El gran incendio que intenta apagar Petro

El día del triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de junio de 2022, Gustavo Petro, el presidente electo, en un emotivo discurso, dijo que la paz sería el eje de su gobierno, y aseguró que la paz estaría al centro de todas sus preocupaciones. A renglón seguido habló del acuerdo nacional como parte de la reconciliación del país, y con esas palabras retomaba el camino de Juan Manuel Santos, quien, a lo largo de sus dos mandatos, entre 2010 y 2018, se la había jugado por esta bandera.

¿En qué está la violencia y cuáles son los avances de la paz a mitad del gobierno de Petro? La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha hecho un juicioso balance de la situación con un compendio exhaustivo de datos y esa es la materia de este libro en todas sus páginas. Pero para que los lectores tengan una perspectiva de más largo plazo, para que puedan ver de dónde venimos, para que puedan comparar la situación de hoy con la de ayer, les vamos a recordar, en los primeros dos capítulos, lo que ocurría al finalizar el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, tanto en el conflicto como en las negociaciones de paz. 

En el último quinquenio del siglo XX y en el primero del siglo XXI había un gran incendio en el país. La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz han reconocido 8.775.884 víctimas a lo largo del conflicto armado. Pues bien, cerca del 60 por ciento de estas víctimas se produjeron en el periodo que va de 1995 a 2005.

Los indicadores de violencia eran dramáticos. La tasa de homicidios estuvo siempre por encima de los 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el año 2002 alcanzó la cifra de 66 homicidios por 100.000 habitantes; en ese tiempo hubo años de 3.000 secuestros y 600.000 desplazados por la violencia; se desató una ofensiva sobre el poder local y más de 400 alcaldes fueron obligados a despachar fuera de su municipio para proteger su vida; el despojo de tierras llegó a la asombrosa cifra de 10 millones de hectáreas según la Contraloría General de la Nación; los economías subterráneas, en especial la explotación ilegal del oro, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína, empezaron a crecer en forma exponencial; los grupos armados ilegales se expandieron por todo el país, basta con decir que las Autodefensas Unidas de Colombia, que habían agrupado a todas las fuerzas paramilitares, al momento de su desmovilización, en 2005, presentaron 34.000 efectivos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Farc Ep tenían en sus filas, en 2002, al momento de romper las negociaciones con el presidente Andrés Pastrana, alrededor de 20.000 guerrilleros. Eran ejércitos iguales o más grandes que los de países centroamericanos.

A estos dos grandes grupos se agregaban el ELN y otras fuerzas menores. Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, había instalado en la Cordillera Oriental, en las cercanías a Bogotá, una fuerza regular de más de 1.000 hombres y tenía en la propia Bogotá al Frente Antonio Nariño, con estas fuerzas emprendieron ataques temerarios al poder del Estado, entre ellos la acción sobre el Palacio de Nariño el 7 de agosto de 2002 en la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez y, en los meses siguientes, el atentado al club El Nogal, en donde se reunían habitualmente altos funcionarios del gobierno.

Era el punto culmen de una acumulación militar y política de fuerzas en la que habían atacado grandes instalaciones militares, efectuado emboscadas y ocupado pueblos y ciudades con el propósito explícito de la toma del poder por la vía de las armas; en ese largo proceso perdieron la vida miles de soldados y policías, también, claro está, miles de guerrilleros y milicianos. 

Las diferencias con la situación de hoy son notables. En 2023 el país presentó una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2024 se proyecta una leve disminución; el desplazamiento forzado registró la cifra de 57.500 personas; los secuestros que, a la firma del acuerdo de paz con las Farc, se habían reducido a cien por año, lamentablemente volvieron a aumentar hasta 338 en 2023; la situación es grave aún, pero muy distante de las cifras del gran incendio.

Por otro lado, el Clan del Golfo, el ELN y otros siete grupos ilegales que han entablado negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro suman aproximadamente 18.000 efectivos, un número que representa alrededor del 30 por ciento de las fuerzas ilegales que existían a finales del siglo pasado y principios de este. La violencia organizada de hoy se dedica principalmente al control de territorios y su población, lo que conlleva también el control de la economía, tanto la legal como la ilegal. Esto se traduce en la extracción de rentas de mercados ilegales y el control de zonas de minería, tráfico de personas, narcotráfico y contrabando. Además, son responsables de una gran parte de los secuestros extorsivos, el control poblacional y los ataques a comunidades y líderes sociales.

A excepción del ELN, que aún adelanta algunas acciones ofensivas contra la fuerza pública –en cualquier caso mucho menores a las de los años noventa– los grupos armados solo se enfrentan a la fuerza pública cuando esta los persigue y ataca: su objetivo no es la toma del poder político. El ELN habla abiertamente de que su objetivo es la resistencia social y política al lado de las comunidades que reciben su influencia, y el propósito de las demás fuerzas es la acumulación de riquezas y el control social de los territorios. El conflicto armado y las violencias dieron un giro radical. 

