sinnúmero de bienes que aparecen en el claroscuro entre la Fiscalía y el FRV”.

Entre los mencionados también están los Méndez, un grupo paramilitar en los Montes de María, previo a la llegada  de las AUC. Harman señaló que, en los departamentos de  Córdoba y Bolívar, los predios entregados por Diego Vecino en el marco del proceso de Justicia y Paz, permanecen en poder de los herederos de familia Méndez, quienes “todavía ejercen el control sobre el predio”.  

En Caucasia, Antioquia, también se identificó el arrendamiento de cuatro predios que suman 283 hectáreas, a nombre de Charif El Hadaui Hernández, un ciudadano venezolano señalado por el asesinato del narcotraficante Wilber Alirio Varela, alias ‘Jabón’. Además, entre los casos presentados por la Agencia Nacional de Tierras también está la entrega de seis predios con una extensión de 1.841 hectáreas en Tarazá y Cáceres, Antioquia, a la comercializadora de carne K-Supply Group SAS, a cambio de tan solo 7 millones de pesos de arrendamiento. 

A partir de un proceso de investigación, la Agencia Nacional de Tierras también descubrió que los predios La Chorrera y Siberia, ubicados en Puerto López, Meta, que eran propiedad del empresario Víctor Carranza, actualmente están en poder de la empresa Ganadería Brisas de Agualinda SCA, que tiene como representante legal a Kimberly Annette Carranza, hija de Víctor. Estos predios de naturaleza baldía, según el director de la ANT, “deben ser recuperados por la nación”. 

“Una cruzada por la recuperación de las tierras”

En palabras de Felipe Harman, “hay que hacer una cruzada por la recuperación de las tierras de las víctimas que aparecen en manos de victimarios y de los mismos aliados que consolidaron clanes regionales”. En ese sentido, la ANT sostendrá una mesa de trabajo conjunta con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de los predios entregados y en las investigaciones penales sobre el manejo de estos bienes.

El director de la ANT instó a que “los antiguos jefes paramilitares expresen de forma clara qué fue lo que le entregaron a la justicia para reparar a la víctimas”, para que el Estado inicie la recuperación efectiva de las más de 100.000 hectáreas que “estarían en manos de personas con dudosa procedencia”. En esta tarea, Harman destacó que las gestorías de paz pueden tener un papel clave en el esclarecimiento de la propiedad de los bienes, así como para la reparación de las víctimas. 

La denuncia de Harman también fue realizada junto a los congresistas de la bancada del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, Robert Daza y Carlos Alberto Benavides. 

Para el senador Benavides, esta alerta que envía la ANT es muy importante porque “nos dispone a darle fuerza y vigor a los comités por la reforma agraria”. Advirtió que en los últimos meses ha habido una presión para que la ANT no cuente con las capacidades y herramientas que permiten que el despojo no se repita más en Colombia. “También hay una serie de presiones para que los sujetos débiles: campesinos y campesinas no tengan la oportunidad de reclamar esa justicia”, dijo el congresista. 

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta enfatizó en que el Cartel de la Tierra no solo tiene una articulación con la criminalidad del país, sino con “los políticos que ostentan el poder regional en el Congreso de la República y también con los poderes políticos presentes en departamentos como Antioquia y Córdoba”. 

Finalmente, Felipe Harman señaló que la Agencia y la Unidad de Víctimas han suscrito dos convenios por un valor de 700.000 millones de pesos, logrando avance en cuatro promesas de compraventa de más de 53.000 hectáreas. El director concluyó reiterando que lo que se denuncia es una “es una expropiación de los bienes del Estado en función de intereses particulares”. 

*Contenido elaborado con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).