Por Gonzalo Castellanos V. (*)

En este país de catarata legislativa, de parágrafos muertos y tanta habladera de políticos y funcionarios para desviar atenciones, uno no es que pueda creer mucho en las leyes. Entre las 2.455 expedidas de 1991 a hoy, son pocas las que tienen alguna incidencia apreciable en la vida de los colombianos.

Las de cultura, en general, han sido una excepción. Así que en un país en guerra, con cicatrices ofensivas de violencia, de corrupción, de aislamiento territorial, inequidad y pobreza que ha llegado a tocar al 42 por ciento de la población, estas han resultado trascendentales para movilizar la vida, la producción cultural, el trabajo en estos campos, la diversión (nada menor), el tejido de espacios de paz o la maravilla de cuestionar, revivir o hacer vida desde las artes.

Ya no es nuevo decir que Colombia está entre las cuatro o tres mayores industrias audiovisuales, editoriales, de espectáculos, de artes escénicas o entre los mayores exportadores de bienes, obras, productos y servicios culturales en Latinoamérica e Iberoamérica.

Tampoco es nada inédito afirmar que la vida, la producción de música, los festivales, el turismo, los empleos y valores agregados de la circulación cultural han llegado a más de 2 puntos anuales del PIB, incluso con contribuciones mayores que las exportaciones tradicionales del país antes reconocidamente cafetero; que la presencia de 65 lenguas vivas, las expresiones étnicas, las festividades y rituales ancestrales son una fuente de diversidad reconocida y apetecida en el ámbito internacional, mejor dicho, que la creatividad artística y cultural son un protoplasma de la vida y la economía nacional.

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Aunque las artes y el entramado de creaciones aportan puntos importantes del PIB nacional, no reciben recursos o incentivos proporcionales; siguen siendo escasos los dineros que las alcaldías aportan a las prácticas culturales, y son engorrosos los trámites de acceso a estímulos estatales

Desde la Ley General de Cultura, próxima a cumplir 30 años, así como las de bibliotecas públicas y libro, espectáculos escénicos, las audiovisuales y la de lenguas, teatro y actores, emitidas en lo que corre de este siglo, se han generado, por cierto, multiplicidad de instrumentos, canales de circulación y creación, financiaciones, incentivos tributarios, contribuciones parafiscales, exenciones, estímulos que han ayudado eficazmente a estos buenos resultados, al punto de que otros países de la región han tratado de configurar iniciativas similares.

¿Si todo anda tan bien, para qué cambiar?

Precisamente por eso, porque pese a los avances, no todo anda del todo bien; porque persisten dificultades de empleabilidad, de seguridad social, de subsistencia para artistas, gente de la cultura e infinidad de expresiones culturales.

Porque aunque las artes y el entramado de creaciones aportan puntos importantes del PIB nacional, no reciben recursos o incentivos proporcionales porque siguen siendo escasos los dineros que las alcaldías aportan a las prácticas culturales, y son engorrosos los trámites de acceso a estímulos estatales; porque hay regiones aún apartadas no geográfica sino vivencialmente; porque hay concentración y centralismo; porque muchas prácticas de la cultura viva comunitaria, la campesina y la popular no son visibles en los escenarios de apoyos, como lo son las grandes industrias creativas o del entreteniendo (mainstream).

De allí la idea de fortalecer la Ley de Cultura y toda la legislación, mediante el proyecto legislativo que el Ministerio de las Culturas ha presentado en la mañana del 7 de mayo al Congreso.

Durante más de un año y de forma inédita, tuvimos la oportunidad de ir por el país, por las capitales grandes, sí, pero sobre todo por Cumaribo (quién lo creyera, uno de los municipios de mayor tamaño en el mundo, más grande que un centenar de países), San José del Guaviare, Leticia, Puerto Carreño, Ocaña, Buenaventura, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es andar por este piso que es vibrante, sobreviviente, que es anhelante y fuerte; que es musical, que es danzante, que es literario y audiovisual y teatral; que se mueve entre cimas y abismos, que ha visto sangres y cuerpos sin nombre; y todo con la idea de construir una ley que, manteniendo todo el alcance de las anteriores, las fortalezca y dé pasos en el entorno tecnológico y social cambiante.

Gente fascinante, trabajadoras, artistas, gestores, productores, maestras, artesanos, músicos, vigías de patrimonio, cineastas, bibliotecarias, muralistas (cerca de 8.000 personas), entre una cantidad numerosa de oficios, organizaciones, ministerios, consejos y entidades culturales, alcaldías, se dieron a la tarea bella de proponer de su puño y letra tal proyecto. Lo que llamamos siempre la ciudadanía cultural del país, que es el país mismo.