No obstante, hay indicadores de violencia notorios que a lo largo de los últimos años han ido creciendo sin pausa. Las economías ilegales es uno de ellos. La coca sembrada alcanzó las 250.000 hectáreas y la producción de cocaína llegó a 1.400 toneladas. La explotación ilegal del oro se calcula en un 70 por ciento del metal que produce el país. También están al alza otras economías ilegales: la trata de personas, el contrabando, la extorsión y el llamado gota a gota o préstamos usurarios. Incluso, muchos de los grupos armados han asegurado que parte de sus finanzas es el cobro de “impuestos” a la contratación pública y a la política. A veces en forma de dinero, en los casos más sofisticados de contratos.  

El asesinato de firmantes de la paz y de líderes sociales es otro indicador en aumento. Después del acuerdo de paz han sido asesinatos 420 reincorporados a la vida civil y en 2024 murieron a manos de sicarios 188 líderes sociales. La disminución en los últimos dos años ha sido realmente insignificante como para cantar victoria. 

¿Cómo se conjuró el gran incendio? Se llegó a esta situación por dos caminos. El primer camino fue el de la 'seguridad democrática' del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien emprendió una guerra frontal contra las guerrillas y le tendió la mano de la negociación a las Autodefensas Unidas de Colombia. En la ofensiva contra las guerrillas desbarató la estrategia de las Farc de entrar a Bogotá y amenazar el poder central y a la vez contuvo la expansión del ELN en los territorios de frontera. Las guerrillas perdieron entonces la ilusión de la victoria. Así fue como las Farc se inclinaron por la negociación y la paz y el ELN adoptó como consigna 'La resistencia'. Por otro lado, las Autodefensas Unidas de Colombia, ilusionadas con la idea de llegar de la mano de quien, en algún momento, había prohijado su existencia, se la jugaron a la desmovilización y el desarme para entrar en la legalidad del país. 

El costo en derechos humanos de la ofensiva contra las guerrillas fue muy alto. La presidencia de la república y la cúpula militar y policial echaron mano de recursos legales e ilegales para acometer esta tarea. Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, fue una de las mayores afrentas a la legalidad, y las cifras oficiales han redondeado el horror en 6.402 víctimas y los militares que están concurriendo a la Justicia Especial para la Paz cada día aportan más verdad a esta tragedia. No fue la única transgresión a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las masacres se cuentan por miles y los desplazamientos y exilios llegaron al punto más alto. 

La negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, que habían agrupado a todas las fuerzas paramilitares del país, empezó como una transacción política de alto nivel. El presidente Uribe, su Alto Comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo, y las mayorías del Congreso de la República les concedieron estatus político a estas fuerzas y les ofrecieron un camino de reintegración a la vida civil en condición de sediciosos que habían enfrentado como decisión política la amenaza guerrillera. Pero la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional no consintieron el estatus político y tumbaron, mediante sentencias, las disposiciones que los protegían de la extradición y que los exoneraban de pagar condenas en prisión. La negociación adquirió entonces el carácter puro y llano de un sometimiento a la justicia con incentivos penales por el abandono de todas las actividades ilegales y por la confesión y el arrepentimiento. En ese marco se produjo la extradición de la cúpula paramilitar presa en la cárcel de alta seguridad de Itaguí, acusada de seguir delinquiendo, y se ajustó todo el marco legal punitivo en la ley de justicia y paz.

Ya nadie discute el éxito militar de Uribe contra las guerrillas y tampoco las bondades de la desmovilización del gran aparato paramilitar. Lo que ahora se discute, no sin ardentía, es la cadena de violaciones a las normas humanitarias y los millones de víctimas inocentes que quedaron en ese camino. 

La negociación de paz de Juan Manuel Santos fue el segundo camino para conjurar el gran incendio y llegar a un giro radical del conflicto y de la violencia. Empezó por una generosa ley para las víctimas del conflicto y terminó con un gran acuerdo de paz que llevó a la desmovilización y al desarme a la guerrilla más vieja, más grande y más poderosa de la  historia de Colombia, un acuerdo que incluía la reforma agraria, la reforma política, una variación sustancial a la estrategia contra el narcotráfico, un proceso ambicioso de reinserción social y política de los combatientes y la construcción de un novedoso sistema de verdad, justicia y reparación que incluyó tres instituciones: un tribunal de Justicia Especial para la Paz, una Comisión de la Verdad y una Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
El acuerdo de paz dividió al país en dos facciones y tuvo episodios realmente dramáticos. El más notorio de todos fue el triunfo de los opositores al acuerdo en el plebiscito que buscaba legitimar lo pactado en la mesa que había funcionado en La Habana a lo largo de seis años. El triunfo del NO obligó a Santos, con la venia de las Farc, a renegociar algunos puntos del acuerdo con el uribismo y a recurrir luego al congreso para darle legitimidad y legalidad a lo acordado. 

