Reforma agraria: un paso hacia la reivindicación del pueblo afrodescendiente en Colombia

El 24 de octubre de 1849 nació en Camarones, corregimiento de Riohacha (La Guajira), uno de los personajes más influyentes del siglo XIX: Luis Antonio Robles, conocido como el ‘Negro Robles’. Fue el primer ministro negro en la historia de Colombia y, durante su carrera política, defendió la lucha contra la discriminación. 

175 años después, el pueblo que lo vio nacer celebra el fin de una era de disputas sobre la tierra. La comunidad de Camarones, conformada por más de 170 familias, solo alcanzó su reconocimiento como población étnica y ancestral en 2014. El 6 de noviembre de 2024, después de un largo camino de acciones legales y promesas incumplidas por gobiernos anteriores, recibió los predios que le corresponden como pueblo negro y ancestral, un hito en la lucha por la justicia racial en Colombia.

El Consejo Comunitario El Negro Robles —nombre en honor al prócer guajiro— ha sido testigo de este proceso. Henry Ariel Redondo Gamez, líder social y uno de sus miembros, explica que el gran desafío de la población afrodescendiente en materia de tierras ha tenido sus causas en la forma en que se ha desarrollado el país desde el punto de vista de las reformas agrarias. “El pueblo negro siempre ha sido una población que ha estado excluida dentro de todas esas políticas”. 

Cuenta que solo hasta la llegada de la Constitución del 91 y la creación de la Ley 70 de 1994, que reconoce “la protección de la diversidad étnica y cultural”, empezaron a ver posibilidades de reparación histórica para sus comunidades.

“Comenzamos a tener un reconocimiento político, social y territorial. Desde ese punto de vista, se ha reconocido al sujeto negro como un sujeto político, individual y colectivo con la expedición de la Ley 70, en el país se comenzaron a fortalecer estos procesos organizativos y territoriales”, añade Redondo. Sin embargo, los retos de su comunidad para acceder a la tierra se mantuvieron hasta hace pocos años. En 2016, Camarones empezó el proceso de titulación colectiva ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Sin muchos avances, en 2020 instauraron una acción de tutela contra la entidad.  

“Notamos que el Gobierno Nacional, encabezado por el Incoder, vulneraba nuestros derechos al no cumplir con los procesos administrativos e institucionales”, detalla el líder social. 

En 2022, con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, vieron una luz verde para acceder a sus tierras. “Llegó un gobierno a impulsar transformaciones sociales, sobre todo, desde el punto de vista de la tierra.  Se reconoció a los propietarios ancestrales y uno de ellos es el pueblo negro que ha hecho importantes aportes a todo lo que se ha logrado como Estado Social de Derecho. Con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez hemos alcanzado estas prerrogativas que están reconocidas constitucionalmente y claro que es un avance muy importante para nuestros hermanos y hermanas del país.

Por eso, la Reforma Agraria promovida por el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se ha convertido en un paso importante hacia la reivindicación de los pueblos étnicos, buscando un cambio estructural en la distribución de tierras en el campo colombiano y construcción de paz en Colombia. 

Según Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, “a través de la Dirección de Asuntos Étnicos se han formalizado cerca de 728.000 hectáreas productivas beneficiando a comunidades indígenas y afro con el propósito de reconocer y garantizar sus derechos territoriales, teniendo en cuenta el enfoque diferencial”. Familias de departamentos como el Amazonas, Caquetá, Vaupés, La Guajira y Meta, entre otros, se han beneficiado con esta iniciativa. 

Harman Ortiz, destaca que, en dos años de Gobierno, la ANT ha entregado 276 predios que corresponden a más de 70.000 hectáreas a comunidades negras e indígenas en 24 departamentos del país, con una inversión que asciende a los 348.050 millones de pesos.

Para Henry Redondo Gámez, como pueblos étnicos, han encontrado “esa respuesta que espera el ciudadano común y corriente” en la entidad. “El gobierno ha dispuesto en algunos cargos, como es el caso de la Agencia Nacional de Tierras, personas que vienen de procesos organizativos como el señor Felipe Harman, quien conoce los procesos sociales, comunitarios y comunales y tiene sensibilidad frente a lo social”, resalta. 

Por ejemplo, otro de los avances de la ANT en materia étnica es la inversión de 8.320 millones de pesos para garantizar la seguridad alimentaria de comunidades en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Según la entidad 7.000 personas de comunidades negras y resguardos indígenas han sido beneficiadas con esta apuesta. 

La estrategia comprende la entrega de plantas, semillas e insumos para las familias, buscando, además, que estas comunidades preserven sus saberes ancestrales, idiosincrasia y autonomía en el trabajo de la tierra. 

La formalización de tierras también ha sido otro de los principales avances de la Reforma Agraria. Según la ANT, a la fecha han formalizado más de 1.228.000 hectáreas a comunidades campesinas, negras e indígenas. Para Felipe Harman, director de la ANT, “la importancia de insistir permanentemente en el legítimo derecho del campesino por adquirir un pedazo de tierra nos lleva ahora más que nunca a privilegiar sus aspiraciones por tener un piso donde su familia sienta la seguridad jurídica. Hablamos de entregarles no solo una hectárea, sino la capacidad y los medios productivos para hacer grande este país”. 

Estos avances, según el líder social Henry Redondo, les han permitido alcanzar el derecho a la tierra como “una deuda ancestral, pero también como un derecho patrimonial frente a una identidad cultural que el Estado está en la obligación de salvaguardar”. 

El líder celebra que, en el caso de su comunidad, recibieron la entrega material del predio, producto de unas dinámicas institucionales y comunitarias que finalizaron con la visita técnica y acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras.

Un paso hacia la construcción de paz 

Henry Redondo asegura que, sin duda, la Reforma Agraria significa también un paso a la construcción de paz, pues la histórica concentración de la tierra solo generó hambre pobreza y desplazamiento, factores que nutrieron el conflicto armado en los territorios. 

“Impulsar una Reforma Agraria que reconozca las diversidades étnicas y sociales, nos está convocando a que estemos en el camino de un proceso de paz, donde todos y todas, tenemos el mismo derecho y las posibilidades de generar escenarios sociales, políticos, culturales y económicos, que es lo que precisamente busca nuestra Constitución”, concluye.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).