Lo fuerte del proyecto

Denominado de “reequilibrio e inclusión en el sector de las culturas, las artes y los saberes”, el proyecto parte de no afectar nada de lo conseguido en legislaciones precedentes (cuando se desarrollan derechos culturales y humanos no puede haber retroceso, expresan las cortes internacionales) y ya se percibe como una iniciativa de convocatoria nacional.

Allí, todos los campos —bibliotecas, audiovisual, museos, artes escénicas, danza, circo, música, equipamientos culturales, patrimonio cultural material e inmaterial— quedarían cobijados con similares mecanismos de gestión, estímulo económico y tributario, con facilidades operativas o mecanismos de orden laboral o gremial.

Se incorporan medidas para fortalecer la protección del patrimonio material y arqueológicos y para actuar más eficaz y rápidamente en casos de vulneración (precepto de precaución). También se facilita la contratación estatal (urgencia manifiesta) en casos de riesgo y en general para relaciones con entidades culturales y asignación de estímulos económicos.

Entre otras cosas, los estímulos económicos estatales a agentes culturales no constituirán ingreso gravado tributariamente, al tiempo que proyectos culturales, e infraestructuras tendrán acceso a dineros de ciencia y tecnología o regalías.

Sobre bienes en los que haya operado extinción de dominio por delitos, se podrían hacer asignaciones hacia procesos de memoria, infraestructuras culturales y programas de vivienda cultural.

El proyecto cuenta con una marca intersectorial en donde podrán fluir presupuestos y gestiones públicas de comunicaciones, de turismo y otros sectores hacia prácticas culturales, inclusive creando la materia de formación en artes desde la primera infancia y en instituciones de primaria y secundaria.

Las entidades territoriales podrán conceder exenciones o tarifas especiales en el impuesto predial, de industria y comercio o servicios, en la operación de infraestructuras o uso de espacios públicos para prácticas artísticas. Igualmente, podrán incrementar el monto de su estampilla procultura de 2 por ciento a 2,5 por ciento, lo que llegaría a significar una cuarta parte más de ingreso que permite financiar actividades culturales, bibliotecas y seguridad social de gente del sector artístico.

Se elimina IVA a servicios para creación y producción de libros y se otorgan estímulos como equipamiento cultural a las librerías. Por otra parte, el fondo Foncultura existente, y poco robusto hasta la actualidad, se fortalecería con nuevos ingresos, pudiendo inclusive apoyar aportes de seguridad social y asistencia social.

Se establece novedosamente un modelo de financiación colectiva de proyectos culturales, con un monto limitado: quienes aporten recursos a este tipo de iniciativas pueden disminuir el valor aportado de las retenciones en la fuente que se les practiquen por rentas de trabajo; igualmente, se fija en un 165 por ciento el incentivo de deducción tributaria que pueden tener las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a fondos mixtos de cultura o que inviertan en bienes de interés cultural o expresiones culturales materia de salvaguardia.

Los museos y centros de memoria que en su momento discutieron un proyecto de ley sectorial, se ven cobijados con las medidas más sustanciales de dicho proyecto. Se garantiza la autonomía museológica y se excluyen de IVA las pólizas de seguros para sus bienes.

De expedirse pronto la ley, se reorganiza el sistema nacional de cultura y la gobernanza cultural, lo que es clave para una ciudadanía que habla y que muchas veces no se atiende en las políticas culturales. Se reestructurarán la integración, funciones y gestión de los consejos de cultura nacionales y territoriales, dándoles capacidades en la discusión de planes, programas, proyectos y seguimiento de las inversiones culturales.

En busca de superar brechas de acceso ante dificultades de menores ingresos de una parte considerable de la población nacional, se legisla más profundamente en posible asignación de subsidio o modelos de bono cultura a ciertos segmentos de población.

Todos los mecanismos que se construyen en esta iniciativa, y que están más allá de lo económico o retórico, tienen un alma que parte de comprender la noción biocultural, diversa, cambiante, la necesidad de llevar a reparaciones históricas, de evitar exclusiones poblacionales o étnicas, que sin duda han ocurrido y se mantienen.

El país se mueve en la línea del horizonte y la legislación que nunca va a la par tiene que hacerlo. Es posible creer, nunca es suficiente, nunca la panacea, pero a veces una ley tiene alma.

(*) Gestor de políticas y proyectos culturales en América Latina. Escritor, columnista de medios nacionales. Participa en la estructuración y estrategia del proyecto de ley en trámite.