El cumplimiento de lo acordado está en marcha con enormes dificultades y el debate sobre la legitimidad y la conveniencia de lo acordado aún están vivos. Los incumplimientos y las polémicas han impedido ver el gran aporte a la reducción de las violencias que significó la apuesta de Juan Manuel Santos por la reconciliación y la contribución de la cúpula de las Farc-EP al cambio del país.

Los leños prendidos 

En 2018, cuando terminó el segundo mandato de Juan Manuel Santos, era evidente, para quienes estudiamos el conflicto, que la situación había cambiado. El incendio se había reducido a unos leños prendidos, a unos remanentes del conflicto social y armado y al protagonismo del crimen organizado en grave disputa por las rentas legales e ilegales. Esos leños aún arden. Podemos clasificarlos así: 1. Los grupos armados ilegales, el ELN, el Clan del Golfo y siete organizaciones que se han sentado a negociar con el Gobierno, más otros grupos menores que aún no concurren a la negociación. 2. Unas economías ilegales en auge, especialmente la explotación ilegal del oro y el narcotráfico. 3. Unos territorios incendiados donde confluyen los grupos armados y la diversidad de economías ilegales: el cordón que va desde el Chocó, pasa por Urabá y Córdoba y llega al Bajo Cauca Antioqueño; la frontera con Venezuela, con puntos clave como Arauca, el Catatumbo y el llamado 'arco minero'; el departamento del Cauca; Buenaventura y puntos claves del pacífico nariñense; el Magdalena Medio y el encuentro con los 'sures' de los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena.  

No hay ya una disputa por el poder central del país, y la gran amenaza que persistió por décadas y que comprometía seriamente la seguridad nacional, ha desaparecido. Pero la situación no deja de ser grave; la existencia de más de diez grupos armados ilegales con presencia en regiones claves del país y en ciudades importantes; las economías ilegales que pueden controlar hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según algunos analistas; y la diaria ocurrencia de acciones violentas a lo largo del territorio nacional no solo afectan la vida de las comunidades que sufren la agresión a sus líderes y a la población inerme, el confinamiento, el desplazamiento y las desapariciones y secuestros, sino que castigan duramente la institucionalidad democrática. Es en ese contexto que se producen las perversas alianzas entre las fuerzas ilegales, los grupos políticos y sectores de la fuerza pública. Es así como se interfiere el libre ejercicio electoral por la grave influencia de los dineros ilegales en las campañas políticas. Es así como crece la corrupción pública. 

En veinte años, entre 1998 y 2018, se hicieron grandes experimentos de guerra y grandes ensayos de paz. Se avanzó bastante en conjurar el gran incendio. Eso, creo, nadie lo puede discutir hoy en día. Pero aún con estos grandes esfuerzos no se pudo apagar de un todo y por todo el incendio. Quedaron unos leños ardiendo. Desafortunadamente, estos leños prendidos tomaron alguna fuerza en el gobierno de Iván Duque y no han perdido fuerza en los dos años del gobierno del presidente Petro. Esa es la dura y pura realidad. 

Ni guerra ni paz en el gobierno de Iván Duque

Iván Duque, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ganó la presidencia de Colombia en 2018 con la crítica a la paz de Santos y con la bandera de volver a la seguridad democrática. Y fue consecuente con esa posición: dejó en pausa las negociaciones con el ELN hasta que esta fuerza, en un acto demencial, atacó a un destacamento de policías en formación en la Escuela General Santander, en pleno corazón de Bogotá, e hizo trizas cualquier posibilidad de negociación; desechó los acercamientos que el gobierno de Santos venía realizando con el Clan del Golfo; se apartó de modo dramático de los países y organismos de la comunidad internacional que venían prestando los buenos oficios para la reconciliación; puso un freno al cumplimiento de los acuerdos con las Farc, especialmente a las grandes reformas convenidas; y auspició una temeraria acción de 'entrampamiento' judicial que contribuyó a la deserción de Iván Márquez del proceso de paz y a la formación de una disidencia bajo el nombre de Nueva Marquetalia. Los altos funcionarios del Gobierno y el propio presidente Duque defendían la legitimidad de estas posiciones amparándose en los resultados del plebiscito y en una vehemente crítica de las concesiones que se le hicieron a las Farc. 

Por otro lado, Iván Duque intentó cumplir con la propuesta poner a andar una segunda versión de la política de seguridad democrática, pero no advirtió que el conflicto había cambiado sustancialmente; tampoco la nueva cúpula militar y policial se percató de las transformaciones de la violencia; no vieron, o no quisieron ver, que era obligatorio un cambio en la disposición de la fuerza, en las estrategias, en la inteligencia y en las modalidades de combate para atender el posconflicto. Esta palabra no cuadraba en su vocabulario, porque para ellos el conflicto armado de carácter político seguía, las Farc seguían y el ELN mantenía su estrategia de poder. Las ideas de cambio en las Fuerzas Militares que había promovido el general Alberto José el Mono Mejía se desecharon o fueron modificadas.  

No se dieron cuenta de que ya no existían las grandes concentraciones de fuerzas de las guerrillas, que los grupos ilegales se habían dispersado en pequeñas células, la mayoría de las veces sin uniformes distintivos. No se percataron de que las fuerzas remanentes del conflicto armado tienen por misión principal los mercados ilegales y las alianzas con toda suerte de actores legales. No estudiaron el nuevo repertorio de violencias para ver que la mayoría de las acciones eran combates entre las fuerzas ilegales en la disputa por territorios o agresiones a la población civil. No le pusieron el ojo a la disminución de las acciones sobre la Fuerza Pública y a la manera como las fuerzas ilegales estaban utilizando las comunidades como escudo. En estas condiciones, los bombardeos y las grandes movilizaciones de tropa no tenían el valor de antes y, por el contrario, podrían derivar en graves afectaciones a las comunidades. 

La actitud en contra de la paz de Santos y la venda en los ojos ante la nueva realidad de las violencias, le impidieron a Duque eficacia en el combate a los grupos ilegales y avances en la reconciliación del país. El ELN duplicó sus fuerzas en la administración Duque y fortaleció sus finanzas; las disidencias de las Farc pasaron de ser 26 pequeños grupos dispersos a formar una federación con el nombre de Estado Mayor Central, con operaciones importantes en el sur del país y en la frontera con Venezuela; con menos alcance y fuerza empezaron a operar también los grupos al mando de Iván Márquez; El Clan del Golfo, a pesar de la caída de algunos de sus fundadores y mandos, amplió su influencia en todo el país y fortaleció su portafolio de negocios ilegales, convirtiéndose en el grupo ilegal con mayor poder y número de efectivos; la violencia urbana se incrementó en Buenaventura y otras ciudades del Valle, lo mismo que en Medellín y Barranquilla. 

La grave disputa que el gobierno de Iván Duque emprendió con el gobierno de Nicolás Maduro también contribuyó a empeorar la situación de violencia y presencia de fuerzas ilegales en la frontera. Duque pasó de una crítica justa y legitima al gobierno de Venezuela por sus golpes a la democracia y sus violaciones a los derechos humanos, a realizar temerarias acciones de injerencia en los asuntos del vecino país. Maduro respondió haciéndose el de la vista gorda ante las operaciones del ELN en los territorios fronterizos y ayudó incluso a limpiar algunos sitios de la frontera de herederos de los paramilitares para dar mayor libertad a la presencia de la guerrilla en estas zonas. Las confrontaciones entre Duque y Maduro tienen mucho que ver en el crecimiento del ELN y las disidencias de las Farc en los últimos años. 

La manera como enfrentó el 'Estallido Social' que arrancó el 18 de abril de 2021 fue otro grave error de Duque en el tratamiento de los conflictos del país. Ante una protesta que sacó a la calle más de siete millones de personas en 600 municipios de Colombia, respondió con la militarización nacional y atacó por igual a los vándalos -que los hubo- y a la protesta pacífica masiva con un saldo de 89 muertos y más de mil heridos, la mayoría jóvenes que habían probado la desesperanza y la amargura en medio de la grave pandemia que azotó al país. Esos jóvenes encontraron luego un desahogo en las elecciones de 2022 y le votaron a Gustavo Petro. 

Los cuatro pilares de la paz total 

Para entender el significado de la propuesta de paz total he estado muy cerca de algunos ciclos de negociación con el ELN y he conversado con los líderes del Gobierno en el proceso y con expertos del país. A finales de octubre de 2022 fui a La Habana para conversar con Pablo Beltrán y con la delegación del ELN en la mesa de negociaciones de paz. Luego, en noviembre de ese año, cuando se iniciaron las conversaciones en Caracas entre el Gobierno nacional y el ELN, me fui allí con un equipo de la Fundación Pares para conocer de primera mano las propuestas y el ambiente en que empezaba esta crucial negociación.

Posteriormente, en febrero de 2023, fui a Ciudad de México y a Cuernavaca para asistir a un gran evento de mediadores en conflictos y facilitadores de paz de América Latina y Europa, convocado por los gobiernos de Noruega y de México y por un centro de mediación suizo. Querían examinar en detalle la situación colombiana y la venezolana, mirar con detenimiento las negociaciones de paz que estaba iniciando el gobierno colombiano y los acercamientos que en ese momento se estaban dando entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del vecino país. A ese evento fuimos invitados varios colombianos, entre ellos el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y María Camila Moreno, quien ahora participa del equipo negociador del Gobierno nacional con las disidencias de la Segunda Marquetalia. Escuché con mucha atención sus exposiciones sobre el proyecto de paz de Gustavo Petro y luego tuvo una larga conversación con ellos. Era la antesala de otro ciclo de conversaciones con el ELN, esa vez con México como sede. 

En las notas tomadas en La Habana, en los eventos y en las conversaciones con negociadores y expertos, me quedó una versión bastante completa de los propósitos y estrategias que están en juego en la variedad de conversaciones que se han entablado hasta el momento en el país.

Los fundamentos de la propuesta de paz enunciados en todos estos eventos y conversaciones son: negociar con todas las fuerzas ilegales cualquiera sea su signo delincuencial; ligar la paz a grandes reformas sociales y políticas; buscar un acuerdo nacional para rodear la paz de un consenso de la sociedad colombiana; y darle un asiento territorial y regional a la reconciliación. 

No hay duda de que con el nombre de 'paz total' Petro quiso marcar diferencias con la paz parcial de Uribe con los paramilitares y la paz parcial de Santos con las Farc. Quiso señalar la ambición de apagar por completo el gran incendio. Negociar con todas las fuerzas al mismo tiempo, ofreciéndoles a cada una salida según su naturaleza y aspiraciones. Para las fuerzas de origen guerrillero, una negociación política. Para las fuerzas de origen paramilitar o mafioso, un pacto con incentivos judiciales para sus jefes y sus operadores armados y propósitos sociales para sus activos en los mercados y en la población en los territorios. La idea de negociar con todos no es nueva, como se explicará en el segundo capítulo del libro, y no es nada fácil, pero tiene mucho sentido dada la grave interacción que tienen estas fuerzas en este momento en el territorio. No se trata de una diversidad de organizaciones apuntándole al Estado: se trata de una guerra de todos contra todos, como lo mostraremos en este libro, y sobre todo de todos contra la población civil y en una codiciosa disputa por el control de  territorio y por la explotación de una diversidad de rentas ilegales. 

Por otro lado, las negociaciones de paz llevadas a cabo por Juan Manuel Santos con las Farc y las conversaciones realizadas con el ELN pusieron sobre el tapete la obligación de ligar la paz a unas grandes reformas políticas y sociales y de buscar un consenso en la sociedad para culminar con éxito tanto la firma de los acuerdos como su implementación. Durante seis años consecutivos, los negociadores del Gobierno y de las Farc, la comunidad internacional y una muy diversa comunidad de grupos políticos, empresarios, lideres religiosos, intelectuales, víctimas del conflicto y representantes de la sociedad civil, se dieron cita en La Habana para hablar de las causas del conflicto y establecer unos cambios necesarios para poner a andar la reconciliación del país y consolidar la paz en los territorios. Los seis puntos consignados en el acuerdo final son el reflejo del anhelo de reformas no solo de las guerrillas, sino también de importantes sectores de la sociedad colombiana. 

En La Habana se reconoció que el conflicto social y armado que por sesenta años ha golpeado a Colombia, tenía como principales causas la exclusión de las izquierdas de las instituciones centrales del país y la ausencia de una alternación política esencial en la vida democrática; la concentración de la tierra en unas pocas manos y la enorme pobreza de millones de los campesinos sin tierra y sin oportunidades; la gran brecha entre las regiones más prosperas y la Colombia profunda segregada y olvidada; y la enorme disputa violenta por las rentas ilegales en especial el narcotráfico y la explotación ilegal del oro. El tratado de paz acordado apunta, en sus seis apartados, a cambiar esta situación: con una reforma agraria, una transformación política, una atención prioritaria a las víctimas y las regiones afectadas por el conflicto, una nueva estrategia para superar el narcotráfico y la proliferación de rentas ilegales, un sistema de justicia transicional y un detallado proyecto de reintegración de los combatientes. Es, en realidad, un ambicioso programa de transformaciones para el país.

Las elecciones de 2022 ratificaron este anhelo de cambio de una parte importante de la sociedad. No era nada fácil votar por Gustavo Petro, un líder salido de las filas guerrilleras con un discurso abiertamente reformista y desafiante. Su triunfo recoge el espíritu de las negociaciones de La Habana, el grito desesperado de los jóvenes en el 'estallido social' y la imperiosa necesidad de la alternación política en una sociedad que ha sido gobernada por unas élites tradicionales acostumbradas a reformar el país a cuentagotas. 

Pero la derrota del SI en el plebiscito, el triunfo de Duque con un discurso anti-paz en 2018 y la enorme votación que obtuvo Rodolfo Hernández, un candidato impresentable, en la segunda vuelta de 2022, muestran también que la sociedad está profundamente dividida en los temas de seguridad, paz y reformas sociales. También es una muestra de esta división la gran votación por los clanes políticos tradiciones en las elecciones parlamentarias y en los comicios regionales de 2023. 

El 2 de octubre de 2016, los partidarios de la paz y las reformas convenidas en La Habana acudimos a las urnas con la ilusión de que la sociedad colombiana refrendaría mayoritariamente la reconciliación y el cambio. No fue así. Después de las modificaciones al acuerdo pactadas con el uribismo, empezó el trámite de estas reformas en el Congreso, donde Santos había tenido mayorías en sus dos periodos presidenciales. Pero esas mayorías no funcionaron a cabalidad para las ambiciosas reformas sociales y políticas convenidas. Después vendría Duque y le pondría el freno al acuerdo de paz y al proceso de reconciliación. Esas son las realidades de la política colombiana.

Gustavo Petro llegó también con la ilusión de que el respaldo en las urnas lo habilitaba para ligar la paz con unas reformas sociales y políticas profundas en el país y en las regiones y con la búsqueda de un gran acuerdo nacional. 

Con esa ilusión ha librado innumerables batallas en estos dos años y algo ha conseguido. Consiguió la aprobación de la ley 2272 de 2022 o ley de seguridad humana y paz total. Consiguió también la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo con un gran énfasis en los cambios regionales. Ha iniciado un ambicioso proceso de compra y entrega de tierras a los campesinos. Ha sentado a nueve grupos ilegales en mesas de negociación y ha logrado acuerdos parciales de ceses al fuego y a las hostilidades. Ha conseguido un gran respaldo de la comunidad internacional para adelantar estas negociaciones. Ha proseguido la reparación de las víctimas del conflicto. Le ha dado un nuevo impulso al cumplimiento de los acuerdos con las Farc. Y ha respetado y prohijado los resultados de la Comisión de la Verdad, de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

En el primer año de gobierno logró formar una coalición mayoritaria en el Congreso y un gabinete ministerial diverso y con experimentados funcionarios públicos; también estableció conversaciones con el expresidente Uribe, con otros dirigentes de los partidos tradicionales del país y con grupos empresariales, con el objetivo de poner a andar el acuerdo nacional. Pero las alianzas en el Congreso se rompieron al terminar ese primer año, los ministros representativos de corrientes distintas al Pacto Histórico salieron del gabinete y el gran acuerdo nacional no despegó. Mayo del año 2003 fue el mes de la inflexión. 

La polarización se exacerbó. El presidente Petro, tanto en discursos públicos como en su cuenta de X, empezó a señalar que las viejas élites políticas una vez más no querían acceder a las reformas sociales y se estaban burlando de la voluntad popular expresada en las urnas, en las elecciones de 2022. Apoyado en esa conclusión comenzó a llamar a la movilización popular. La oposición respondió con la misma moneda: movilizaciones en las principales ciudades del país y una agitación especial en los medios de comunicación dándole cuerda a la crítica a las reformas y un gran despliegue a escándalos de corrupción en algunas dependencias del Gobierno nacional. 

Así las cosas, el paquete de reformas sociales se ha estancado en el Congreso y tiene pocas probabilidades de ir hacia adelante en las dos legislaturas que faltan. El respaldo a las conversaciones de paz ha menguado y la oposición mantiene una férrea crítica a la manera como se está buscando la paz, reparos que se acentúan con cada dificultad que surge en las mesas de negociación. 

Las estrategias de 'paz total' no consiguen hasta el momento disminuir las violencias que dejó el gobierno de Iván Duque, y los leños arden con la misma intensidad, pero tampoco hay un deterioro notable de la situación: los datos recopilados por la Fundación Pares le mostraron en detalle la realidad de las violencias a mitad del gobierno Petro.

La negociación más avanzada, sin duda, es la que se adelanta con el ELN. El presidente Gustavo Petro sabe que un acuerdo de cese definitivo del fuego y las hostilidades con este grupo es el cierre del conflicto de carácter político y social que se inició en los años sesenta del siglo pasado. Por eso, a ocho días de su posesión, envío a La Habana una delegación de altos funcionarios de gobierno a restablecer las conversaciones con esa guerrilla. Por eso les ha dado prioridad a estas conversaciones y ha perseverado en ellas a pesar de las dificultades que cada cierto tiempo se presentan.

No es, en todo caso, una negociación fácil. El ELN no ha tomado aún la decisión de silenciar las armas y pasar a la vida política democrática, según lo percibí en la larga conversación que sostuve con Pablo Beltrán en el Hotel Nacional, de La Habana, en octubre de 2022. Tuve la ilusión de que tomarían esa decisión en el Sexto Congreso que se realizó en junio de 2023, pero las conclusiones del evento no dejan ver esa determinación. Es una decisión que tiene todo el sentido en este momento. La oportunidad de llegar de la mano de un gobierno de izquierdas a la paz es un regalo de la historia para esta guerrilla. Los discursos del ELN y de Gustavo Petro coinciden en sus fundamentos: la necesidad de reformas profundas a la sociedad con una gran participación del pueblo. Y la verdad pura y dura es que la firma de un acuerdo de paz con una de las guerrillas históricas de Colombia y de América Latina le daría un nuevo aire al proyecto reformista de Petro. 

Pero el camino que han escogido para silenciar las armas y pasar a la vida civil es largo y complicado. Se trata de discutir y formular un paquete de transformaciones y reformas en un dialogo con múltiples actores de la sociedad, algunas de ellas de aplicación inmediata en las regiones donde hace presencia el ELN. Al lado de ese proceso se van poniendo en práctica ceses temporales al fuego y a las hostilidades. El cese de actividades armadas supone la manutención de los combatientes con fondos de la comunidad internacional. Las aspiraciones del ELN tienen, además, una particularidad: no van detrás de la constitución de un partido nacional y de negociar la llegada al Congreso de la República –me lo dijo Pablo Beltrán–, sino que su propósito es mantenerse en las regiones promoviendo la organización social y política de las comunidades y buscando la gobernabilidad en estas zonas. Es una paz gradual y regional que puede durar años, con un entorno de riesgos y acechanzas por la presencia de las disidencias de las Farc y de los herederos de los paramilitares. En todo caso, es admirable la paciencia con que trabajan los negociadores de lado y lado construyendo paso a paso este modelo suigéneris de negociación. 

Más crudo está el proceso con los demás grupos. Fiel a su promesa de darle reconocimiento político, el Gobierno inició negociaciones con un grupo nuevo: el Estado Mayor Central de las Farc - EP, que era en realidad una coalición de fuerzas disidentes nacidas de la negativa a firmar el acuerdo de paz de 2016, y que, atraídas por la promesa de una negociación con el Gobierno nacional, aceleran un atropellado proceso de unificación. Copiando la estructura de guerrilla de la cual provenían, se nombran a sí mismos Farc, nombre que fue rechazado por los líderes de la otrora guerrilla y por la opinión pública. Así, de ser un grupo de disidencias, la opinión pública empezó a llamarlos simplemente EMC. 

El 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro decretó un cese al fuego, incluso antes de la instalación formal de una mesa donde se incluía al Estado Mayor Central y también al Clan del Golfo. Este cese al fuego duró cinco meses, en los cuáles este grupo armado se consolidó en una carrera contra el tiempo para cumplir como estructura nacional lo que la ley de paz total establecía: una estructura unificada y un fuerte control territorial, entre otras características de los grupos de origen político. La expansión del EMC ya se había caracterizado en los años de Iván Duque por una fuerte presión a las comunidades organizadas y especialmente a las organizaciones indígenas, la población reincorporada y las juntas de acción comunal. También se sintió la presión sobre los liderazgos campesinos, los cultivadores de coca y los proyectos productivos de sustitución. 

Si bien se puede decir que esos cinco meses de cese al fuego contribuyeron al propósito de fortalecimiento del grupo, la verdad es que desde la separación de Gentil Duarte de las Farc-EP en 2016 los grupos disidentes no han parado de crecer, como se demostrará más adelante en este libro. Así, hasta el 16 de octubre de 2023 se instaló formalmente una mesa de negociación, incluyendo desde sus inicios un cese al fuego con el EMC. Al igual que con el ELN, el proceso con este grupo inició con la premisa de que lo que se va negociando, se va cumpliendo. Así, la mesa con estas disidencias arrancó con un cese al fuego como centro de la negociación y con una gran expectativa en que dicho acuerdo disminuiría la violencia en las regiones de presencia de este grupo, lo que sucedió en Norte de Santander, los Llanos orientales y parcialmente en Arauca durante parte de 2023, pero no en el departamento del Cauca, que se convierte en la región de mayor disputa entre el control del hoy Bloque Occidental del EMC. 

La constante muerte de líderes y lideresas indígenas fue lo que llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el cese al fuego en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En un discurso el 16 de marzo de 2024, Petro no solamente ordenó la reanudación de las acciones ofensivas, sino que tildó a Iván Mordisco de “traqueto vestido de revolucionario”.   

Inicialmente, la suspensión del cese incluía al hoy Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA), compuesto por tres frentes, dos compañías y tres columnas móviles, manteniendo como ofrecimiento de paz el cese de acciones ofensivas en Vaupés, Vichada y Guaviare, donde actuaban frentes al mando de Iván Mordisco hasta el 16 de abril, cuando se suspende definitivamente la negociación, y el hasta entonces EMC se divide en dos grupos: al mando de alias Calarcá, los bloques que continúan negociando (Bloque Magdalena Medio, Bloque Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes), mientras el  BOJA y el Comando Conjunto Central suspenden negociaciones y acercamientos, e inician una campaña de hostigamiento a la Fuerza Pública.  

Con la disidencia de Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, hay más de una dificultad. Es el grupo de presencia menos extendida en el país, pero sin embargo tiene suficiente peso y control territorial para ser considerado sujeto de la paz total. No obstante, el hecho de que sus fundadores, Jesús Santrich, Iván Márquez y otros fueran desertores del acuerdo firmado en 2016 trae problemas jurídicos difíciles de resolver. No obstante, el 24 de junio se instaló la mesa y apenas un par de meses después pareciera que entró en crisis dado que este grupo exigió al Gobierno nacional la suspensión de la orden de captura de Iván Márquez como condición de continuidad de los diálogos. 

Finalmente, con el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia, el panorama no es menos incierto. Como lo mencionaremos más adelante, este es el grupo más grande, con mayor poder y control territorial y el más exitoso en términos del control de territorio, población y acceso a rentas ilícitas. Sin embargo, mientras el Gobierno ha señalado que el diálogo socio-jurídico instalado en agosto de 2024 no será una negociación política, no pareciera que el Clan del Golfo esté dispuesto a aceptar un sometimiento, máxime cuando no se ha podido tramitar una ley de estas características en el Congreso de la República. 

Sin ese marco legal es difícil establecer un horizonte de acuerdo con estos grupos y en el Congreso de la República no hay el mejor ambiente para darle curso a una ley en función de la desmovilización y el desarme de estas estructuras. Además del marco legal, es preciso poner en marcha ambiciosos programas económicos y sociales para las bases de estas organizaciones, atadas como están, a los mercados ilegales y la situación fiscal no da para mucho en este terreno. Pero es necesario reconocer las bondades que tendría reducir estas violencias. Buenaventura es un buen ejemplo del impacto que tendrían los acuerdos con estas organizaciones. Los homicidios han disminuido considerablemente en la ciudad debido a los acercamientos con los Shotas y los Espartanos, las dos organizaciones que se disputan el control del puerto. 

La paz total, parte de la transición política del país

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia abrió un periodo de transición política en el país. No será, como se ha visto en estos dos años, una transición tranquila y rápida. En principio ha exacerbado aún más la polarización del país. Pero lo más probable es que las aguas se empiecen a tranquilizar a medida en que las tareas de la transición avancen. Los retos son muchos y variados. El primero de todos, consolidar la alternación política; es decir, garantizar que desde ningún lado se intente romper el hilo constitucional y se respete plenamente el periodo de cada gobernante, y al mismo tiempo hacer las reformas necesarias para limpiar la competencia política de la nociva influencia de los dineros ilegales y de la corrupción.

El segundo, buscar un acuerdo nacional para acometer las reformas sociales y tramitar los acuerdos de paz con la guerrilla y de sometimiento a la justicia con los herederos de los paramilitares. Un punto clave del acuerdo nacional es encontrar los mecanismos y las políticas para quitarnos de encima el pesado fardo de las economías ilegales, caminos de legalización, caminos de formalización, ruptura de los nexos de los partidos, los empresarios y la fuerza pública con estas economías, acuerdos transnacionales para poner freno a las mafias, alternativas económicas y sociales para los cientos de miles de jóvenes ligados a estos mercados.  

Ahora bien, la transición política del país y el acuerdo nacional madurará con los meses y los años. El Frente Nacional, que es el antecedente de la transición política que estamos iniciando, solo fue posible cuando las partes involucradas en el gran conflicto de mitades del siglo pasado sintieron la necesidad y la urgencia de un pacto para sacar a Gustavo Rojas Pinilla de la Presidencia y para dar por terminada la violencia entre liberales y conservadores que había arrancado diez años antes con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Alberto Lleras Camargo se fue hasta Stiges, el pueblo del Mediterráneo cercano a Barcelona, donde Laureano Gómez pasaba sus días en el exilio, para proponerle un acuerdo que restaurara la democracia y permitiera salir de la atroz violencia. El trámite del acuerdo fue rápido por la urgencia de sacar a Rojas Pinilla antes de que afianzara su dictadura. 

El acuerdo nacional que se busca ahora es bien distinto del Frente Nacional. No se trata de un pacto para repartirse el poder, no se trata de un acuerdo entre dos facciones políticas en conflicto: se trata de un dialogo y un concertación entre muy diversas fuerzas económicas, sociales y políticas de cara al país, para terminar con los remanentes del conflicto armado y reducir todas las violencias, para consolidar la democracia y garantizar la alternación política para impulsar reformas urgentes y necesarias y darle un tratamiento de consenso al narcotráfico y a las economías ilegales. Es un acuerdo distinto en su contenido y en sus formas al Frente Nacional, pero tan importante y determinante como ese pacto que terminó con la violencia entre liberales y conservadores. Se necesita no uno, no dos, no tres, líderes políticos importantes: es preciso que una variedad de líderes políticos, económicos y sociales lleguen a la convicción de que la reconciliación nacional le dará un gran salto al país. 

Colombia no puede dejar que los leños prendidos empiecen a arder con mayor fuerza hasta convertirse en un gran incendio como el que tuvimos al terminar el siglo XX y comenzar el XXI. El país necesita normalizar la democracia y permitir que haya alternación y que el binomio gobierno y oposición funcione adecuadamente. El país necesita insertarse definitivamente en el siglo XXI y modernizar su economía y hacerla más competitiva y dar un salto en los indicadores sociales muchos de los cuales aún están en cifras del siglo XX. 

Tenemos un caudal de enseñanzas de los últimos veinte años en materia de paz. No basta tener buenas ideas, no basta tener un buen modelo de negociación de paz, eso no es suficiente. Se necesita consenso para firmar la paz y para implementar los acuerdos. 

Se necesita también un cambio en la mentalidad de los grupos ilegales, lo cual se consigue con paciencia en la mesa y con mucho dialogo de estas fuerzas con la sociedad civil y la comunidad internacional. Eso fue lo que finalmente llevo a las Farc a la firma del acuerdo de paz.